La construcción e impulso de vivienda pública suele ser un mecanismo utilizado por las administraciones públicas para introducir inmuebles de calidad en el mercado de la vivienda, lo que aumenta la oferta, y dar acceso a un alquiler asequible a las familias con menor renta, fomentando a su vez la reducción del precio de mercado. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid la realidad no es tal y las promociones lanzadas desde el Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la autonomía, distan mucho de ser asequibles y de calidad.
Más de 800 euros al mes por apenas 40 metros cuadrados y una habitación y rondando los 1.000 euros en el caso de que se aspire a algún metro más y dos habitaciones, dado que gastos como el IBI o la comunidad, pagados en casi todos los casos por el casero, se cargan al inquilino. Eso sí, las zonas comunes cuentan con gimnasio, piscinas, solarium, parques infantiles privados, portero, parking al que no puedes renunciar (tengas coche o no), trastero. Una larga lista de servicios innecesarios, pero que encarecen el coste de la comunidad que abona el inquilino.
Así, el alquiler final de la casa sin amueblar ha terminado estando incluso por encima del precio de mercado en algunas localidades, como denunciaron organizaciones sociales a ElPlural hace más de un año, en el momento de lanzamiento de los primeros inmuebles. Todo ello ha llevado a más de la mitad de los adjudicatarios a renunciar a los pisos que les han sido asignados, dado que esperaban poder acceder a una vivienda pública con un precio razonable, no a la España de las piscinas y sus pesas y parques privados.
Los datos publicados este martes por la Cadena Ser son reveladores y apuntan a que 526 inquilinos han renunciado a alguno de los 930 pisos entregados, a fecha de 11 de noviembre del pasado año. La lista de espera es larga y muchos aguardan asignación, pero la gran mayoría desconocen que deberán abonar el IBI y el elevado gasto comunitario. Esto, además, no garantiza que el inmueble no se caiga a cachos, como está sucediendo en Alcalá de Henares, sufran inundaciones por goteras, como en Alcorcón, o estén construidas ilegalmente sobre un arroyo, como en San Sebastián de los Reyes.
Cobrar más de 2.000 euros para acceder
Esta situación, no obstante, ya la dejaba entrever los requisitos de acceso exigidos por la administración liderada por Ayuso, que reclama a los inquilinos más de 2.000 euros de renta para acceder al peor de los pisos disponibles. En las VPPL, pensadas en el plan inicial para los municipios de San Sebastián de los Reyes o Tres Cantos, la renta mensual por pisos pequeños llega a niveles muy elevados, tal y como denuncian los vecinos.
La oferta más barata (una habitación y 44 m2) estimada por la Comunidad es de 821,72 euros al mes y el requisito es ingresar, como mínimo, 2.350 euros limpios al mes. La Comunidad de Madrid publicitaba que estos pisos gozaban de alquileres desde 714 euros, pero tan solo cuatro viviendas de las 488 viviendas ofertadas en San Sebastián de los Reyes tenían establecido un alquiler de partida inferior a los 725 euros al mes, a los que además hay que sumarle gastos fijos que definen el coste total.
Concretamente, a este cálculo hay que añadir en todas las promociones los gastos de los servicios comunitarios, muy elevados por introducir servicios como “piscina con solárium, consejería, pista multideporte o gimnasio”, y el IBI. El pliego emitido por el Gobierno de Ayuso recoge un cálculo estimado que eleva el alquiler del piso más pequeño y barato hasta los 821,89 euros (9.860,6 euros al año). Además, cabe destacar el cálculo de la administración es estimado y el piso podría llegar a costar hasta 881 euros si los gastos se elevan algún mes hasta el máximo, topado en el 18% del total del alquiler.
En consecuencia, para poder cumplir el requisito de que la renta no supere el 35% de los ingresos después de impuestos y acceder a una Vivienda de Protección Pública de precio Limitado (VPPL), es necesario tener unos ingresos anuales netos de 28.173 euros para acceder a 44 m2 públicos con un solo dormitorio y sin amueblar. Esto se traduce en una renta de 2.347 euros limpios al mes. De cobrar menos, el solicitante es directamente excluido.
Sin embargo, el tope por arriba, para los madrileños más adinerados, se estableció de forma menos exigente y pudiendo acceder a una vivienda pública con precio limitado una persona con unos ingresos brutos anuales de hasta 75.996,38 euros, lo que se traduce en 6.333 euros al mes. Todo ello es más sangrante para las viviendas de dos dormitorios y 58 metros cuadrados, con alquileres de 1.000 y euros y una renta mínima exigida de casi 35.000 euros, y las de tres dormitorios y 76 metros cuadrados, con alquileres de 1.300 euros y rentas de 44.000.
