Las fuerzas que integran el denominado bloque de la investidura tienen un objetivo: aprobar la ley Trans antes de finalizar el año. Ardua tarea. Tras cuatro aplazamientos para registrar enmiendas -los dos últimos solicitados por el PSOE propiciaron un fabuloso conflicto interno que se saldó con la dimisión de Carla Antonelli-, el articulado encara su estadio final. Será la etapa más complicada. Muchas son las modificaciones propuestas por los socialistas, los morados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PP… Una maraña de enmiendas que dibujan un camino plagado de trabas que antojan difícil cumplir con el hito de tener lista la norma en diciembre.

Ley de Vivienda, reforma de la denominada ley Mordaza, Secretos Oficiales y la madre de todas las leyes, los Presupuestos Generales del Estado 2023. Muchos son los deberes que Moncloa se ha dejado para final de año y el tiempo -y los socios- apremia. El Grupo Socialista desborda tranquilidad y optimismo. Según fuentes consultadas por este periódico, pese al enorme volumen de trabajo, “técnicamente es posible” aprobar la ley Trans en diciembre, aunque buena parte de los esfuerzos durante el mes de noviembre se concentren en las cuentas para el próximo curso, cuya votación definitiva será el 24 de noviembre. A su entender, no existe un problema de tiempo, sino de voluntad política: “Es cuestión de que los grupos tengan una intención real de negociar y no de imponer”.

PSOE: "Es cuestión de que los grupos tengan una intención real de negociar y no de imponer"

Unidas Podemos, que ha afeado en no pocas ocasiones a su socio de Gobierno que dilatara en exceso el proceso y entorpeciera los plazos, cree que el tiempo es escaso y fija un calendario para asegurar que la norma se traslade al BOE antes de consumir 2022. “Para que todo vaya bien y se pueda aprobar antes de fin de año, la ponencia debería acabar el 18 de noviembre”, esgrimen fuentes parlamentarias moradas.

De ser así, los partidos tienen dos semanas para consensuar las enmiendas y, a juzgar por el elevado volumen de las mismas, los nervios de UP están más que justificados. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha solicitado al PSOE que retire todas las modificaciones presentadas para concretar el proyecto a la mayor celeridad posible. “Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del PSOE. Así se lo he hecho saber porque, además, han incumplido con su compromiso de no tocar el corazón de la ley que yo pacté con Carmen Calvo, referido a la libre determinación de la identidad de género para mayores de 18 años, también para los niños y niñas trans”, exhortó Montero este jueves en los pasillos del Congreso.

Irene Montero está "enormemente preocupada" y pide a los socialistas retirar sus enmiendas

El corazón de la ley: ¿Quién propone qué?

Los socialistas han registrado del orden de una treintena de enmiendas y, contrariamente a lo argumentado, sí que impactan en el núcleo de la ley Trans. El PSOE pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten aval judicial para proceder a poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil; cuando el texto actual que salió del Consejo de Ministros lo contempla únicamente para los menores de entre 12 y 14 años. Justifican este cambio de parecer escudándose en que persiguen “reforzar las garantías” para ese tramo de edad, en sintonía con lo recomendado por el CGPJ.

Otra enmienda establece que, en caso de que una persona desee revertir el cambio de sexo en el registro, se deberá aportar una aprobación judicial. Actualmente, la ley tan solo impone un plazo mínimo de seis meses para poder realizar el mismo procedimiento a la inversa.

El PSOE pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten aval judicial para proceder a poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil

Además, proponen eliminar la analogía de la violencia “intragénero” con la violencia de género y se dotan de derechos laborales de reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo a las personas que por ser LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar, no solo en el ámbito de la pareja. También que se contemple el “sexilio”, entendido como abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación y/o violencia, como “causa de despoblación dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España”. En consecuencia, se hilvanarán planes específicos.

El PSOE contempla también a las mujeres trans en situación de prostitución como colectivo especialmente vulnerable; y se pondrá el foco en la Educación y en el entorno laboral, con programas y protocolos particulares.

Personas no binarias

Unidas Podemos,ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromís y Coalición Canaria han presentado una batería de enmiendas conjuntas a la ley Trans, de la mano del colectivo de personas trans, en las que plantean, entre otros cambios, incluir a las personas no binarias o que se pueda omitir la mención relativa al sexo en documentos oficiales.

Estos grupos proponen que la documentación administrativa y los formularios incluyan a las personas “no binarias” y se permita a las personas que así lo deseen que su DNI no se mente el sexo. Con respecto a la inscripción del nacimiento de las personas intersexuales, quieren ampliar de uno a 10 años el plazo máximo durante el cual puede figurar en blanco la mención del sexo del menor. También plantean que el Sistema Nacional de Salud cubra en la cartera de servicios básicos los tratamientos relacionados con los procesos de transición.

En lo relativo a Educación, sugieren que los alumnos que hayan obtenido el cambio de nombre en el registro no solo tengan derecho a obtener un trato conforme a él, sino que a su sexo/género con el que se identifican.

También urgen al Gobierno a la promoción de los derechos LGTBI y que se garantice el uso de "un lenguaje respetuoso" con la identidad y nombre sentido de las personas solicitantes durante todo el procedimiento. Asimismo, que se diseñen guías y protocolos para un adecuado tratamiento de las solicitudes basadas en motivos de orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género y características sexuales. Igualmente, plantean incluir los incidentes de LGTBIfobia o de violencia, incluida la violencia entre parejas del mismo sexo o en familias LGTBI, entre las vulnerabilidades específicas que deben identificarse dentro del sistema de acogida.

PP: eliminar la autodeterminación de género

Una de las enmiendas más significativa registradas por el Grupo Popular exige eliminar la autodeterminación de género en el registro y endurecer los requisitos para las modificaciones genitales en menores de edad. De hecho, han propuesto suprimir directamente el capítulo relativo a la rectificación del registro. Sus iniciativas también apuestan por supeditar cualquier tratamiento “irreversible” en menores de 18 años al aval de un informe médico; sustituir en todo el articulado la palabra “trans” por “transexual”; hablar de madres y padres en lugar de “progenitor gestante”; y no contemplar como terapias de conversión -que la ley prohíbe- los “asesoramientos médicos y psicológicos” que traten la disforia de género.

En este sentido, Más País, enmienda la ley Trans para imponer penas de cárcel para estas terapias. “La homosexualidad no es ninguna enfermedad y esas supuestas terapias son en realidad una tortura, una tortura que hace daño, que causa daños físicos y daños psicológicos", razona Íñigo Errejón.