El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para comunidades del régimen común, conocida como la condonación de la deuda de las comunidades autónomas (CCAA). La norma, que deberá recibir la validación del Congreso de los Diputados, prevé absorber 83.252 millones de euros para que los diferentes gobierno puedan dedicar este dinero a reforzar lo público. “Esto les va a permitir pagar menos intereses y poder destinar estos recursos a la mejora de los servicios públicos que gestionan en sus territorios (educación, sanidad, dependencia, políticas de vivienda, etc.)”, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría.
La medida llega de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido que gracias a esta medida las autonomías van a poder “reducir carga financiera” y “recuperar autonomía financiera y política”. Además, beneficiará a la totalidad de las enmarcadas en el régimen común (quedando fuera Navarra y País Vasco), incluso aquellas que han asumido su deuda con entidades financieras y no con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLAP). “Estos recursos que se van a liberar lo podrán usar para gasto social”, ha explicado la ministra.
Un aspecto importante es que la condonación de la deuda tendrá un “carácter voluntario”, algo de especial importancia tras el rechazo a nivel nacional del Partido Popular (PP), que de trasladarse a las autonomías dejaría a los ciudadanos sin miles de millones extra para servicios públicos. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte su deuda?”, se ha preguntado Montero, “o de otra manera, ¿qué familia española, si se le plantea la condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no a que se alivie su carga?”, ha ejemplificado.
Esta es la pregunta que la vicepresidenta primera considera que debe hacerse a las CCAA presididas por el PP que han dicho que no están de acuerdo de esta ley y han apoyado el voto en contra. No obstante, y si fuese aprobada la ley en el Congreso de los Diputados, “tendrá que establecerse un convenio bilateral con cada CCAA, que de forma voluntaria tendrá que aceptar estas ventajas”, ha explicado Montero.
Fases y pasos de la condonación
“No hay ningún agravio con ninguna parte del territorio. Esta condonación parte de la negociación con Esquerra Republicana (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez y el resultado se generalizó para el conjunto de las comunidades autónomas”, ha defendido Montero. Estas palabras de la titular de Hacienda buscan desmontar el “falso dilema” planteado por el Partido Popular (PP) y con el que los de Alberto Núñez Feijóo pretende hacer pasar “algo bueno” para todos los territorios por un “agravio para el conjunto” por el hecho de haberlo pactado con partidos catalanes.
“La asunción de esta deuda parte de una premisa clara: el Estado por primera vez reconoce que las comunidades autónomas estuvieron mal financiadas en la crisis que gestionó el PP”. Con este punto de partida, de la comparativa de lo que los territorios dejaron de percibir y lo que perciben ahora con la nueva gestión se extrae la “primera cantidad” condonada, unos 80.310 millones que se reparten por población ajustada y que resulta de una absorción media de deuda del 19%.
La segunda y la tercera fase serán las que contemplen las especificaciones para evitar las desigualdades entre autonomías. En la segunda se establece una condonación adicional para aquellas CCAA que se sitúan por debajo del 19,3% de deuda condonada sobre la media del total, intentando corregir el sentimiento de agravio que pueden sentir cuando se comparan con el resto de territorios.
Ya en la tercera, se producirán dos ajustes más. El primero de ellos es identificar a la CCAA que, después de las dos primeras fases, registra mayor condonación de deuda por habitante, en este caso la Comunidad Valenciana con 2.284 euros por habitante. Posteriormente, se eleva hasta esta cantidad a los territorios que habían sido “peor tratadas (menor financiación por población)” durante la vigencia del modelo de financiación. Por último, se aquellas autonomías que entre 2010 y 2022 han ejercido competencias al alza del IRPF también son tributarias de una mayor condonación.
Tres objetivos cumplidos
“El anteproyecto de ley que aprobamos encaja perfectamente en la política de defensa del Estado autonómico y refuerza el Estado del bienestar, suponiendo un paso más para la autonomía financiera”, ha defendido Montero, que ha asegurado que con el nuevo texto se dan cumplimiento a tres importantes objetivos. “Menos deuda significa más Estado del Bienestar e implica que las CCAA podrán dedicar mayor parte de los recursos a las políticas que tienen asignadas y que son muy importantes para la igualdad de oportunidades”, ha presentado el primero, que ahorrará entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses a los territorios.
“En segundo lugar”, ha proseguido, “recuperan autonomía financiera y, por tanto, política”. En este punto, la ministra de Hacienda se ha referido a que ahora las CCAA podrán salir al mercado a financiarse, algo que no podían hacer hasta ahora porque la banca privada no les prestaba dinero, dado que su calificación en términos de crédito era mala por su elevada deuda. Por último, Montero ha destacado que “la metodología reconoce a las autonomías han estado invariablemente financiadas por debajo de la media en el actual modelo de financiación”.
A esto se suma la variable introducida referida a fiscalidad. Esta establece que las comunidades autónomas que durante la anterior década “hayan hecho un ejercicio de sus competencias fiscales en IRPF al alza” se beneficiarán de una mayor condonación. “Es una incoherencia que haya comunidades que bajan impuestos a sus ciudadanos y protestan y exigen al Gobierno de España mayor financiación. Si alguien se permite bajar su fiscalidad es porque tiene un volumen de recursos que le permite ser suficiente, sino sería una trampa mortal”, ha explicado la ministra de Hacienda.
