Alerta en Génova: los principales barones de Feijóo, al borde del colapso

Los últimos dos meses del Partido Popular han sido duros. Como los dos últimos asaltos de un boxeador que se lleva varios directos que le dejan sin aire y le hacen mirar de reojo y con cara de circunstancia a su esquina. Aunque su líder, Alberto Núñez Feijóo, no ha tenido que atravesar grandes baches durante septiembre y octubre, sí lo han hecho varios de sus barones autonómicos más importantes: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Comunidad de Madrid se han encontrado, por un motivo u otro, más en el foco mediático de lo que le gustaría al líder 'popular', con las consiguientes consecuencias de credibilidad y de impacto en los sondeos más recientes, que anuncian un significativo acercamiento del PSOE a los 'populares' y una repentina crecida de la ultraderecha, que fagocita la caída del PP.

Carlos Mazón, Alfonso Fernández Mañueco, Juan Manuel Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso han estado, por X o por Y, bajo la observación de los medios de comunicación y de la sociedad durante estos dos primeros meses del curso político. Y cada uno de ellos, de hecho, por motivos de lo más variopinto. Conviene repasar los motivos que han llevado a los primeros espadas del gallego, en tan solo dos meses de temporada política, a la cuerda floja.

Mazón, la DANA y los cribados sanitarios

El barón del PP con la polémica más larga a sus espaldas es el valenciano. La DANA que asoló la provincia de Valencia y se cobró 229 víctimas mortales está a punto de cumplir un año, sin que Mazón haya tomado responsabilidades ni haya puesto sobre la mesa la posibilidad de su dimisión, a pesar de que hayan existido algunas reestructuraciones en el Consell. Los valencianos se han manifestado ya once veces para pedir rendición de cuentas y reparación ante una gestión en la que muchas cosas deberían haber sido diferentes, empezando por la presencia del dirigente autonómico en el Centro de Coordinación de Emergencias a una hora más prudente, o el envío con mayor antelación de la alerta por el fenómeno meteorológico que se avecinaba. 

A ello, además, se ha sumado una nueva polémica, esta vez de índole sanitario: el PSPV-PSOE ha exigido al presidente de la Generalitat que aclare los retrasos detectados en los cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana, después de que los socialistas hayan accedido a datos oficiales que revelan que más de 90.000 mujeres no han sido llamadas para realizarse estas pruebas preventivas y que dejan un temor a que ocurra algo parecido a lo que se ha vivido en Andalucía con los mismos protocolos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant; y el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, han reclamado explicaciones urgentes y transparencia al Ejecutivo autonómico. “Mazón debe garantizar que no estamos ante un modelo Moreno Bonilla”, han advertido, en alusión a los problemas registrados en Andalucía por la externalización de las mamografías. Simo, además, denunció durante una visita a un centro de salud en València que el Consell “no está poniendo todos los recursos necesarios” para mantener al día el programa de detección precoz del cáncer de mama. Según explicó, los retrasos se deben, en parte, a que el Gobierno valenciano ha eliminado las peonadas y horas extra que los profesionales sanitarios asumían para reducir la lista de espera acumulada desde la pandemia.

El diputado acusó al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de “faltar el respeto a todas las mujeres” y reclamó que se publiquen los datos completos del programa de cribado. “Solo sabemos cuántas invitaciones se hicieron o se dejaron de hacer, pero no los motivos del retraso ni el impacto real sobre la atención”, argumentó.

La trama eólica y un Mañueco que se desvincula

Pasando del este del país al tercio central y noroeste, de especial interés es el juicio de la trama eólica de Castilla y León, que arranca diez años después del escándalo. Un caso que no solo compromete a ex altos cargos de la Junta y empresarios, sino que proyecta su sombra sobre el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque no está procesado, su etapa en el Gobierno como Consejero de Presidencia coincide con el periodo en el que se gestó el entramado.

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde el 15 de septiembre un macrojuicio que se prolongará hasta enero de 2026, con 43 sesiones previstas. En el banquillo se sentarán catorce personas acusadas de participar en un mecanismo que condicionaba la autorización de parques eólicos a la entrada de determinadas empresas locales como socias. La Fiscalía Anticorrupción calcula que los beneficios obtenidos por estas prácticas superaron los 75 millones de euros, una cifra que sitúa este caso como el mayor escándalo de corrupción de la comunidad.

