El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa inaugurando promociones del Plan Vive por toda la Comunidad de Madrid, apuntándose el tanto de fomentar una supuesta vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, cuando los desperfectos se amontonan, los servicios comprometidos por contrato no se ofrecen o los precios se engordan con cargos que según la ley de arrendamientos corresponden al casero, la administración liderada por el Partido Popular (PP) se lava las manos y señala a las empresas concesionarias elegidas por la propia Comunidad.

El precio medio de los alquileres supera en muchas de las promociones el que puede encontrarse en el mercado; se carga a los inquilinos el IBI, las tasas de basuras y los gastos de comunidad, muy elevados al incluirse gimnasio, piscinas, solarium, parques infantiles privados, portero, parking al que no puedes renunciar (tengas coche o no) o trastero; las goteras, interiores inacabados, instalaciones eléctricas mal realizadas, zonas comunidades abandonadas y otros múltiples problemas se extienden por todas las urbanizaciones, incluso se ha cortado la luz en alguna porque la constructora estuvo enganchada ilegalmente durante el levantamiento.

De todos estos problemas, la Comunidad de Madrid no se hace cargo de ninguno, pese a vanagloriarse de que estas son viviendas públicas, y apunta a las empresas privadas, a las que ha ofrecido una oportunidad muy golosa de engrosar sus cuentas a costa de ahorrarse un buen servicio para los vecinos. Por esta razón, la tesis de vivienda pública y asequible del Gobierno de Ayuso ya no se la cree nadie y se acumulan más renuncias de acceso que pisos entregados.

Por esta y porque el requisito de acceso en gran parte de las promociones es cobrar una renta mínima de más de 2.000 euros al mes, lo que excluye a la población que verdaderamente requiere una vivienda pública. Cuantía que el Ejecutivo de Ayuso considera necesaria para poder hacer frente al alquiler de un piso de una habitación y 44 metros cuadrados, que en promociones como la de San Sebastián de los Reyes o Tres Cantos asciende hasta los 821 euros y podría llegar hasta los 881 euros.

Esta realidad ha propiciado que gran parte de las 1.763 viviendas del Lote 3 del Plan Vive, distribuidas por Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, estén aún vacías. Es más, el número de inmuebles que acogen a vecinos está más cerca de reducirse que de aumentar, tal y como puede apreciarse por la situación vivida en uno de los municipios del norte, San Sebastián de los Reyes, donde algunos están optando por abandonar el alquiler que suscribieron hace medio año.

Trabas y sobrecostes fraudulentos por marcharse

No obstante, y pese a que las goteras inunden la casa, los cortes de luz dejen a oscuras a edificios enteros, las heces caigan de las tuberías a los coches aparcados a las plazas de garaje, los enchufes estén descolgados, las paredes agrietadas, los baños mal alicatados, falten elementos por colocar o las zonas comunes no sean aptas para el uso aunque se paguen, los agraciados con estos pisos no pueden abandonarlos sin llevarse un último palo a la antigua usanza y como solo los caseros más despreciables saben asestarlos.

Y es que recuperar los meses de fianza y garantía con normalidad, como bien sabe casi la totalidad de los ciudadanos españoles que hayan vivido alguna vez de alquiler, es una utopía. La Comunidad de Madrid, como casero oculto tras sus concesionarias, no ha querido decepcionar en la larga tradición de propietarios que racanean hasta el último céntimo inventándose desperfectos. Práctica relatada por diferentes testimonios a El País y que, al venir de viviendas públicas, es cuestionable, cuanto menos.

“Lo peor no fue llegar, ni todos los gastos extras, ni los desperfectos, ni que nos cayeran excrementos en la plaza de garaje porque las tuberías estaban mal. Lo peor fue el final”, relatan dos inquilinos al periodista David Expósito. El matrimonio asegura que, al intentar marcharse y pese a avisar con meses de antelación, la empresa encargada de la gestión envió un trabajador a revisar el inmueble, que había sido previamente vaciado y limpiado a fondo por ambos.

El proceso se zanjó con el descuento de más de 1.300 euros de los 1.800 euros abonados en concepto de fianza y garantía y una justificación delirante y carente de fundamento. Esta no es una excepción, pues tirando del hilo afloran múltiples casos con diferentes cantidades y un proceder de coacción y desgaste cuando los inquilinos ponen el grito en el cielo o toman acciones legales. Y mientras, como en todos los casos anteriores, el Gobierno de Ayuso se desentiende y sus consejeros siguen inaugurando promociones y presumiendo de vivienda pública, que deja de ser del interés de la Comunidad cuando llegan los problemas.