La condonación de la deuda de las comunidades autónomas (CCAA) está más cerca de ser una realidad después de que, este martes, el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto bautizado formalmente como ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para comunidades del régimen común. El Congreso de los Diputados deberá dar luz verde a esta norma en los próximos meses, algo que se producirá todos los socios habituales del Gobierno se posicionan a favor, y posteriormente deberán ser los Gobiernos autonómicos los que decidan si quieren que se les perdone parte de su endeudamiento.
El Partido Popular (PP) se ha posicionado en contra de esta medida y se espera que vote en contra en sede parlamentaria; sin embargo, la cuestión clave es conocer cuál será el posicionamiento de las autonomías donde gobierna, que es la amplia mayoría, si finalmente sale adelante, dado que la condonación es voluntaria. Por el momento, la mayoría han optado por hacerse las remolonas y han evitado rechazar directa y claramente una propuesta beneficiosa para sus arcas públicas, pues siete de cada diez euros de deuda perdonados corresponderían a territorios del PP.
Desde Génova han garantizado su negativa y han llamado a filas a sus barones autonómicos, deslizando que estos rechazaran la quita. Algo sorprendente atendiendo a que casi 60.000 millones de euros de los 83.000 millones que serían absorbidos por el Estado corresponden a deudas de regiones gobernadas por el PP. Es más, las tres más beneficiadas en los diferentes parámetros están bajo dominio conservador. La Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla sería la más beneficiada en términos absolutos, con 18.791 millones de euros; mientras que la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón sería la que mayor quita de deuda por habitante ajustado disfrutaría, con 2.284 euros por habitante.
Además, Canarias, donde PP y Colación Canaria (CCa) gobiernan conjuntamente, sería el territorio que vería condonado un mayor porcentaje de su endeudamiento, alcanzado el 50%. Ante esta tesitura, la ministra a cargo de la reforma, María Jesús Montero, se ha preguntado “dónde está el agravio o el perjuicio” al que aluden los conservadores, siempre con el argumentario anticatalán, para rechazar pagar menos intereses de deuda y poder destinar estos recursos a la mejora de los servicios públicos que gestionan por competencia, tales como educación, sanidad, dependencia o políticas de vivienda.
¿Qué harán las CCAA del PP?
“¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte su deuda?”, se ha preguntado la vicepresidenta primera y titular de la cartera de Hacienda. “¿Qué familia española, si se le plantea la condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no a que se alivie su carga?”, ha ejemplificado. Esta es la pregunta que Montero considera que debe hacerse a la dirección del PP y a las comunidades que han dicho que no están de acuerdo con esta ley y han apoyado el voto en contra.
“El PP no sabe cómo explicar la oposición a esta medida. Cómo le explican a los ciudadanos que por una cuestión puramente partidista van a dejar que autonomías que están muy endeudadas no alivien esa carga financiera, ahorrando intereses y recuperando autonomía financiera y política para salir a los mercados”, ha trasladado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, más allá de la explicación que busquen dar, la decisión final, si se aprueba la ley, estará en manos de los presidentes autonómicos.
Si finalmente deciden pedir la condonación, “deberá establecerse un convenio bilateral con cada CCAA, que de forma voluntaria tendrá que aceptar estas ventajas”, ha desgranado Montero. Así, considera que “no hay ningún agravio con ninguna parte del territorio”, pues afectará a la totalidad de las enmarcadas en el régimen común (quedando fuera Navarra y País Vasco) e incluirá a aquellas que han asumido su deuda con entidades financieras y no con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLAP). Es más, las principales beneficiadas serían aquellas dominadas por el PP.
“Menos deuda significa más Estado del Bienestar e implica que las CCAA podrán dedicar mayor parte de los recursos a las políticas que tienen asignadas y que son muy importantes para la igualdad de oportunidades”, ha valorado. Pese a toda la polémica, Montero cree que “las comunidades del PP van a firmar el convenio porque es muy difícil que uno pueda explicar en su territorio, independientemente del postureo argumental, la posibilidad de hurtarse la condonación de miles de millones de deuda”.
