El Gobierno recupera las pugnas internas a cuenta del precio de la vivienda

El Gobierno acostumbra a trasladar la “buena salud” que vive la coalición para garantizar que se agotará la totalidad de la investidura, pero de vez en cuando se viven tensiones entre PSOE y Sumar que avivan las diferencias. Estas últimas semanas, la crisis del precio de la vivienda ha vuelto a separar a las partes, coincidiendo con el anuncio lanzado por el Ministerio de Vivienda y con la ola de propuestas emitidas por los magentas. Una pugna con dos claras protagonistas: Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz.

La imposibilidad de hacer frente a un arrendamiento, ni que decir acceder a una hipoteca, está lastrando gran parte de las políticas sociales del Gobierno. Y es que de poco vale llevar el empleo hasta récords históricos, elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las pensiones o las becas educativas, llegar más lejos con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o aprobar exenciones fiscales si todas estas mejoras son absorbidas por la disparatada evolución del coste de la vivienda. Sin embargo, el Ejecutivo no termina de actuar con contundencia y desde Sumar responsabilizan a la ministra Rodríguez.

La parte minoritaria de la coalición ha llegado a sugerir que la titular de la cartera de Vivienda “debería dejar paso” a otra persona que “sí esté dispuesta” a abordar la crisis habitacional, aunque su cabeza más visible ha reducido el tono. “Esperamos una negociación por el bien del país, negociando en positivo”, ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. No obstante, un acuerdo de actuación, con gran parte de las competencias en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA), parece estar bastante lejos.

Batería de propuestas de Sumar

La urgencia debería haberse abordado hace tiempo, pero la negativa de las administraciones regionales del Partido Popular (PP), que defienden abiertamente dejar la evolución de la vivienda al albur de un mercado que no contemplan intervenir, parece haber maniatado al Gobierno. En los próximos meses, se renovarán hasta 300.000 alquileres y desde Sumar ven una oportunidad para dar el paso que, por el momento, los socialistas han evitado. Congelar estos alquileres, evitando subidas desmedidas, es una de las propuestas de los magentas.

Congelar alquileres, expropiar viviendas y nacionalizar inmuebles en riesgo de desahucio

Las CCAA que han decidido implementar la ley de Vivienda y sus zonas tensionadas (Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias) disfrutarán de un proceder similar, dado que los nuevos contratos que se constituyan en estas delimitaciones con precios especialmente altos deberán estar referenciados al acuerdo de arrendamiento anterior (subida conforme a índice de referencia), sea el mismo inquilino o no, evitando así los incrementos disparatados que suelen experimentar los vecinos en dichas zonas. Sin embargo, otras 12 autonomías no han querido asumir esta normativa.

Para estos territorios, donde los ciudadanos sufren el neoliberalismo de los gobernantes que han votado, Sumar apuesta por lanzar un decreto que establezca una congelación y prórroga de los alquileres, al más puro estilo pandémico. Esta medida, que fue revelada la pasada semana, podría llegar de la mano del aumento de la tributación a los fondos de buitre y del establecimiento de un coto a la rápida expansión de los pisos turísticos. Además, los de Díaz también han sugerido expropiar viviendas vacías y nacionalizar las amenazadas por desahucios.

Así consta en la proposición no de ley (PNL) que llega a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde se desarrolla la idea de incorporar al parque público los hogares amenazados con desahucio y explorar la expropiación de viviendas vacías que estén en manos de bancos y fondos de inversión. El conjunto de medidas, que si bien supondrían un gran avance en la, hasta ahora, más que insuficiente política de vivienda del Gobierno, no convencen del todo al PSOE. Los socialistas temen que estos movimientos puedan ser declarados inconstitucionales, al estar depositadas las competencias en las CCAA, y estudian otros caminos.

El PSOE insiste en el Plan de Vivienda

Actualmente, en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible y, aunque se han construido e inaugurado muchas de ellas recientemente, la cifra es irrisoria si se tiene en cuenta que el parque público debería rondar los 1,8 millones de inmuebles para situarse en el promedio europeo. Rodríguez apuesta por intervenir al mercado, pese a que desde el PP se considere esto “comunismo”, pero por el momento se desconocen cuáles podrían ser los abordajes.

"Evitar la especulación es un mandato constitucional y hay que preservar el derecho a la vivienda e intervenir el mercado para que quienes vivan en Madrid sean los madrileños", ha manifestado la ministra de Vivienda, poniendo de ejemplo la situación dramática vivida en el territorio liderado por Isabel Díaz Ayuso. Al hilo, ha solicitado a las CCAA del PP que “atiendan más al interés general que a las posiciones de su partido, al derecho de la vivienda y no a la llamada de la calle Génova” y dejen de ser rebeldes contra la ley de Vivienda.

Los socialistas siguen apostando también por el Plan de Vivienda presentado meses atrás, que pretende elevar la inversión para el despliegue de pisos públicos hasta los 7.000 millones de euros. La mayor parte del dinero lo pondría el Ejecutivo central, pero las CCAA del PP se niegan a asumir la parte menor. “No me parece que le esté pidiendo a las regiones una corresponsabilidad que sea imposible de asumir”, ha valorado Rodríguez. “Oferta sí, construcción sí, pero no de cualquier manera”, ha resumido la ministra, que apuesta por levantar viviendas cuya protección, que no titularidad, sea pública de por vida y cuente con una renta asequible.