La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue escondiendo los datos sobre los cribados de cáncer de mama y de cérvix que provocaron la polémica después de conocerse que su gobierno había concedido los contratos de los segundos a la empresa peor valorada.
Semanas después quien intenta acceder a información al respecto le es imposible, y es que el Ejecutivo de Madrid hace acoplo del control que ejerce en diferentes organismos que se antojan clave para la plenitud democrática, como es el Consejo de Transparencia o la Mesa de la Asamblea.
Se trata de algo que sucede a sus señorías constantemente y, en realidad, da igual el tema siempre que éste pueda comprometer a la administración Sol, pero el de los cribados es especialmente llamativo. Tal es así, que en el último mes ha sido uno de los ejemplos más claros -sino el más- que da buena cuenta del modus operandi de la Comunidad en este sentido.
"Vulnera el derecho de la ciudadanía a saber"
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) le pone cara a una realidad que califican poco menos que de desesperante cada vez que buscan respuestas en conversación con ElPlural.com. “Vulneraron todos los plazos en el registro de la Cámara y hemos interpuesto un recurso de amparo al que no han hecho ni caso”, lamenta.
Morales señala que “vulnera constantemente el derecho a la ciudadanía a saber”, así como el de los representantes políticos “a fiscalizar”, pero deja claro que “no va a parar” aunque esto signifique acudir a la Justicia: “Voy a ir hasta el final, y si la Justicia me ampara y tengo que acudir a ella, lo haré, porque nos estamos jugando la vida con los cribados”.
Después del caso más palpable en Andalucía bajo el mandato de Juanma Moreno Bonilla y polémica al mismo respecto en la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo madrileño volvía a convertirse en protagonista por un tema en el que la izquierda trata de arrojar luz y taquígrafos.
Peor valorada
Su gobierno volvía situarse en el ojo del huracán sanitario después de otorgar su equipo una licitación cuya compañía receptora fue la peor valorada a nivel técnico; motivo que no importó a los ‘populares’ para acabar dando el contrato. A preguntas de este periódico, la Consejería de Sanidad se excusaba en que el acuerdo todavía no se había cerrado y que si alguna empresa no estaba conforme podía presentar recurso, como al final pasó sobre la bocina, lo cual tampoco deja de ser llamativo.
Se trataba de las pruebas que detectan si la paciente estaba o no infectada del Virus de Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual (ITS) que en buena parte de las ocasiones desaparece por sí sola, pero que en ocasiones puede terminar en cáncer de cuello uterino (o de cérvix).
No da los datos a Sanidad
Ayuso se ha negado a facilitar los datos relativos a los cribados de cáncer, pero no es un caso aislado, ya que a la baronesa se unieron homólogos de otros territorios como el entonces president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el de Murcia, Fernando López Miras; o nuevamente el de la Junta de Andalucía.
Las administraciones de la derecha enviaron cartas al departamento de Moncloa considerando que la petición se correspondía con una “estrategia de confrontación política” a la vez que reprochaban al Ministerio de Mónica García que no se hubiera consensuado la entrega de dicha información desde el Consejo Interterritorial de Salud.
En esa línea, asumieron las autonomías que la intención estatal pasaba porque las comunidades “adelanten” el trabajo, considerando que se trataba de una decisión con fines "más políticos que técnicos” cuando, a su juicio, “no existe documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas”.
Falta de respeto
Entre las imágenes que dejaron la polémica destacan la de los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por la formación conservadora levantándose de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de empezar.
García respondió al PP calificando la acción popular como un boicot a “su propia credibilidad y a su capacidad de dar respuesta a una alarma social”. “¿Una consejera de Salud no sabe cuáles son los criterios y los indicadores de un programa de cribado?”, preguntaba a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. “Eso sí que es grave”.
“(Se trata de) una estrategia incomprensible. (El PP) ha sido desleal no solo con el Ministerio, sino con las mujeres que ahora están preocupadas (…) No son capaces de ser transparentes en los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon. Tienen que contar qué están ocultando”, apuntalaba.
