Sumar pone sobre la mesa la expropiación de viviendas vacías y la nacionalización de las amenazadas de desahucio

La crisis de la vivienda vuelve al Congreso. Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana con la que busca que el Gobierno dé un paso más en la intervención pública del mercado inmobiliario. La coalición plantea incorporar al parque público los hogares amenazados con desahucio y explorar la expropiación de viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión, dos medidas con las que pretende poner freno a lo que considera “uno de los principales conflictos sociales de la actualidad”.

Según el grupo plurinacional, la emergencia habitacional se ha convertido en un problema estructural alimentado por la falta de vivienda asequible, los salarios estancados y el encarecimiento sostenido de los precios. A ello se suma - advierten - la acumulación de inmuebles por parte de grandes fondos y corporaciones inmobiliarias, lo que ha provocado un desequilibrio profundo entre la oferta y la demanda y ha expulsado del mercado a miles de familias con ingresos medios o bajos.

España, a la cola en vivienda social

Sumar pone sobre la mesa una cifra reveladora: en España apenas existen 320.000 viviendas públicas destinadas al alquiler social o asequible, cuando el promedio europeo exigiría alrededor de 1,8 millones. En otras palabras, el país necesitaría quintuplicar su parque público para alcanzar el estándar continental.

Ante ese déficit, la coalición propone un plan de expansión progresiva del parque de vivienda pública. En primer lugar, plantea que el Gobierno fije un objetivo del 10% de vivienda social en 2027 y del 20% en 2035, incluyendo tanto la vivienda pública en alquiler como las fórmulas de acceso asequible. Además, propone dedicar al menos el 2% del PIB a políticas de vivienda hasta 2035, con el fin de multiplicar por cuatro el esfuerzo inversor actual.

Erradicar desahucios

Una de las medidas más contundentes de la iniciativa pasa por “erradicar los desahucios”. Para ello, Sumar plantea que todas las viviendas amenazadas con lanzamiento se integren en el parque público, bajo un régimen de alquiler social ajustado a los ingresos de cada familia, garantizando que la renta no supere el 30% del salario del hogar.

En los casos de vulnerabilidad acreditada, la coalición propone que el Gobierno habilite una moratoria o una renta mínima, dependiendo de cada situación. Para hacer viable el programa, pide que el Ejecutivo destine una partida presupuestaria específica, que podría gestionarse a través de una empresa estatal de vivienda.

La proposición incluye además un proyecto de ley específico destinado a garantizar que la propiedad urbana y urbanizable cumpla una función social, como establece la Constitución. Esa norma - defiende Sumar - debería permitir activar mecanismos de control sobre el uso de viviendas vacías y la intervención temporal o definitiva de aquellos inmuebles que permanezcan sin ocupar durante largos periodos, especialmente cuando pertenezcan a entidades financieras o fondos especulativos.

Construir 150.000 viviendas públicas al año

Otra de las vías que defiende la coalición es la adquisición directa de viviendas privadas mediante el derecho de tanteo y retracto, una herramienta legal que permitiría a las administraciones públicas intervenir en operaciones de compraventa para quedarse con inmuebles y destinarlos al parque público. Sumar considera que este sistema permitiría incrementar con rapidez el número de viviendas disponibles para alquiler social, evitando al mismo tiempo que sigan cayendo en manos de inversores con fines especulativos.

La PNL de Sumar también incluye un ambicioso plan de construcción de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles al año, que se impulsaría a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o mediante la empresa estatal propuesta. Para hacer posible ese ritmo de edificación, la coalición considera “imprescindible” que se ejecute cuanto antes el traspaso al SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) de los activos de suelo y viviendas de la Sareb, el conocido como “banco malo”.

Gestión pública directa para evitar la especulación

Por último, Sumar reclama que toda la vivienda del parque público sea gestionada exclusivamente por administraciones públicas, evitando cualquier fórmula de externalización o cesión a empresas privadas. De este modo, el grupo quiere garantizar que estos inmuebles mantengan su función social en el futuro y no se conviertan, como ha ocurrido en anteriores etapas, en objeto de compraventa o fuente de rentas especulativas.

La coalición subraya que estas medidas no buscan solo ampliar el parque público, sino “revertir la lógica del mercado”, priorizando el derecho a la vivienda por encima del beneficio económico. Un mensaje que llevará este martes al Congreso, en un momento en el que los precios del alquiler vuelven a marcar máximos y los desahucios aumentan en varias comunidades pese a las medidas de contención adoptadas durante la pandemia.