El Gobierno perfila los detalles del decreto que prorrogará de forma indefinida la limitación de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional a partir del 9 de agosto. Se trata de una de las claves que desplegó el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria. Sin embargo en el primer trimestre de 2021 el número de desahucios alcanzó los 10.961, es decir, un  13,4% respecto al mismo periodo de 2020, según datos Consejo General del Poder Judicial,

Esta ley sigue debatiéndose entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, habiendo consenso en lo que respecta a los desahucios pero con fuertes diferencias en lo relativo a la regulación del alquiler.

Ley de limitación de los desahucios

Los cambos respecto a la normativa vigente vienen marcados porque el arrandetario podrá solicitar la suspensión extraordinaria ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, esta solicitud irá acompañada de los informes necesarios por parte de los servicios sociales aunque la última decisión será la que tome el juez. Pero, ¿Qué se considera requisito de vulnerabilidad?

En primer lugar, encontrarse en situación de desempleo o en un ERTE. En caso del empresario aplicaría que este hubiera perdido una gran parte de sus ingresos. Además, la renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.700 euros). Tampoco si se sobrepasa el 35% de los ingesos destinados a simunistros básicos. 

En cuanto a los procesos penales, la ley se muestra ciertamente laxa en este sentido ya que la cobertura se aplica a la ocupación de una vivienda si los afectados son menores de edad, dependientes o víctimas de violencia de género. Deberá siempre ser de un gran propietario con más de 10 viviendas. 

Según la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), "tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio" e insisten en que de no ampliarse la moratoria, se producirán más de 79.000 desahucios en toda España, una cifra histórica. No obstante, se sigue postergando la negociación a pesar de que, por su parte el Gobierno tiene la intención de aprobar el límite de gasto no financiero a lo largo del mes de julio. Pero si sigue sin haberacuerdo, la vivienda seguirá siendo un conflcto para los socios de Gobierno.