En dos tiempos, el ala socialista del Ejecutivo ha pasado el rodillo a todas las enmiendas parciales de sus socios a los Presupuestos Generales del Estado que impactan en Vivienda. Unidas Podemos presionó durante las primigenias negociaciones para desbloquear la ley, que dormita desde hace ocho meses en el Congreso, pero su intento fue frustrado. Tras aprobar las cuentas para 2023 en Consejo de Ministros y superar con holgura las enmiendas a la totalidad, los morados se aliaron con Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu presentando cuatro enmiendas parciales a los PGE que afectaban al núcleo de la ley de Vivienda. Ninguna de ellas ha sobrevivido y los socialistas insisten en orillar el debate.

El pasado martes el PSOE sumó fuerzas con el Partido Popular para vetar en la Mesa de la Comisión de Presupuestos tres de las cuatro enmiendas con las que estos grupos pretendían regular los precios de los alquileres. El bipartidismo se apoyó en el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, que advertían que las propuestas eran ajenas a los Presupuestos y, en consecuencia, debían quedar al margen de su tramitación. En concreto, tumbaron una iniciativa que apostaba por regular de manera integral los precios de todas las viviendas en alquiler sitas en las zonas tensionadas para evitar subidas abusivas. En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no debían superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor -para la cual pedían un umbral de ocho viviendas y no de diez como plantea el proyecto-, la renta pactada no podría exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios. Otra de las enmiendas proponía congelar las hipotecas de tipo variable cuyo valor no supere los 360.000 euros, por lo que estarían sujetas a los tipos vigentes al 1 de septiembre de este año y no podrán subir en todo 2023. Además, abogaban prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y establecer una serie de responsabilidades sociales tales como la obligatoriedad de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables previa interposición de cualquier acción judicial.

Únicamente resistió una a la primera criba, la que planteaba reducciones a los arrendatarios que actuaran con “responsabilidad social”. Esta sí ataña a los PGE y la Mesa de la Comisión no pudo escudarse en tecnicismos, pero entró Hacienda en escena. El Congreso remite al ministerio de María Jesús Montero la hornada de enmiendas que acepta tramitar para que las examinen y se pronuncien al respecto, ya que han de cuadrar ingresos y gastos. Hacienda purgó la última de las enmiendas sobre Vivienda que recogía incentivos fiscales escudándose en que supondría una disminución de ingresos cifrado en 7,2 millones de euros; por lo que ninguna de las iniciativas será debatida en Congreso.

Hacienda ha tumbado la última enmienda sobre Vivienda alegando que disminuye los ingresos en 7,2 millones

A día de hoy, el Gobierno ya ha filtrado una primera tanda de iniciativas y ha eliminado un millar de las 5.000 presentadas por todas las formaciones que integran el arco parlamentario. En esa primera criba, Hacienda se ha cargado un total de 984 enmiendas, lo que supone el 18,2% de las 5.445 registradas. La mayoría, 253, pertenecen al PP; seguido de las 138 del PDeCat, 122 Ciudadanos y 112 ERC. De Unidas Podemos se han vetado tres además de la compartida con ERC y Bildu sobre Vivienda. Por último, 77 de Junts, 85 de Más País, 50 del BNG, 48 de Compromís, 15 del PNV y cinco de EH Bildu se han topado con la negativa de María Jesús Montero. Corrieron la misma suerte dos enmiendas registradas conjuntamente por ERC, Bildu y BNG para que la publicidad institucional del Estado en periódicos se difunda también en lenguas cooficiales y para el fomento de la producción de RTVE en idiomas minoritarios. De las registradas por partidos del Grupo Mixto han sido vetadas 26 de Teruel Existe, una del Partido Regionalista de Cantabria, otra de Navarra Suma y cuatro de la CUP.

Se negocia en Vivienda

Desde que arrancara el trámite parlamentario, los socialistas han esgrimido no pocas excusas para justificar el retraso en la ley de Vivienda. En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado varias veces los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales.

El Gobierno ha cribado casi un millar de las 5.000 enmiendas presentadas por los grupos del Congreso, un 18,2%

La génesis del choque hunde sus raíces en el tope a los alquileres. UP es partidario de limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El PSOE comparte el tope, pero solo a los grandes tenedores. En consecuencia, el problema es la definición de lo que se entiende como gran tenedor. UP es partidario de rebajar de las 10 viviendas o los 1.500 metros cuadrados. Este punto es uno de los que, según fuentes consultadas. ERC estaría negociando con el PSOE, tratando de llegar a un punto medio para la definición de los grandes tenedores. El PSOE, por el contrario, cree que la mejor solución son los incentivos fiscales, alegando que hay personas de clase media cuya economía depende de la renta de algunos inmuebles.

Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”. Frente a ello, fuentes del ala socialista volcaron la responsabilidad de la tardanza de aprobar la ley a Podemos precisamente por dichas enmiendas, que no tienen sentido cuando ya habían llegado a un acuerdo en el seno del Ejecutivo.

Ferraz se ha esforzado en orillar todo lo relativo a Vivienda de manera que lo vinculado con dicha norma se negocie exclusivamente en ese marco. Desde el principio maniobraron para que no afectara en modo alguno a los PGE. “El propio Podemos ha reconocido que los Presupuestos no están en peligro si no se aprueban esas enmiendas que atañan a Vivienda”, deslizaron fuentes del grupo socialista. La coalición desea aprobar la ley antes de finalizar el año, pero el tiempo apremia y los Presupuestos acaparan la práctica totalidad de los esfuerzos, por no hablar de que la Ley Trans y la reforma de Mordaza también aguardan. “Técnicamente es posible”, aseguran las mismas voces.