El Gobierno de coalición afrontará en las próximas semanas un endiablado calendario legislativo que pondrá fin a la tregua monclovita. Una vez que el Congreso apruebe los Presupuestos Generales del Estado 2023 y se encarrilen los tres buques legislativos que les quedan, ley Trans, ley de Vivienda y Mordaza, PSOE y Unidas Podemos activarán su modo electoral. Los choques serán más habituales y feroces. Ambas formaciones son perfectamente conscientes de que esa etapa está próxima, pues la legislatura encara su estadio final; pero antes, las tres normas han de salir adelante. Las cuentas para 2023 acaparan todos los esfuerzos y Trans, Vivienda y Mordaza han quedado relegadas a un rol subalterno. Los socialistas creen que aún hay tiempo en el mes de diciembre para concretarlas, mientras los morados pisan el acelerador y se fijan plazos. La forma de negociar de la coalición ya dificulta per sé las conversaciones, pues las leyes salen del Consejo de Ministros con un acuerdo de mínimos y las discrepancias se pulen en el parlamento, propiciando negociaciones in extremis, votaciones al límite y colisiones cruentas. Si a esta fórmula le sumas que Pablo Iglesias ha azuzado a los suyos, el sendero es aún más complicado.
Al dimitir como vicepresidente segundo y como secretario general, cedió el cetro orgánico a Ione Belarra y designó a Yolanda Díaz como la responsable de catalizar la acción de Gobierno. Además, su proyecto, Sumar, será el paraguas de Podemos en las próximas elecciones generales. Es por ello que el PSOE acostumbra a negociar con la ministra de Trabajo y su equipo directamente. No son pocas las dificultades. Fuentes del grupo socialista admiten que, en ocasiones, “no sabemos con quién tenemos que hablar” y la comunicación no es fluida. Este modus operandi ha sobrevolado todas las negociaciones: reforma laboral, subida del SMI, plan de contingencia… Al final, todo salía adelante con cesiones por ambas partes, pero la arenga de Iglesias a los suyos ha sacudido el tablero.
Iglesias, a toque de corneta, ha apremiado a los suyos a marcar territorio y mostrarse rebeldes; impactando en las negociaciones sobre Vivienda, Trans y Mordaza
Podemos celebró este domingo su Uni de otoño, un acto en el que ungieron a sus candidatos para las elecciones autonómicas y municipales y con el que pretendía exhibir músculo para demostrar a Yolanda Díaz (invitada pero que no acudió, al igual que Alberto Garzón) que aún constituyen la columna vertebral del espacio confederal. Ione Belarra estuvo, pero no participó por su baja por maternidad. El encargado de cerrar el evento fue el exvicepresidente segundo y exlíder, quien aún marca el compás desde su podcast. Y lo volvió a hacer con un agrio discurso en el que exigió respeto a la ministra de Trabajo en el proceso de integración de Sumar, dejando claro que Podemos debe marcar perfil propio desde ya.
Este es el punto que preocupa al PSOE por cómo pudiera afectar a las negociaciones de Vivienda, Trans y Mordaza. Iglesias, a toque de corneta, ha apremiado a los suyos a marcar territorio y mostrarse rebeldes, por lo que es de esperar que presionen y sean más tozudos que nunca. Las antecitadas normas se encuentran en etapas diferentes y pese a que la voluntad de acuerdo es inequívoca, hay un denominador común: aún hay fabulosas diferencias.
El corazón de la ley Trans
Unidas Podemos y PSOE se han fijado como objetivo aprobar la ley Trans antes de finalizar el año. Ardua tarea. Muchas son las modificaciones propuestas por los socialistas, los morados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PP… Una maraña de enmiendas que dibujan un camino plagado de trabas que antojan difícil cumplir con el hito de tener lista la norma en diciembre.
Unidas Podemos, que ha afeado en no pocas ocasiones a su socio de Gobierno que dilatara en exceso el proceso y entorpeciera los plazos, cree que el tiempo es escaso y fija un calendario para asegurar que la norma se traslade al BOE antes de consumir 2022. “Para que todo vaya bien y se pueda aprobar antes de fin de año, la ponencia debería acabar el 18 de noviembre”, esgrimen fuentes parlamentarias moradas. De ser así, los partidos tienen dos semanas para consensuar las enmiendas y, a juzgar por el elevado volumen de las mismas, los nervios de UP están más que justificados. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha solicitado al PSOE que retire todas las modificaciones presentadas para concretar el proyecto a la mayor celeridad posible. “Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del PSOE. Así se lo he hecho saber porque, además, han incumplido con su compromiso de no tocar el corazón de la ley que yo pacté con Carmen Calvo, referido a la libre determinación de la identidad de género para mayores de 18 años, también para los niños y niñas trans”, exhortó Montero el pasado jueves en los pasillos del Congreso.
