El fin del año se acerca y el Gobierno tiene que tomar una decisión sobre qué medidas prolongar de cara al próximo año, ya que, muchas de ellas tienen vigencia hasta diciembre del presente curso. Las negociaciones se están produciendo en tres frentes: dentro del propio Gobierno, entre los socios de la coalición; con el resto de fuerzas del bloque de la investidura, sobre todo con los partidos vascos y catalanes; y con las Comunidades Autónomas, a las que el Gobierno pide que asuman un parte del esfuerzo económico que supone el amplio paquete de ayudas.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y principal artífice de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, ha advertido en numerosas ocasiones que la intención del Ejecutivo es delimitar las ayudas y dirigirlas a las personas más vulnerables, exigencia también defendida por el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE). No obstante, también ha dejado claro que el Gobierno no quiere proteger únicamente los más desfavorecidos, sino también a las clases medias, término que no deja muy claro a quién se supone que engloba.
Ante esta tesitura, la pregunta es qué pasará con las medidas de carácter más general, como la bonificación de 20 céntimos a la gasolina, que continúa vigente y pueden disfrutar todos los conductores, independientemente del nivel de renta. Lo que queda claro es que el conjunto de medidas aprobadas e incluidas en el escudo social tiene un elevado coste para las cuentas del Estado, insostenible en el tiempo, y el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones más pronto que tarde.
Bonificación de la gasolina
Desde el 1 de abril, bajo el paraguas del Real Decreto-ley 6/2022, en el que se contemplaban medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, los combustibles tienen una bonificación sobre el precio final de 20 céntimos por litro. Desde ese momento, el Gobierno afronta un gasto al que se le suma la inyección de más de 1.000 millones de euros al sector del transporte o el fondo de 450 millones destinado a ayudas directas, entre otras medidas. Esta serie de ayudas han supuesto un gran gasto, motivo por el que ahora el Ejecutivo se abre a destinarlas a sectores o colectivos concretos.
Así lo adelantaba Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ya el pasado mes confirmaba que la prolongación de estas medidas era un debate que se estaba desarrollando en el seno del Gobierno. Lo que parece evidente es que el sector del transporte por carretera seguirá disfrutando de la bonificación sí o sí. “Tendremos que ver si se prorroga esa bonificación para todos los ciudadanos o solo para algunos sectores. Evidentemente el sector del transporte es el primero en el que tendría que valorar si merece la pena o no prorrogar una ayuda que tiene un coste fiscal muy importante para los ciudadanos españoles”, señalaba la titular de la cartera de economía hace apenas unas semanas, dejando abierta la puerta a una ampliación generalizada, pero mostrando cual es la línea que parece querer seguir el Ejecutivo de Sánchez.
"Este es un Gobierno sensible que seguirá adoptando las medidas que sean precisas en caso de que se dé todavía más inestabilidad y pueda afectar a sectores más vulnerables", ha indicado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros europeos de Transportes. La ministra ha razonado que el contexto de "inestabilidad e incertidumbre" ha pasado a ser parte del "día a día", por lo que desde el Gobierno están "monitorizando" tanto la evolución de la situación como las medidas necesarias para "hacer frente" y apoyar a los más vulnerables. No obstante, la responsable del transporte ha dicho que habrá que esperar a los "próximos días" para conocer que pasará con la bonificación de la gasolina.
Vivienda, la reclamación de los socios
Una de las banderas del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos (UP), es la vivienda, fuertemente encarecida recientemente por el elevado coste de la vida y las subidas de los tipos de interés del BCE. Por el momento, gracias a un acuerdo alcanzado por EH Bildu, está garantizado que el tope del 2% en el aumento de los alquileres, de igual manera que el incremento del 15% en las pensiones no contributivas, se mantendrá hasta diciembre de 2023. No obstante, esta medida, si bien es apoyada desde UP, es considerada escasa.
Las negociaciones entre ambos socios, encabezadas en el caso de los morados por el equipo cercano de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, se encuentran por el momento en fase de desarrollo. Ir más allá es lo que buscan desde la parte más a la izquierda del Ejecutivo, congelando directamente las subidas de los precios de los alquileres y prorrogando los contratos que vayan a finalizar, evitando así posibles aumentos indexados a la elevada inflación.
Transporte público
Las medidas que tienen su supervivencia garantizada, aunque aún falte acotar los detalles sobre de qué manera, son las referidas al transporte público. Tanto por alivio que supone para las familias trabajadoras, mayoritarias en el uso del transporte público, y por su carácter de transición ecológica, las medidas relacionadas con el transporte se han convertido en el punto fuerte defendido por el Gobierno y el propio presidente, Pedro Sánchez, ha ensalzado su aplicación en más de una ocasión.
Ahora, habiéndose confirmado que los abonos seguirán siendo gratuitos para los trenes de Cercanías y Media Distancia, a los que se han sumado los de autobuses de larga distancia que forman parte de la red de concesiones estatal; queda por resolver que sucede con el transporte público de titularidad autonómica. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso fue una de las primeras en pronunciarse, transmitiendo que su administración retirará las ayudas, complementarias con las del Gobierno central, al transporte público autonómico (la Administración central bonificaba el 30% y la madrileña el 20%, sumando un total del 50%).
Por su parte, el Gobierno vasco ya ha comunicado que mantendrá estas ayudas (20%) si el Ejecutivo se compromete también a mantener la parte que le corresponde (30%). Otro caso es el de la Generalitat, que ya ha comprometido las ayudas, manteniendo el 20% de descuento y la gratuidad para los menores de 16 años. En consecuencia, la aplicación dependerá de cada Comunidad Autónoma y del acuerdo que el Gobierno consiga alcanzar con sus administraciones.
