El día 23 de Mayo, la Comisión Europea presentó el paquete de primavera del semestre europeo de gobernanza económica, que analiza los contenidos de los Planes de Estabilidad y del Programa Nacional de Reformas que los estados miembros han tenido que presentar, como muy tarde, el 30 de abril de cada año. Se trata de un momento de importancia pues en el mismo la Comisión valora la estrategia de crecimiento económico a largo plazo de la Unión, así como los planes que, tanto en términos de reformas económicas, como de estabilidad fiscal, de todos los miembros.

Su importancia no se puede soslayar: es el momento en el que la Comisión evalúa si el país está cumpliendo con los objetivos establecidos en materia de recomendaciones específicas, examinando su cumplimiento y emitiendo nuevas recomendaciones en función de la situación económica global, europea y, lógicamente, particular.

Para este año, la evaluación del paquete de primavera no sólo examina la situación del crecimiento económico y los desequilibrios macroeconómicos de los estados, sino que vincula la estrategia a medio plazo con la situación generada en el marco de la guerra de Ucrania. Así, la Comisión pone especial interés en la puesta en marcha de la estrategia de desconexión de las fuentes de energía rusas, así como en la mitigación de sus efectos económicos a medio plazo.

En el caso de España, la dependencia del gas y el petróleo ruso están muy por debajo de la media de la Unión Europea, pero eso no obsta para que la Comisión evalúe tanto la situación económica como los planes que España presentó en el marco del Programa Nacional de Reformas. De esta manera, la Comisión ha validado el escenario macroeconómico presentado por España, aunque sus expectativas de crecimiento económico, salvadas todas las incertidumbres todavía abiertas por la guerra, son ligeramente menores a las que ha presentado el Gobierno.

También reconoce que la política fiscal prevista para el año 2022 y el año 2023 es prudente, y pide que este marco de política fiscal se mantenga y se garanticen las medidas que lo harán posible, estimando, en cualquier caso, una senda de reducción de déficit ligeramente menor en 2022 y ligeramente mayor en 2023, pero, en cualquier caso, en línea con las previsiones gubernamentales. Cabe en cualquier caso señalarse que la Comisión ha anunciado su disposición a extender el proceso de flexibilidad fiscal que supone la suspensión de las reglas fiscales hasta el año 2024, de manera que España contará con un año más para alcanzar el objetivo de adecuarse, de nuevo, a las reglas fiscales de la Unión.

No conviene olvidar que la Comisión sigue señalando algunas debilidades en la economía española particularmente en lo relativo a las altas deudas privada y pública, y un desempleo todavía relativamente alto. En este contexto, se debe mantener la vigilancia sobre las previsiones de déficit público y deuda, evitando crecimientos del gasto más rápidos que el propio crecimiento real de nuestra economía, si bien las recomendaciones insisten en que la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española debe complementarse con inversiones públicas financiadas con fondos nacionales, de manera que se debe evitar sustituir el esfuerzo inversor público por los fondos europeos: estas inversiones deben ser, en cualquier caso, complementarias, y nunca sustitutivas.

Finalmente, la Comisión ha emitido una nueva serie de recomendaciones, ciertamente reducidas, pues los elementos clave de las recomendaciones de años anteriores ya estaban recogidas en el Plan de Recuperación. Entre estas recomendaciones, destaca la necesidad de mantener un marco fiscal prudente para 2023, tal como se ha presentado, acelerar y asegurar la adecuada ejecución de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, y la incorporación de nuevos aspectos relacionados con la economía circular, incrementando los porcentajes de reciclaje, y, finalmente, invitando a seguir reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles en el marco de la estrategia europea.

En definitiva, la Comisión no ha encontrado graves riesgos en la situación de la economía española, pero invita a seguir estando vigilantes ante el proceso de consolidación fiscal, la alta deuda y el todavía alto desempleo. Las circunstancias bélicas en las que se ha revisado esta estrategia conceden a este semestre europeo un carácter de cierta excepcionalidad que ojalá se disipe en los próximos mese. Mientras eso ocurre, España debe seguir avanzando en sus planes de medio plazo, con el objetivo de que, una vez comience el año 2024, hayamos recuperado un marco de estabilidad fiscal y, preferiblemente, con un déficit público compatible con las reglas fiscales europeas. Tener un año más para lograrlo será positivo, pero solo si lo aprovechamos adecuadamente.