El PSOE ha propuesto enmiendas que atañan al núcleo de la ley Trans y Unidas Podemos se muestra intransigente
Los socialistas han registrado del orden de una treintena de enmiendas y, contrariamente a lo argumentado, sí que impactan en el núcleo de la ley Trans. El PSOE pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten aval judicial para proceder a poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil; cuando el texto actual que salió del Consejo de Ministros lo contempla únicamente para los menores de entre 12 y 14 años. Justifican este cambio de parecer escudándose en que persiguen “reforzar las garantías” para ese tramo de edad, en sintonía con lo recomendado por el CGPJ.
Vivienda, la madre de las enquistadas
Pese a las presiones de Unidas Podemos por supeditar el acuerdo de Presupuestos a la ley de Vivienda, el PSOE se escapó. El ala socialista del Ejecutivo no contemplaba el desbloqueo in extremis de la norma y, aunque Yolanda Díaz se empeñó en llevar la negociación al precipicio del deadline, se acabaron tragando el sapo. La formación liderada por Ione Belarra lanzó un envite vinculando las cuentas para 2023 a Vivienda. El PSOE tenía otros planes: que la norma siga su curso parlamentario y las discrepancias se limen de forma independiente y paralela a los Presupuestos. La génesis del choque hunde sus raíces en el tope a los alquileres. UP es partidario de limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El PSOE comparte el tope, pero solo a los grandes tenedores. En consecuencia, el problema es la definición de lo que se entiende como gran tenedor. UP es partidario de rebajar de las 10 viviendas o los 1.500 metros cuadrados. En este sentido, el PSOE cree que la mejor solución son los incentivos fiscales, alegando que hay personas de clase media cuya economía depende de la renta de algunos inmuebles.
El asunto tiempo ha que colea. Era uno de los buques insignia legislativos del Ejecutivo, hasta el punto de que pretendían aprobarlo en el anterior periodo de sesiones, antes de verano. Según Moncloa, es una “prioridad absoluta”, mismos términos que los empleados por sus socios parlamentarios. Y sin embargo, va camino de los ocho meses de bloqueo y no se atisba acuerdo en el horizonte más cercano. ¿Por qué? ¿Cuál es su estado y qué o quién la obstaculiza?
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales.
Fuentes del Grupo Socialista consultadas por ElPlural.com acusan la cantidad de enmiendas a despachar. “Hay más de 800. Hay muchas ya avanzadas, pero quedan otras tantas”, justifican. En cuanto a los plazos que manejan, insisten en que pretenden tenerla lista para diciembre para que sea efectiva antes de finalizar el año, pero no se aventuran a fijarse una fecha límite puesto que hay enmiendas que primero tienen que “mirarlas con unos y, luego, con otros”.
Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”. Frente a ello, fuentes del ala socialista volcaron la responsabilidad de la tardanza de aprobar la ley a Podemos precisamente por dichas enmiendas, que no tienen sentido cuando ya habían llegado a un acuerdo en el seno del Ejecutivo.
Fuentes moradas conocedoras de las negociaciones explican que el PSOE se escuda en que el proyecto de ley saliente de Moncloa no puede enmendarse porque ya ha sido previamente acordada. No obstante, Podemos razona que el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta y las enmiendas “no solo mejoran la ley, sino que facilitan su aprobación porque, según está, ni Bildu ni ERC la van a apoyar”. Como ejemplo, la formación morada menta que la ley de bienestar animal estaba pactada por la coalición y, a posteriori, el Grupo Socialista presentó una enmienda para modificarla. Asimismo, tumban de un plumazo la razón por la que la cantidad de enmiendas no debiera ser un problema: “Aunque sean 800 o 900, la ponencia está para eso, para negociar esas enmiendas”. Y por si el quilombo fuera poco, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amagan con condicionar el respaldo a los Presupuestos al desarrollo de la ley de Vivienda.
Mordaza, o el cuento de nunca acabar
PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a la reforma de la ley Mordaza en Semana Santa, pero la coyuntura (guerra de Ucrania y caso Pegasus) dilataron los plazos. Actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a una treintena de artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. El principal escollo a salvar es el tipo de material antidisturbios, pero los grupos de trabajo continúan reuniéndose. “La intención es que la ponencia y la fase en comisión se pueda cerrar este periodo de sesiones”, apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.
