Los Presupuestos Generales del Estado 2023 ya han recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados e inician su trámite en el Senado, donde la coalición no espera ninguna traba que devuelva las cuentas a la Cámara Baja, como ya ocurriera el año pasado con una enmienda del senador de Compromís Carles Mulet para promocionar las lenguas minoritarias, que recibió el apoyo del PP y los PGE tuvieron que repetir votación. En el macrojueves también se aprobó la toma en consideración de la reforma del delito de sedición. Sin tiempo para festejar las victorias, PSOE y Unidas Podemos ya trabajan a contrarreloj para aprobar definitivamente la ley de Vivienda; la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza; y encarrilar la ley Trans. Todo en las tres semanas que restan antes de finalizar el año.
Vivienda y Mordaza tiempo ha que dormitan en el limbo parlamentario y Trans ha provocado no pocos choques entre socialistas y morados, incluso engendró una guerra fratricida en el seno del PSOE. Fuentes parlamentarias conocedoras de las negociaciones admiten a ElPlural.com que “tenemos todo paralizado” para centrar el tiro en aprobar los Presupuestos con la mayor corpulencia posible. Una vez cosechado tamaño hito, ya abordan los buques legislativos que quedan pendientes para evitar encarar el estadio final de la legislatura, elecciones municipales y autonómicas mediante, con los deberes sin hacer. Ambos son conscientes de que las citas electorales agrietan la coalición y será más difícil aterrizar las posiciones maximalistas.
La prioridad, según fuentes del PSOE, son dos leyes de tinte morado. “Queremos aprobar Vivienda y Mordaza antes de fin de año, pero la ley Trans es prioritaria. Por tiempo, primero va esa y esperamos que al menos una de las otras dos, pero puede que no sea posible”, confiesan. La ministra de Igualdad, Irene Montero, diana de los ataques machistas de Vox en los últimos días, solicitó para la ley Trans el trámite de urgencia y, tras varios aplazamientos forzados por las discrepancias del PSOE y que desembocaron en la dimisión de Carla Antonelli como militante, exigió al PSOE que el trámite de ponencia se cerrara el 18 de noviembre. El PP pidió en la Junta de Portavoces su avocación a Pleno, es decir, que se debata y vote en una sesión en el hemiciclo, y el pasado jueves se aprobó. En consecuencia, se tramitará en comisión (ponencia y enmiendas) y, después, volverá al Pleno para ser ratificada.
Será una senda complicada. La rebaja de penas para algunos condenados al amparo de la ley solo sí es sí avala la postura del PSOE de aquilatar técnicamente la ley Trans para evitar consecuencias indeseadas. El PSOE registró una treintena de enmiendas al respecto y, pese a lo argumentado, impactan en el núcleo de la ley Trans. Pretenden que los menores de 12 a 16 años necesiten autorización judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, cuando el actual texto salido del Consejo de Ministros la contempla únicamente para los menores de entre 12 y 14 años. Justifican que, así, “se refuerzan las garantías” para ese tramo de edad, en sintonía con lo recomendado por el CGPJ. Desde el entorno de Irene Montero ya se ha advertido que no habrá recorte alguno en ese sentido
Otra de las más inmediatas es la ley de Familias, la joya de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Fue uno de los principales compromisos que logró arrancar al PSOE durante la negociación de los Presupuestos. La nueva norma que será aprobada este martes en Consejo de Ministros incluye un permiso retribuido de cinco días al año para trabajadores al cuidado de convivientes y la ampliación de la actual prestación de 100 euros mensuales por niños de 0 a 3 años a mujeres que perciban una prestación por desempleo o hayan cotizado un mínimo.
Vivienda y las "excusas" del PSOE
Unidas Podemos presionó durante las negociaciones de los PGE, pero no arrancó compromiso alguno al PSOE. El proyecto de Presupuestos fue aprobado en Consejo de Ministros y superó las enmiendas a la totalidad, tras lo cual, los socios habituales percutieron para regular los precios de los alquileres, pero sus incursiones también resultaron infructuosas. Los morados se aliaron entonces con ERC y EH Bildu presentando cuatro enmiendas parciales a los PGE que afectaban al núcleo de la ley de Vivienda. Ninguna de ellas sobrevivió, pues los socialistas se esforzaron en extirpar cualquier debate al respecto. El PSOE se apoyó en el PP para vetar en la Mesa de la Comisión de Presupuestos tres de las cuatro enmiendas con las que estos grupos pretendían regular los precios de los alquileres. El bipartidismo blandió el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, que advertían que las propuestas eran ajenas a los Presupuestos y, en consecuencia, debían quedar al margen de su tramitación.
En concreto, tumbaron una iniciativa que apostaba por regular de manera integral los precios de todas las viviendas en alquiler sitas en las zonas tensionadas para evitar subidas abusivas. En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no debían superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor -para la cual pedían un umbral de ocho viviendas y no de diez como plantea el proyecto-, la renta pactada no podría exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios. Otra de las enmiendas proponía congelar las hipotecas de tipo variable cuyo valor no supere los 360.000 euros, por lo que estarían sujetas a los tipos vigentes al 1 de septiembre de este año y no podrán subir en todo 2023. Además, abogaban prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y establecer una serie de responsabilidades sociales tales como la obligatoriedad de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables previa interposición de cualquier acción judicial.
Únicamente resistió una enmienda a la primera criba, la que planteaba reducciones a los arrendatarios que actuaran con “responsabilidad social”. Esta sí ataña a los PGE y la Mesa de la Comisión no pudo escudarse en tecnicismos, pero entró Hacienda en escena. El Congreso remite al ministerio de María Jesús Montero la hornada de enmiendas que acepta tramitar para que las examinen y se pronuncien al respecto, ya que han de cuadrar ingresos y gastos. Hacienda purgó la última de las enmiendas sobre Vivienda que recogía incentivos fiscales escudándose en que supondría una disminución de ingresos cifrado en 7,2 millones de euros; por lo que ninguna de las iniciativas será debatida en Congreso.
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”.
Mordaza, pendiente de las pelotas de goma
PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a la reforma de la ley Mordaza en Semana Santa, pero la coyuntura (guerra de Ucrania y caso Pegasus) dilataron los plazos. Actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a una treintena de artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. El principal escollo a salvar es el tipo de material antidisturbios, pero los grupos de trabajo continúan reuniéndose. “La intención es que la ponencia y la fase en comisión se pueda cerrar este periodo de sesiones”, apuntan fuentes de Unidas Podemos. El resto de socios no descartan en privado que pueda encarrilarse antes del 31 de diciembre.
