El fin del frenético año 2022, que parecía iba a ser la luz al final del túnel pandémico, pero se topó con una guerra y sus consecuencias económicas, está al caer. Energía, luz, hipotecas, carburantes o empleo son algunas de las materias ya abordadas por el Gobierno, a través de medidas sociales destinadas a las familias más vulnerables, las mismas que cargaron a sus espaldas la anterior crisis financieras. Sin embargo, si existe todavía un resquicio que afecta directamente a los hogares españoles donde se debe poner el foco es la cesta de la compra, cuyo precio está disparado.
La anterior intentona, una guerra en solitario encabezada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, se quedó en eso, en una iniciativa que murió en la orilla. Ahora, el Gobierno lo tiene claro: las familias no pueden pagar estos precios por los alimentos. Este es el sentimiento que trasladaban los miembros del Ejecutivo en la celebración del 44 aniversario de la Constitución, celebrado este martes. No obstante, las discrepancias dentro del Gobierno no han tardado en llegar y, nuevamente, la propuesta de Díaz y la de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, parecen no coincider. En consecuencia, habrá que esperar a que el Consejo de Ministros anuncie que, esta vez sí, el tercer paquete de medidas anticrisis contempla medidas que contengan el precio de la cesta de la compra.
Diferentes propuestas
La propuesta de la ministra de Trabajo, que se quedó en agua de borrajas al no contar con el apoyo del resto del Ejecutivo, no era otra cosa que un tope al precio de los alimentos básicos. Concretamente, una cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o limitados que debía variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas) y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades. Asimismo, pedía a las distribuidoras de alimentos que se ofertasen una cesta específica para celiacos.
Además de ser asequible, de calidad y estar disponible al menos hasta después de Navidades, Díaz afirmaba que esta cesta básica de la compra debía ser fruto de un acuerdo entre las grandes distribuidoras, que no estaban por la labor, y "rotar" semanalmente para que la dieta fuese "variada y sana" y de calidad. Las señaladas eran las distribuidoras, que han disparado los precios en todo este tiempo con la excusa de la subida de la energía y, ahora que la inflación se encuentra en torno al 6% y la energía no tiene un coste tan elevado, no han bajado los precios.
Declaraciones disparadas de beneficios de estas compañías mediante, la cesta 30x30 de Díaz (30 productos por 30 euros) no llegó a puerto. En septiembre llegó este debate a la agenda política, mediática y social. En diciembre, con las navidades a la vuelta de la esquina, han pasado tres meses y los hogares siguen pagando cantidades desmedidas por alimentarse, muchos obligados a elegir entre gastos o hipotecas disparadas y comida.
Ahora, desde Unidas Podemos, trasladan nuevas propuestas que podrían aliviar el precio de los alimentos, con la pretensión de que, en este caso, no acaben ignoradas. Una de ellas es la entrega de un cheque, de entre 250 y 500 euros abonados en un plazo, que se abonaría a ocho millones de personas aproximadamente, diferenciando por renta y situación social. Esta medida, asumida también por el Ejecutivo francés, podría aliviar la subida de la inflación en los precio de los alimentos, de ser destinado a adquirir comida. Si bien es cierto que esta solución no abordaría el problema estructural de la subida desmedida de precios acometida por las grandes distribuidoras, sino que supondría, más bien, un balón de oxígeno para las familias, al no abordar los beneficios disparados de estas empresas ni unas subidas de precios que no responden al incremento del resto de materias.
Otra de las opciones planteada por los morados, peor vista por la parte socialista del Gobierno, es la implantación de un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados. El tipo sería del 33% y afectaría a los márgenes gananciales. La intención, meramente disuasoria, buscando que estas compañías se lo piensen dos veces antes de elevar los precios para disparar sus beneficios. Desde Agricultura, en defensa de las grandes empresas de distribución, se han posicionado en contra alegando que estas no están registrando beneficios extraordinarios.
La única propuesta en la que están de acuerdo ambas partes es en la reducción del IVA a determinados productos propuesta por la patronal de este sector (ASEDAS). Están de acuerdo, eso sí, en rechazarla, por lo poco que supondría para los consumidores y porque, de esta manera, quien asumiría el peso sería el Estado, mientras que los supermercados no aportarían nada y seguirían manteniendo sus beneficios. Por no hablar de que la mayoría de alimentos ya cuentan con un IVA reducido del 10% y otra gran cantidad con el superreducido del 4%.
"Estamos reflexionando y estudiando medidas que deben adoptarse de cara a este paquete de final de año que continúa la línea de los dos ya aprobados en el curso de este año por parte del Gobierno. El objetivo es claro: apoyar a los trabajadores y a nuestra clase media, pero también, fundamentalmente, a nuestro tejido productivo", ha señalado Planas en una entrevista concedida a RNE.
El tiempo apremia, las familias siguen sin poder asumir el precio de la compra y el final del año se acerca e, independientemente de la decisión final que asuma el Ejecutivo, esta debe tomarse de forma inminete. El Gobierno ahora tiene la posibilidad de sorprender con un ‘regalo de navidad’, que no es más que justicia, desprivilegiando el comer y recuperando la cordura en los tickets de los super.
Medias sociales asumidas
La crisis energética ha sido rápidamente respondida. La excepción ibérica ha cumplido su cometido con creces y la factura de la luz española es la más barata de Europa, auxiliadas además por las Tarifas de Último Recurso (TUR), tanto para las comunidades de vecinos como para hogares particulares. No han faltado tampoco medidas para aquellos hogares que continúan usando la bombona de butano, nada menos que 8 millones según los datos de 2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para estos, el precio de la unidad está topado desde mayo de este año, en los 19,55 euros, aunque aún por encima de los valores que ha marcado en las últimas dos décadas.
En lo referido a combustibles encarecidos, el Gobierno dio un paso adelante con la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media distancia, cuya ampliación para todo 2023 ya está confirmada y a la que se han sumado las líneas de autobús con concesión estatal, y con la bonificación de otros transportes autonómicos. Además, para todos, pero sobre todo pensando en el ámbito laboral del transporte, desde abril los carburantes están bonificados en 20 céntimos por litro, medida que parece quedará reservada en 2023 para los transportistas y las personas vulnerables.
Esta ristra de medidas, que tan solo contempla unas pocas de las más destacadas de una lista que no cabría en este artículo, pueden explicar que actualmente España sea el país con menor inflación de la zona euro (6,6%), a cuatro puntos de distancia de la media y con una tendencia descendente. No obstante, si hay un aspecto determinante desde que comenzó este exaltado año es la reforma laboral. Gracias a esta norma, el último dato de desempleo ha caído hasta niveles no conocidos desde 2007, previo pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por debajo de la barrera de los 2,9 millones (2.881.380). El paro femenino y el juvenil baten récords históricos y la afiliación a la Seguridad Social encadena ocho meses consecutivos superando el récord histórico de los 20 millones, 20.319.146 actualmente.
Con todo, la inflación no para de descender, pero, como sus valores han sido muy elevados durante el año, la media se sitúa en el 8,5%, el Gobierno ya ha aprobado revalorizar las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital de cara al año que viene en el mismo valor (8,5%), lo que supone la subida más alta de las grandes economías europeas. Y, a pesar de todo este gasto social, el PIB del país crece este año al 4,7%, según la OCDE, y se mantendrá creciendo el próximo año el doble o el triple, depende de la previsión, que el resto de países europeos. Ahora bien, quedan dos aspectos por abordar: la vivienda y la cesta de la compra. La primera parece que se demorará, pues los socios no se ponen de acuerdo, pero la segunda podría llegar antes de que caiga el carrillón de la puerta del Sol.