Por su parte, Mañueco rechazó la pasada semana en el Pleno de las Cortes cualquier implicación personal o de su Ejecutivo en este caso ante la pregunta del PSOE al respecto. Mañueco, pese a formar parte de aquel Gobierno autonómico del PP, se ha desvinculado por completo del caso y le ha dado la vuelta a la tortilla para advertir que la gestión del PSOE conlleva "incompetencia, mentira y negligencia", un punto en el que se ha referido a los presuntos casos de corrupción del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver en ese asunto, hablan de hechos de hace casi 20 años", señaló el presidente, reivindicando su "respeto al proceso judicial" y su "confianza en la decisión de los jueces", al tiempo que pidió a los socialistas que "paren ya de extender la tinta de calamar para ocultar la corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en su entorno familiar".

Moreno Bonilla y los cribados del cáncer de mama

Viajando hasta el sur, Andalucía se ha convertido en estas últimas semanas en el epicentro de una grave polémica sanitaria al conocerse que más de 2.000 mujeres no recibieron a tiempo los resultados de sus mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, ni tuvieron la certeza de que los resultados recibidos fueran válidos. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha tenido que dimitir tras tal escándalo, pero este problema ha tenido dimensiones mayores en el PP nacional de cara a los perfiles del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del propio Alberto Núñez Feijóo.

Los fallos en la comunicación, la falta de personal y el colapso de los sistemas informáticos derivaron en retrasos de meses en las revisiones. Algunas de las afectadas han denunciado públicamente que esos retrasos les impidieron recibir un diagnóstico temprano, un problema que en casos de cáncer puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.  La Junta de Andalucía reconoció el fallo tras semanas de presión mediática y política, Moreno Bonilla aceptó la dimisión de Hernández y anunció que se tomarían medidas, como una auditoría interna junto a un plan de choque para revisar uno a uno los expedientes pendientes. No obstante, lejos de calmar las aguas, las respuestas de Bonilla no terminaron de satisfacer ni a la oposición ni a las asociaciones feministas y han dado lugar a incógnitas sobre el impacto que puede tener esta crisis sobre su imagen y la de Feijóo.

En el caso andaluz, sí que hay un efecto rebote hacia Génova: el andaluz es uno de los agentes principales del Partido Popular por las mayorías absolutas cosechadas en los últimos comicios electorales y por su perfil presuntamente 'moderado', rasgos que lo convierten no solo en uno de los primeros espadas del gallego, sino también en uno de sus más que posibles sucesores en el futuro.  Esta crisis, no obstante, reduce la credibilidad de un Moreno Bonilla que ya tiene, de por sí, un grave escollo en los servicios públicos de su región tras un constante debilitamiento de los mismos en beneficio del sector privado.

Ayuso aguanta el tipo... Por ahora

Terminando nuestra ruta en el centro peninsular, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, parece estar aguantando, por el momento, el chaparrón que está cayendo en su región por diferentes frentes de batalla. El primero y más importante de ellos, el reconocimiento ante el Tribunal Supremo de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de que mintió cuando dijo que la Fiscalía y Alberto González Amador habían alcanzado un acuerdo y que venía impulsado "por órdenes de arriba". MAR ha reconocido ante la justicia que aquel mensaje, que difundió en su cuenta de X, se trataba más bien de una suposición que de información real y demostrable que tuviera en su poder. Desde el entorno del PP madrileño, no obstante, han cerrado filas con él y han dado el rocambolesco argumento de que "mentir no es un delito".

El segundo, el sentir de la población madrileña con la postura de Ayuso sobre Palestina e Israel, muy alejado del de la dirigente y atestiguado así con sendas manifestaciones y protestas. La lideresa capitalina ha centrado su discurso sobre esta cuestión geopolítica en la defensa a ultranza de los intereses sionistas e incluso en la negación del genocidio, algo con lo que los madrileños han demostrado no comulgar en las citadas concentraciones multitudinarias.

