El Gobierno mantiene desde hace semanas una intensa ronda de reuniones con las grandes energéticas españolas para rediseñar el impuesto extraordinario al sector. Un gravamen que nació como temporal, con una vigencia inicial prevista para 2023 y 2024, pero que todo apunta a que va a convertirse en permanente a partir del próximo 1 de enero de 2025, al igual que va a ocurrir con el impuesto diseñado para el sector bancario. Sin embargo, el gravamen extraordinario a las energéticas contempla un matiz para el sector: contarán con exenciones fiscales por su inversión en energías renovables.

El nuevo acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluye el objetivo de hacer permanente el impuesto extraordinario a ambos sectores más allá de la vigencia inicial hasta finales de este 2024. Sin embargo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pactaron incluir un matiz, o un rediseño, del impuesto al sector energético para avanzar en transición ecológica y en descarbonización. Y es que la transición ecológica es uno de los cuatro pilares del plan de recuperación diseñado por el Gobierno tras el impacto de la pandemia.

Precisamente para mantener la inversión en energías renovables de los gigantes del sector, el Ejecutivo de coalición optó por incluir ese matiz en el acuerdo de Gobierno con Sumar. Un matiz que diferencia al gravamen a las grandes energéticas del impuesto a la banca y que, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno y la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, irá incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Cuerpo se reúne con la banca y Transición y Hacienda con las energéticas

El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, organizó la semana pasada una intensa jornada de reuniones con la gran banca -donde evidentemente también se habló del impuesto- y es ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, quien protagoniza las reuniones con el sector energético para rediseñar el impuesto extraordinario, tal y como ha podido saber ElPlural.com según fuentes presentes en las negociaciones. También aquí hay un matiz: las reuniones de Cuerpo con los grandes líderes de la banca estaban agendadas de forma pública mientras que las negociaciones con el sector energético no han trascendido públicamente.

Cuerpo optó por convocar a los presidentes o, en su defecto, consejeros delegados, de los grandes bancos españoles como Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell o Unicaja; mientras que las reuniones entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las grandes energéticas -Cepsa, Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa- se han mantenido en las últimas semanas con un marcado carácter técnico, al menos hasta el momento, según fuentes presentes en la reunión. Encuentros que se han celebrado en Moncloa y que han contado también con la representación técnica del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero. Y es que es ella quien tiene la última palabra a la hora de incluir las exenciones fiscales anunciadas por Sánchez para las inversiones en renovables en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, a la espera de conocer mayores avances en las próximas semanas.

Tanto desde el Ejecutivo, con Hacienda y Transición presentes en las reuniones, como desde el sector guardan silencio sobre los detalles de estas futuras exenciones fiscales y mantienen que se trata de encuentros ordinarios entre los representantes públicos y privados del sector energético donde predomina un “diálogo abierto”, según fuentes presentes en la reunión. No obstante, la posición del sector de la energía pasa por pedir igualdad a la hora de rediseñar el impuesto -lo mismo que le pidió el sector bancario a Cuerpo la semana pasada- y una mayor concreción a la hora de la definición del gravamen extraordinario.

El sector pide mayor definición y concreción del impuesto 

A día de hoy, el impuesto extraordinario al sector energético está diseñado de forma que grava la facturación y no los beneficios de los gigantes del sector. Esto supone que, incluso en un periodo en el que una de estas grandes empresas no tenga beneficio, tiene que pagar el impuesto en base a su facturación. Es decir, grava únicamente las ventas y no el beneficio final, tal y como denuncian desde el sector. Una petición que se puede resumir a nivel técnico con una mayor definición del impuesto que no ponga en peligro la viabilidad de estas empresas. En concreto, el impuesto nació diseñado para gravar el 1,2% de la facturación de los gigantes energéticos. Sin embargo, este porcentaje ha ascendido hasta casi el 30% del beneficio, en un caso concreto, a la hora de recalcular el impacto del impuesto.

Un impuesto que desde el sector califican de “injusto” y “desigual”, al igual que el sector financiero, ya que no tiene unos límites claros sobre a quién gravar y a quién no. A día de hoy, en España solo pagan este impuesto extraordinario los gigantes del sector energético, es decir, Cepsa, Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa. No obstante, parece que han empezado a surgir diferencias entre ellos por dedicarse a subsectores energéticos diferentes. Por ejemplo, Iberdrola centra su negocio en la energía eléctrica y Naturgy en el abastecimiento de gas, mientras que Cepsa o Repsol todavía juegan un importante papel en el sector de los hidrocarburos. Un rol del que quieren deshacerse para cumplir con los objetivos de transición ecológica y descarbonización pero que, a día de hoy, todavía contribuye de forma relevante a su negocio. Ante esto, el departamento de Teresa Ribera guarda silencio ante posibles diferencias entre los subsectores a la hora de gravar el impuesto o bien, a la hora de diseñar las exenciones fiscales en los próximos presupuestos de 2024.