Madrid+D, la fundación encargada de verificar técnicamente los proyectos universitarios en la Comunidad de Madrid, ha emitido el informe que ha permitido al ICAM convertirse en centro universitario adscrito a la Complutense. Aunque el proceso formal se ajusta al marco legal, la cercanía de sus principales responsables al Partido Popular y la coincidencia temporal con la actuación del ICAM en la causa contra el fiscal general han desatado las sospechas sobre una autorización acelerada por intereses políticos.
La Fundación Madrid+D es la responsable de emitir los informes de evaluación sobre nuevos centros y titulaciones universitarias, previos a la autorización formal por parte del Consejo de Gobierno. En teoría, tal y como explican en su página web, actúa como garante de que los requisitos de calidad y excelencia académica se cumplan antes de dar luz verde a cualquier nuevo campus. De hecho, en el caso del ICAM, el proceso incluyó un informe específico de Madri+d –emitido el 25 de septiembre de 2025– sobre la programación docente y la actividad investigadora del futuro centro, con observaciones que deberán subsanarse antes de que inicie su actividad docente. Todos los órganos consultados emitieron dictámenes favorables, según ha recalcado el consejero Viciana, y esos documentos se harán públicos al finalizar el procedimiento administrativo.
Sin embargo, la independencia y rigor de la Fundación Madri+d han sido puestas en entredicho en los últimos años. Diversas informaciones revelan que la dirección de este organismo –que depende orgánicamente del Gobierno de Ayuso– ha venido suavizando o ignorando las evaluaciones negativas de sus propios expertos en múltiples expedientes. Desde 2020, en más de la mitad de los proyectos de nuevas universidades privadas o centros adscritos analizados, la comisión de profesores universitarios encargada de evaluarlos informó deficiencias importantes o conclusiones negativas, pero la cúpula de Madri+d añadió una página inicial calificando la iniciativa de “favorable” o incluso dio por terminada la evaluación antes de resolver las dudas planteadas por los evaluadores.
Gracias a estos atajos, casi todos los proyectos acabaron recibiendo autorización política pese a los reparos técnicos. Esta práctica, si bien no es ilegal, pone en tela de juicio el discurso oficial de exigencia académica (“solo abrimos Madrid a quien cumpla los requisitos de calidad y excelencia”, llegó a afirmar la dirigente madrileña) y convierte en un “paripé” el proceso evaluador regional, según han denunciado analistas educativos a ‘El País’. En otras comunidades autónomas, apuntan, los controles son mucho más estrictos, mientras Madrid se muestra extraordinariamente laxa incluso frente a informes ministeriales demoledores que desaconsejan ciertos proyectos.
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Una dirección con carné del PP
La composición y liderazgo de la Fundación alimentan las sospechas de politización. Su director, Federico Morán, fue alto cargo (número dos) del ministro José Ignacio Wert en el anterior Gobierno del PP, y su gerente, Juan Soler-Espiauba Gallo, ha ocupado cargos políticos con el Partido Popular madrileño (diputado autonómico, senador e incluso alcalde de Getafe). Bajo su gestión, la Fundación llegó incluso a cambiar sus estatutos para prolongar dos años más el mandato de Morán al frente del organismo.
Desde la oposición se tilda a Madri+d de “chiringuito” de Ayuso, insinuando que funciona como instrumento al servicio de las prioridades del Ejecutivo regional más que como un ente verdaderamente imparcial. El Gobierno, por su parte, defiende la profesionalidad de la Fundación y recuerda que sus informes no son vinculantes jurídicamente –la decisión final recae en la propia Comunidad–, aunque sostiene que siempre se procura que los proyectos cumplan los estándares requeridos. Aun así, el papel silencioso de Madri+d en esta y otras operaciones similares (avalando nuevos centros universitarios polémicos) ha encendido las alarmas entre la comunidad educativa, que reclama mayor transparencia en estos procesos.
La primera universidad dentro de la Complutense: dos caminos para estudiar Derecho
Volviendo al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la autorización del gobierno madrileño convierte de facto al ICAM en el primer colegio profesional de España con rango de centro universitario adscrito. En la práctica, supone que dentro de la UCM operará un nuevo centro privado capaz de ofrecer el Grado en Derecho y varios másteres jurídicos propios del Colegio. El propio ICAM celebró la noticia como un “hito histórico”, pero numerosos sectores lo ven más bien como un negocio lucrativo: este nuevo centro podrá cobrar matrículas muy superiores a las públicas, con precios que podrían quadruplicar las tasas oficiales de la Complutense. De hecho, mientras la UCM atraviesa protestas de profesores y estudiantes por su precaria financiación -en 2024 cerraron el ejercicio con un déficit superior a los 33 millones de euros-, la llegada de ICAM Universidad significa privatizar parte de la oferta formativa bajo el paraguas de la mayor universidad pública del país
Tanto desde dentro de la Complutense como desde el ámbito educativo se teme la creación de un modelo dual en la enseñanza del Derecho. En palabras de críticos, el ICAM inaugura dos caminos dentro de la misma universidad, uno accesible y otro excluyente en función de la capacidad económica del alumnado. Fuentes de la propia UCM señalan que habrá titulados en Derecho de primera y segunda categoría: una élite formada en el centro adscrito privado, pagando altas cuotas, y el resto en la facultad pública tradicional. Dicho de otro modo, dos Derechos: uno para quien pueda pagarlo y otro para quien no.
Este escenario despierta preocupación acerca de la equidad y la misión pública de la universidad: la Complutense deberá coexistir con una estructura paralela que atraerá al mismo perfil de estudiantes, pero bajo un modelo económico muy distinto, abriendo la brecha entre quienes pueden permitirse esos estudios y quienes no.
Esta Comunidad parece un casino donde siempre gana el mejor postor
La oposición socialista en la Asamblea de Madrid denuncia un “procedimiento exprés” plagado de interrogantes. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, subrayó que no existe una necesidad real de crear otra facultad de Derecho en Madrid y plantea dudas sobre la motivación de la autorización. Espinar advirtió de la posibilidad de una “contraprestación institucional” al ICAM por su papel en un caso delicado para Ayuso. “Esta Comunidad parece un casino donde siempre gana el mejor postor, curiosamente siempre cercano a la presidenta”, afirmó Espinar al reclamar una auditoría externa independiente del proceso.
En este sentido, el PSOE ha pedido formalmente paralizar la autorización concedida al ICAM y someterla a revisión. Plantean establecer criterios objetivos para futuras adscripciones, con informes externos sobre el profesorado, las instalaciones y la viabilidad del modelo académico. Hasta que esas garantías se concreten, exigen suspender la luz verde otorgada “en tiempo récord” al ICAM. Mientras tanto, el Ejecutivo regional defiende la legalidad del proceso: el consejero de Universidades, Emilio Viciana, asegura que todos los informes preceptivos han sido favorables y acusa al PSOE de “instrumentalizar” la universidad pública.
