Repsol lo ha venido diciendo en los últimos meses: si el impuesto a las energéticas se convierte en permanente, pondría en un aprieto sus inversiones en renovables en España. La cúpula ha reiterado esta advertencia intervención tras intervención y, apenas dos meses de que termine el año -y, por tanto, la vigencia del impuesto que nació como temporal- las energéticas están intensificando el mensaje. Repsol la que más.

El Mundo avanzaba este domingo que la multienergética había decidido materializar una inversión para instalar un electrolizador en su planta portuguesa de Sines. Mientras tanto, las inversiones para hacerlo en sus plantas españolas están paradas. Una información que confirman desde la compañía y ante la que remiten los mensajes lanzados al Gobierno, y al resto de la clase política, de lo que podría pasar si el impuesto a las energéticas se convierte en permanente a partir de 2025.

El sector coincide en un punto común de desacuerdo con el impuesto a las energéticas. Desde el primer momento todas han denunciado que el impuesto es “injusto”, que está “mal diseñado” porque grava los ingresos y no el beneficio final y que, incluso, podría poner en peligro la tan reclamada y necesaria transición energética que promueve el Ejecutivo. Desde Repsol reconocen que el mantenimiento de este impuesto -que en principio gravaba los beneficios caídos del cielo de las energéticas- pondría en peligro las inversiones necesarias de la compañía para descarbonizar y avanzar en una transición energética justa.

Repsol ya amenazó con llevarse inversiones a Portugal

Es el mensaje que han emitido las grandes energéticas desde hace meses, con Repsol a la cabeza. Tanto Antonio Brufau, presidente de la compañía; como Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, han advertido públicamente del impacto que tendría mantener el gravamen más allá de lo inicialmente planeado. Es decir, más allá del 31 de diciembre de 2024. Repsol llegó incluso a amenazar con llevarse sus inversiones españolas a Portugal, manteniéndose así en la Península Ibérica.

Por el momento, lo que ha quedado constatado en la práctica es que la multienergética ha preferido avanzar en el electrolizador de la planta de Sines, en el país vecino, por delante de las plantas españolas en las que tiene pendiente -y previsto- hacer lo propio. Se trata de las plantas de Cartagena, pionera en cuanto al desarrollo del hidrógeno verde; la de A Coruña, Tarragona, Puertollano o la planta que Repsol tiene en Bilbao.

En cifras, supondría dejar en el aire una cantidad aproximada de 1.500 millones de euros en inversiones en el desarrollo del hidrógeno verde. Todo ello en base a cálculos realizados a partir del plan estratégico presentado por Repsol, con el que se mantiene en su objetivo de llegar a ser una compañía de cero emisiones netas en 2050. Por el momento Repsol no ha anunciado que vaya a abandonar su negocio en España, pero sí que podría estudiar otros lugares donde invertir en soluciones renovables. Ya en su momento, Josu Jon Imaz mencionó el país vecino. Algo que se ha materializado en la práctica mientras las correspondientes inversiones en España están paradas.

Hereu: "Quiero que Repsol desarrolle todos sus proyectos de inversión en España"

Es aquí donde entra en juego el papel de la política española, a la que ahora apelan las grandes energéticas. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acudió hace menos de dos semanas al Campus Repsol para lanzar un mensaje total de apoyo y optimismo a la compañía en su propia sede: "Quiero que Repsol desarrolle todos sus proyectos de inversión en España". Así se dirigía directamente a Brufau en un diálogo de alto nivel en el que compartieron espacio con el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Sin embargo, parece que el mensaje de Hereu no ha sido suficiente para conseguir parar la intención de hacer permanente el impuesto a partir del 1 de enero de 2025, en poco más de dos meses. Tanto las energéticas como la clase política parecen haber pisado el acelerador para poner una solución conjunta que, desde el punto de vista de la energía, proteja las inversiones en renovables mientras, en paralelo, no se compromete la viabilidad de estas empresas.

Con este panorama, el propio CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, firma este martes una tribuna en La Vanguardia en la que se muestra especialmente crítico con el Gobierno –se titula “Industria o populismo”- haciendo referencia incluso a las ayudas sociales recibidas durante su infancia y su juventud ante la muerte de su padre cuando él era un niño. “Me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales” -menciona Imaz en el texto- “No hay debate. No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de “que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal”.

Imaz recurre al estado del bienestar: "Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse"

Es más, menciona a "aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los “ricos y de las empresas”, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por “antisociales””. "Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular", advierte duramente Imaz.

Y es que las críticas al impuesto extraordinario, y en principio temporal, no solo han aparecido los últimos días entre el sector energético. La clase política, y sindical, se ha sumado también al debate público que parecía haber desaparecido durante meses de la actualidad económica. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha pronunciado esta misma mañana asegurando que hay que tener “cuidado” con el impuesto -no solo a las energéticas, sino también a los bancos- porque "no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro".

“Ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares" -ha asegurado Ortuzar en una entrevista a TVE- "Hay que tener cuidado con estas cosas, hacer cosas que sean razonables y que estén testadas porque, desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista de comunicación pública, está muy bien eso de que 'los ricos paguen más', 'los beneficios llegados del cielo', etc". El presidente del PNV ha pedido asimismo a los partidos que apoyan al Gobierno que hagan "un ejercicio de realismo" y busquen "un mínimo denominador" para lograr unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "adecuados a las necesidades del momento".

Hasta el ex ministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, se ha pronunciado en contra de hacer permanente el impuesto, en su caso a la banca, en una entrevista concedida a Expansión este martes. El ex ministro ha asegurado que sería “deseable” cambiar el diseño actual del impuesto a la banca para "hacerlo neutral" y, en parte, ha reconocido que no estaría del todo bien diseñado por no descontar las provisiones. Sin embargo, la intención del Gobierno -como ha recordado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este mismo martes en TVE es mantener estos gravámenes a partir de 2025 como permanentes, a pesar de haber sido diseñados de forma temporal para funcionar solo en 2023 y 2024. 

El debate sobre los impuestos que nacieron como extraordinarios ha vuelto de lleno a la actualidad económica y política e incluso el consejero delegado de Repsol culpa a Sumar del mantenimiento del impuesto a partir del próximo 1 de enero y de sus consecuencias. "Tengo serias dudas de que los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos. Me duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Go­bierno", culmina la tribuna publicada este martes a primera hora en La Vanguardia. 

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