Endesa, la eléctrica italiana que en el año 2021 superó sus previsiones de beneficios y alcanzó los 1.902 millones netos, ha recurrido la excepción ibérica que topa el precio del gas ante la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC). La multinacional, que en su momento era de propiedad pública, se ha posicionado en contra del real decreto que posibilita la contención del precio de la luz por no estar de acuerdo con su “aplicación y funcionamiento”, según fuentes consultadas por ElPlural.com.

Relacionado Alianza contra la Pobreza Energética denuncia la falta de apoyo de Endesa a los consumidores vulnerables

No obstante, las fuentes de la empresa consultadas niegan que se vaya a “recurrir judicialmente”. Desde Endesa aluden que el recurso presentado a la CNMC se debe a “discrepancias técnico-económicas” provocadas porque el mecanismo “solo lleva 15 días en marcha y existe alguna precisión con la que no estamos de acuerdo”. De hecho, aseguran que para la compañía “el impacto es neutro”.

Relacionado Endesa, expedientada por desviar al alza las lecturas de las facturas de la luz

Actualmente, la compensación a las eléctricas, que sube el precio final de la factura a los hogares, recae únicamente sobre los consumidores del mercado regulado, lo que aumenta el coste. El real decreto introduce que los consumidores del mercado libre que renueven, prorroguen o cambien de compañía su tarifa pasarán a formar parte también de la compensación, lo que distribuiría el peso del coste entre más consumidores. Es este aspecto el con el que, según comunican las fuentes consultadas a este periódico, la eléctrica no está de acuerdo.

Relacionado Endesa, peor empresa del 2021 según FACUA

Impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas

El Gobierno español ya ha confirmado que pretende sacar adelante una ley que establezca unn impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Aunque todavía no se conoce que naturaleza tendrá el impuesto y si se asemejará al modelo italiano, miembros del Gobierno ya han anunciado que están estudiando diferentes posibilidades. Además, han asegurado que, aunque su vigencia puede postergarse hasta inicios de 2023, sus efectos afectarán a los resultados de 2022.

El pasado mes de marzo, la propia Comisión Europea recomendó a los estados miembros captar parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas y así lo han hecho algunos países europeos hasta el momento. En Italia, el liberal Mario Draghi ha aprobado un impuesto extraordinario a los beneficios de las eléctricas que, en un principio, ascendía hasta el 10% y que ahora se ha aumentado hasta el 25%.

Por su parte, el Gobierno británico de Boris Johnson ha decidido aumentar en un 25% el impuesto de sociedades durante tres años, trasladándolo del 40% al 65%, con la alternativa de retirar la subida si los precios de la electricidad se situasen de nuevo en la normalidad histórica. Otros países como Grecia, Rumania o Hungría también han implementado una presión impositiva sobre los grandes beneficios de las eléctricas.