Una de cal y otra de arena. Esa será la tónica para el Gobierno en una de las últimas semanas del año, pues el PSOE cuenta con el apoyo de sus socios en la idea de blindar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no tiene la misma seguridad para la reforma de las pensiones.

Cohesión en la coalición y respaldo del arco parlamentario

En la jornada de este lunes, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debatirán en el Congreso de los Diputados la Ley de Empleo, momento en el que PSOE y Unidas Podemos aprovecharán su sintonía en el asunto para tratar de reformar el Estatuto de los Trabajadores. El objetivo troncal es declarar inembargable el SMI, en su cuantía mensual y en la anual. El Gobierno de coalición se ha mostrado unido para defender que las actuales normas legales que recogen la inembargabilidad absoluta del SMI no especifican cuantías concretas.

Así, socialistas y morados pretenden terminar con la ambigüedad existente en los periodos de devengos embargables del SMI, a través de una enmienda al proyecto de ley. Concretamente, PSOE y Unidas Podemos han propuesto realizar una modificación que deje “claramente de manifiesto” la inembargabilidad de la cuantía equivalente al SMI, independientemente de la forma de su cómputo, la naturaleza de la retribución a la que se aplica o el periodo de devengo, ya que “cumple con la función constitucional de atender las necesidades mínimas”.

Esta norma, que ha sido tramitada por procedimiento de urgencia para reducir a la mitad los plazos ordinarios de elaboración y aprobación de la misma, afronta ahora esta etapa parlamentaria, tras haber conseguido dos enmiendas a la totalidad de devolución registradas, del PNV y de Vox. El PNV optó finalmente por retirar su enmienda, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero Vox sí siguió adelante con la suya. La enmienda del partido liderado por Santiago Abascal fue debatida en el Pleno de la Cámara Baja, y obtuvo un rechazo prácticamente total por parte del Congreso en septiembre de este año. Así la norma que había sido aprobada por el Consejo de Ministros en junio siguió su curso.

El Ejecutivo explicó entonces que el pilar sobre el que se apoya la nueva norma es el acompañamiento personalizado a las personas, que tendrán garantizada una Cartera Común de Servicios. Por ejemplo, se elaborará un perfil individualizado del trabajador, que recibirá tutorización individual y continuada, con un itinerario personalizado. Estas son algunas de las nuevas herramientas “más eficaces” que el gobierno de coalición asegura que ayudarán a hacer más fácil la búsqueda de empleo y a mejorar la empleabilidad. Otra de las principales novedades que introduce esta ley es la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal en la nueva Agencia Española de Empleo. Este cambio pretende “mejorar su gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico al erario público”, según ha afirmado el Gobierno.

A vueltas con las pensiones

Por otra parte, Gobierno, CCOO, UGT y CEOE y Cepyme se reunirán una vez más este lunes, con el objetivo de seguir negociando la segunda parte de la reforma de pensiones. Esta nueva fase se abre tras la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, desde los 25 años actuales hasta un total de 30, con el descarte de los dos peores años de cotización.  Esta es la perspectiva apoyada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que ha generado cierta polémica entre algunos de los agentes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tampoco se ha mostrado del todo convencida, ya que considera que esta medida podría “endurecer el acceso a las condiciones de jubilación”.

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el ministro José Luis Escrivá defendió que, esta ampliación a los 30 años de cotización que se utilizan para calcular la pensión y la eliminación de los dos peores, está pensada para “proteger mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales”. La propuesta contempla una ampliación  progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año. Por tanto, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión, el periodo de cálculo alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados, con lo que la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Por ahora, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo, exponiendo que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. En cambio, UGT se ha mostrado favorable a estudiar una ampliación del periodo de cálculo, siempre que no suponga una merma de la pensión y que se financieramente sea neutral.

Por otro lado, el Ejecutivo plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, y a un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Por lo tanto, entre 2025 y 2050 se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas, teniéndose en cuenta esos parámetros del IPC y el alza adicional de 1,154 puntos. En el supuesto de que la inflación tomada como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicaría únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

De igual forma, el incremento de las bases máximas de cotización iría acompañado de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. Así, el Ejecutivo propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 en base a la inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (el promedio del IPC de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional, en este caso de 0,115 puntos.

Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere alcanzar con los agentes sociales antes de fin de año la culminación del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los sindicatos sí se han mostrado conformes con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad. Es la CEOE, la que en este caso no se muestra conforme y ve difícil un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones.

Desde el Ministerio de Inclusión defienden su proyecto con contundencia. Por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha reivindicado que la propuesta inicial de subir el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años el Ministerio “no se la ha sacado de la manga”, si no que se trata de un compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación.