El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros la prórroga de medidas de protección de los colectivos más vulnerables para paliar el impacto de la pandemia, entre las que se encuentran la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres o la prohibición del corte de suministros básicos a los consumidores más vulnerables. Todo ello hasta el próximo 31 de octubre. 

Estas medidas expiraban el 9 de agosto, por lo que el Gobierno ampliará su vigencia el próximo martes 3 de agosto, el último antes del periodo vacacional, durante casi tres meses más. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya había pedido la prórroga de esta medida hasta el 31 de diciembre al defender que eran necesarias “en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia”.

Ante esto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, liderado ahora por la nueva titular, Raquel Sánchez, ha optado por mantener la prohibición de los desahucios hasta el mes de octubre. Asimismo, se mantiene la opción de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a aquellas familias en situación de vulnerabilidad, siempre que sean propiedad de grandes tenedores, es decir, diez viviendas o más.

El Ejecutivo ampliará también el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos y se prohíbe el corte de suministros básicos -energía eléctrica, gas natural o agua- para las primeras viviendas de personas vulnerables. En esta misma línea, se amplía de forma automática la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura de los más vulnerables.

Estas medidas están vigentes desde el 31 de marzo de 2020, momento en el que el Gobierno aprobó este escudo social, con el fin último de proteger a los más vulnerables del fuerte impacto de la pandemia de coronavirus. Desde ese momento se han ido prorrogando en Consejo de Ministros o, en algunos casos, incluso ampliando las medidas de protección.