En tercer lugar, pueden señalarse otras polémicas como la de la Ciudad de la Justicia o el Gran Premio de Fórmula 1 de 2026. Sobre la primera de estas dos, cabe recordar que fue el proyecto estrella de su predecesora Esperanza Aguirre y que su coste asciende, con la repesca del proyecto por parte de Ayuso, a los 1.000 millones de euros. En origen, se proyectaron 14 edificios por más de 300 millones de euros de los cuales solo se terminó construyendo uno, y varios dirigentes del Gobierno de Esperanza Aguirre terminaron en prisión por las irregularidades acometidas. Ahora, más de diez años después de aquello, la dirigente madrileña ha vuelto a darle luz verde, con un coste mucho mayor al original y sin certezas de que vaya a correr un mejor destino que el proyecto inicial.

En concreto, el Ejecutivo autonómico de Esperanza Aguirre dilapidó 355 millones de euros en una obra megalómana que iba a servir para levantar los citados catorce edificios públicos, pero que terminó con cinco altos cargos de su Ejecutivo condenados a penas de cárcel, acusados de prevaricar y malversar fondos públicos en 24 contratos entre 2005 y 2007. Después, Ignacio González intentó fallidamente reactivar el proyecto entre 2012 y 2015, algo que ha intentado Isabel Díaz Ayuso en dos ocasiones desde que en 2019 llegara a la Puerta del Sol. Ahora, la mandataria de la Comunidad de Madrid ha anunciado que invertirá más de 653 millones de euros, y empleará un equipo de 3.000 profesionales, más de 200.000 metros cúbicos de hormigón y cerca de 24.000 toneladas de acero para hacer posible en tres años la Ciudad de la Justicia, casi 20 años después de su primera proyección.

En cuanto a la Fórmula 1, además de la visita de Ayuso al Gran Premio de las Américas de Estados Unidos de este fin de semana, que supone la séptima visita de la presidenta madrileña a tierras estadounidenses en los últimos cuatro años entre viajes oficiales y privados, cabe recordar que desde la Administración autonómica se hizo una aseveración muy arriesgada: que iba a tener coste cero para las arcas públicas. Con el GP todavía en la lontananza (se celebrará en septiembre de 2026), esa afirmación ya se ha incumplido. De hecho, tardó un día en incumplirse desde que se dijo con la instalación de unos vinilos decorativos en el Metro de Madrid hace un año. Pero eso fue una minucia en comparación con las cantidades de las que se ha empezado a hablar este año. 

Más Madrid, el principal grupo de la oposición, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no ha existido una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria para el proyectado del circuito, que tampoco ha habido previsión de llevar a cabo estudios de salud pública y que tampoco se han enviado notificaciones individuales a los vecinos afectados por el trazado del circuito. Pero más allá de estos escollos legales, hablemos de dinero: 190 millones de euros. Esa es la estimación de lo que costará finalmente un evento que fue vendido con el mantra de "cero gasto para las arcas públicas".  Los documentos, contratos y convenios que han ido emergiendo contradicen ese relato.

El trazado proyectado, con epicentro en IFEMA y rodeando zonas residenciales, escolares y sanitarias, no solo implicará obras millonarias, sino que también repercutirá un canon anual por el alquiler y / o venta de los terrenos cuyo importe no ha sido revelado todavía. IFEMA, organizador principal del evento y financiado en gran parte con dinero público, se ha negado incluso a hacer público el informe de impacto económico que justificaría el proyecto. Según adelantó eldiario.es, el estudio de Deloitte, que estima un retorno de 450 millones y la creación de más de 8.000 empleos, permanece oculto alegando “secreto comercial”, una situación que no ha tardado en hacer que afloren las comparaciones con el desastroso Gran Premio de Europa en Valencia, que solamente tuvo cinco ediciones y que comenzó, de igual manera, con la promesa de que no le costaría dinero a los valencianos. Más de 300 millones de euros fue el pufo que tuvo que asumir la Generalitat cuando el evento cayó en saco roto. 

Así las cosas, los principales barones del PP se encuentran, por uno u otro motivo, ante situaciones complicadas que les huelga resolver si quieren recuperar la senda de estabilidad que el partido necesita para no desmoronarse de cara a unos próximos comicios en los que, según apuntan los recientes sondeos, el PSOE podría recuperarles mucho terreno y Vox haría lo propio ante la debilitación de los 'populares' en un bloque de la derecha que, también por el viraje discursivo del PP en ciertas cuestiones, cada vez se encuentra más desdibujado en cuanto a lo que se le puede pedir y esperar de uno u otro partido.