Las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado no acostumbran a ceñirse única y exclusivamente a las cuentas públicas. Las conversaciones orbitan en torno otras leyes o iniciativas que supeditan apoyos, como ocurrió el año pasado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la ley Audiovisual. El Gobierno de coalición ya ha cerrado varios acuerdos con sus habituales socios pasa garantizarse una mayoría suficiente que apruebe los PGE el próximo jueves y, a falta de ultimar el respaldo -precisamente- de Esquerra, que se prevé que anuncie el sentido de su voto en las próximas horas, ya se conocen los pactos y concesiones. Tope del 2% a las subidas de los alquileres, incremento del 15% a las pensiones no contributivas, salud bucodental, mental, inversiones en infraestructuras, proyectos ecológicos e incluso promoción del circo en euskera. Muchos flecos muy diversos, pero ni rastro de Vivienda ni Mordaza. Moncloa esperaba encarrilar ambos articulados antes del verano, pero el proceso se ha dilatado y, tras comprometerse a solventarlas antes de fin de año, ya hay voces del bloque progresista que admiten que se antoja harto improbable.

El PSOE ha dejado claro en no pocas ocasiones que Vivienda se negociaría única y exclusivamente en su órgano correspondiente. El articulado dormita desde hace ocho meses, un bloqueo fruto de las discrepancias entre socialistas y el resto de sus socios. El desencuentro hunde sus raíces en la regulación de los precios del alquiler y en la definición de gran tenedor. Obstáculos a priori insalvables y que requerirán de cesiones por ambos bandos. Mucho hay que pulir y, por ello, fuentes consultadas por este periódico conocedoras de las negociaciones admiten que tanto Vivienda, como Mordaza, podrían no salir adelante en este periodo de sesiones.

Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten a ElPlural.com que “tenemos todo paralizado” para centrar el tiro en los Presupuestos. Una vez reciban el visto bueno del hemiciclo el jueves, “nos pondremos a trabajar en ello desde el viernes, nos sentaremos y veremos”. Estas mismas voces comparten que el calendario apremia y pudiera no llegarse a tiempo, pero “todo dependerá de las posiciones y la voluntad que haya”. No obstante, el PSOE también confiesa que ni Vivienda, ni Mordaza son la prioridad absoluta en estos momentos: “Antes queremos sacar la ley Trans, así que creemos que nos dará para esto y para una de las otras dos leyes”.

Antes que Vivienda y Mordaza, el PSOE priorizará la ley Trans

Irene Montero, ministra de Igualdad, solicitó el trámite de urgencia para la ley Trans y, tras varios aplazamientos, exigió al PSOE que cerrara el trámite de ponencia el 18 de noviembre para poder aprobarla antes de fin de año. El PP aportó su granito de arena a la dilatación del proceso proponiendo a la Junta de Portavoces su avocación al pleno, es decir, que los diputados voten en pleno su avocación (agendada para el 24 de noviembre) para que, posteriormente, pase a tramitarse en comisión (ponencia y enmiendas). Luego, volverá al pleno para ser ratificada.

El hito de Bildu: subidas al alquiler

Este martes EH Bildu anunció un ambicioso acuerdo con el Gobierno. Protección social, ampliación del escudo e importantes inversiones en Transición ecológica y Memoria, entre otros, a cambio de su sí a los PGE. El pacto incluye un compromiso del PSOE que impacta en Vivienda, aunque no en la ley como tal. La diputada y portavoz parlamentaria de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, cerró con Hacienda la prórroga del límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler, cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2023. “Nuestra prioridad es proteger a la gente y ofrecer mejoras estructurales. Miles de personas y familias podrán tener la tranquilidad de que no habrá grandes incrementos en los alquileres”, valoró.

Preguntada en concreto por los avances en la enquistada ley de Vivienda, confirmó que el mismo martes se celebró una reunión que ha concluido sin avances: “Seguimos manteniendo que la regulación de los alquileres y la prohibición de desahucios tienen que estar. Nos mantenemos ahí y esperamos que el Gobierno se abra, porque son ellos quienes están bloqueando”.

Un muro inquebrantable

Unidas Podemos presionó durante las negociaciones en el seno del Ejecutivo, pero no arrancó compromiso alguno al PSOE. Obtuvieron otras contrapartidas, como la tan ansiada ley de Familias de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero nada en materia de Vivienda. El proyecto de Presupuestos fue aprobado en Consejo de Ministros y superó las enmiendas a la totalidad, tras lo cual, los socios habituales percutieron para regular los alquileres y desbloquear la reforma de la ley Mordaza, pero sus incursiones también resultaron infructuosas. Los morados se aliaron entonces con ERC y EH Bildu presentando cuatro enmiendas parciales a los PGE que afectaban al núcleo de la ley de Vivienda. Ninguna de ellas ha sobrevivido, pues los socialistas se esforzaron en extirpar cualquier debate al respecto. El PSOE se apoyó en el PP para vetar en la Mesa de la Comisión de Presupuestos tres de las cuatro enmiendas con las que estos grupos pretendían regular los precios de los alquileres. El bipartidismo se apoyó en el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, que advertían que las propuestas eran ajenas a los Presupuestos y, en consecuencia, debían quedar al margen de su tramitación.

En concreto, tumbaron una iniciativa que apostaba por regular de manera integral los precios de todas las viviendas en alquiler sitas en las zonas tensionadas para evitar subidas abusivas. En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no debían superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor -para la cual pedían un umbral de ocho viviendas y no de diez como plantea el proyecto-, la renta pactada no podría exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios. Otra de las enmiendas proponía congelar las hipotecas de tipo variable cuyo valor no supere los 360.000 euros, por lo que estarían sujetas a los tipos vigentes al 1 de septiembre de este año y no podrán subir en todo 2023. Además, abogaban prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y establecer una serie de responsabilidades sociales tales como la obligatoriedad de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables previa interposición de cualquier acción judicial.

Únicamente resistió una enmienda a la primera criba, la que planteaba reducciones a los arrendatarios que actuaran con “responsabilidad social”. Esta sí ataña a los PGE y la Mesa de la Comisión no pudo escudarse en tecnicismos, pero entró Hacienda en escena. El Congreso remite al ministerio de María Jesús Montero la hornada de enmiendas que acepta tramitar para que las examinen y se pronuncien al respecto, ya que han de cuadrar ingresos y gastos. Hacienda purgó la última de las enmiendas sobre Vivienda que recogía incentivos fiscales escudándose en que supondría una disminución de ingresos cifrado en 7,2 millones de euros; por lo que ninguna de las iniciativas será debatida en Congreso.

Responsables y excusas

En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”.

En lo que a Mordaza se refiere, PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a la reforma de la ley Mordaza en Semana Santa, pero la coyuntura (guerra de Ucrania y caso Pegasus) dilataron los plazos. Actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a una treintena de artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. El principal escollo a salvar es el tipo de material antidisturbios, pero los grupos de trabajo continúan reuniéndose. “La intención es que la ponencia y la fase en comisión se pueda cerrar este periodo de sesiones”, apuntan fuentes de Unidas Podemos. El resto de socios no descartan en privado que pueda encarrilarse antes del 31 de diciembre, pero el reloj avanza y no se atisba acuerdo en el horizonte próximo.