Un mismo título, dos precios y una sola universidad. La entrada del ICAM en la Complutense como centro adscrito dibuja un escenario en el que el acceso a los estudios de Derecho podrá depender del bolsillo y no solo de la nota. La coexistencia entre matrícula pública y oferta privada dentro del mismo campus abre un modelo híbrido que inquieta a parte del profesorado. La pregunta circula en voz baja por pasillos y departamentos: ¿qué ocurre cuando el mérito comparte espacio con la cuenta bancaria? ¿Qué significa que dos estudiantes puedan salir con el mismo título, pero con trayectorias económicas —y probablemente sociales— radicalmente distintas?
La autorización otorgada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) permite que este impartirá el Grado en Derecho y programas de máster oficiales desde 2026. No es solo un cambio administrativo: es un giro estructural. El ICAM no se integra como facultad pública ni como universidad privada independiente, sino como centro adscrito, una figura ambigua que opera integrada en la Complutense pero con libertad para fijar tasas más altas. El resultado es una duplicación interna del mismo título: Derecho público y Derecho premium, ambos bajo el mismo escudo.
Pública por fuera, privada por dentro: el viraje educativo madrileño
El fenómeno no emerge aislado. Madrid ha incrementado la presencia y el peso de la educación privada en todos los niveles, desde primaria hasta universidad. La Comunidad concentra la mayor red de centros concertados del país, una estructura donde recursos públicos financian proyectos educativos gestionados de manera privada. El nuevo movimiento del ICAM se interpreta para muchos analistas como un paso más en esa dirección: privatizar no desde fuera, sino desde dentro, introduciendo competencia económica en el mismo espacio físico y simbólico que representa la universidad pública.
Los datos lo sostienen. Madrid es la región donde más crece la matrícula privada universitaria y donde los campus privados han logrado consolidar prestigio y cuota con rapidez. La Complutense, no obstante, había resistido como bastión de lo público, incluso con dificultades financieras. La entrada del ICAM fractura ese relato homogéneo. Sí, la universidad pública sigue existiendo. Pero ahora convive con una vía paralela financiada por el usuario, lo que para muchos supone un punto de inflexión silencioso.
El riesgo es doble. Por un lado, que se consolide una brecha educativa en función de la renta: quienes puedan pagar accederán a una vía con menos barreras, menos plazas disputadas y, en perspectiva, mayores ventajas relacionales. Por otro, que la universidad pública pierda atractivo si su versión “premium” funciona como puerta rápida hacia la élite jurídica madrileña. En tal caso, el talento no emigraría por falta de oportunidades, sino porque el sistema habría legitimado que la vía privada ofrece un mejor retorno académico y profesional.
Hay quienes defienden la medida como modernización: mayor oferta, más especialización, más competitividad. Pero la pregunta continúa en el aire: ¿quién compite con quién? ¿Compite la universidad consigo misma? ¿Compite el estudiante de rentas medias con otro que puede pagar el doble o el triple por el mismo título? La competencia, sin mecanismos de equilibrio, puede transformarse en desplazamiento.
Si el ICAM funciona —y todo indica que dispondrá de demanda y recursos para hacerlo— otros colegios profesionales podrían solicitar lo mismo. Médicos, economistas, ingenieros, arquitectos. La adscripción dejaría de ser excepción y pasaría a ser vía de entrada. La universidad pública mantendría su nombre, pero no necesariamente su estructura de igualdad. Madrid, que ya lidera la penetración educativa privada, podría convertirse en el escenario donde el sistema público conviva subordinado a una versión paralela, rentable y diferenciada.
En este contexto, varias voces académicas abogan por transparencia, planificación y regulación. No se trata de impedir la innovación educativa, dicen, sino de evitar que el acceso al conocimiento se regule por oferta y demanda sin equilibrio social. Si el precio se convierte en criterio, la universidad deja de ser ascensor y vuelve a ser filtro.
El debate no está cerrado. Tampoco estabilizado. El ICAM apenas ha cruzado el umbral y el modelo aún no se ha desarrollado plenamente. Pero el fondo ya está planteado. La Complutense será ahora campus doble: dos precios, dos vías, un solo nombre. Madrid confirma así su apuesta por un ecosistema educativo donde lo público y lo privado no se excluyen, sino que se solapan. Y la pregunta final no es si esto funcionará, sino para quién.
