El pago de la hipoteca no es un problema para la banca española

Los grandes bancos españoles han presentado sus resultados financieros anuales en las últimas semanas. Más allá de la mejora de los beneficios al cierre de 2022, en récords históricos para algunas entidades como BBVA o Banco Santander, la gran banca española coincide en un punto común: no hay un problema con el impago de las hipotecas. Ni siquiera para aquellos clientes considerados vulnerables.

A finales de noviembre, el Gobierno aprobaba el acuerdo de las hipotecas en Consejo de Ministros. Un acuerdo al que llegaron el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en manos de Nadia Calviño; las grandes patronales del sector financiero (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España para proteger el pago de las cuotas hipotecarias para los clientes con dificultades. El acuerdo se traducía técnicamente en la actualización, y ampliación, del Código de Buenas Prácticas para el sector bancario, no solo para los clientes considerados vulnerables, sino que se extendía también a las clases medias.

Todas las grandes entidades financieras se han adherido ya al nuevo Código de Buenas Prácticas, un paso que debían ratificar sus consejos de administración tras el acuerdo con las patronales financieras. Desde CaixaBank, como la primera en confirmarlo, hasta BBVA, como una de las últimas en sumarse al acuerdo, todas ellas han llevado las medidas acordadas a sus entidades financieras para proteger el pago de las cuotas hipotecarias.

Y es que, como han reconocido los grandes líderes de la banca, las entidades son las primeras interesadas en que sus clientes puedan hacer frente al pago de las hipotecas. “A nadie le interesa que el cliente pierda su vivienda y al banco no le interesa adquirir vivienda”, defendía el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante la presentación de resultados.

Más allá de la polémica entre el sector bancario y el Gobierno por la nueva propuesta de Unidas Podemos de topar las hipotecas variables, con dos posiciones enfrentadas de nuevo -la parte morada liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y la parte socialista, con la vicepresidenta primera y máxima responsable económica, Nadia Calviño, como voz autorizada para el ámbito financiero- los bancos no han observado hasta ahora dificultades de sus clientes a la hora de hacer frente al pago de las hipotecas.

Cifras mínimas simbólicas en el primer mes de vigencia

Las cifras presentadas hace apenas unos días en la oleada de presentación de resultados financieros no han hecho sino dar credibilidad a las palabras de los líderes a la hora de lanzar un mensaje de tranquilidad y cuestionar la última propuesta de Unidas Podemos para el sector financiero. Solo CaixaBank ha recibido un número representativo de peticiones de adhesión al nuevo Código de Buenas Prácticas, 820 solicitudes entre sus más de 12 millones de clientes en España, según la cifra avanzada por el propio consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la presentación de sus cuentas económicas anuales. Un porcentaje ínfimo, alrededor del 0,007% de la cartera de clientes de CaixaBank, obtenido hasta el pasado 31 de enero de 2023. Por su parte, el resto de líderes de las grandes entidades no han anticipado una cifra concreta pero reconocen haber observado una “mínima incidencia”, ni siquiera cuantificable frente al número de clientes totales.

Las cuatro grandes entidades españolas reconocen así un mínimo impacto de la medida para proteger a los clientes en el pago de hipotecas, en algunos casos incluso “simbólico” según fuentes del sector, con una o dos peticiones desde la entrada en vigor de la actualización del Código de Buenas Prácticas a finales de noviembre. En total, la gran banca ni siquiera habría alcanzado las 1.000 peticiones de solicitud al nuevo Código, frente a las previsiones iniciales del Gobierno, que ampliaba las medidas de protección a más de 300.000 familias.

Ante esto, los líderes de bancos como BBVA, Banco Santander, CaixaBank o Banco Sabadell llaman a la calma, reiterando que no observan un problema de impago de hipotecas, pero mantienen la cautela ante un posible aumento de la morosidad para este ejercicio 2023. Y es que la medida acordada entre Gobierno y patronales bancarias ha estado vigente poco más de un mes en el ejercicio de 2022. No obstante, todas ellas han reiterado que mantienen las medidas de protección a sus clientes, desde antes incluso de la actualización del Código de Buenas Prácticas.