Tras nueve meses de escenario bélico, la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania no presenta visos de remitir, al menos en el corto plazo. La última novedad ha sido el ataque ruso perpetrado el 23 de noviembre con el objetivo de golpear, una vez más, la red eléctrica de Ucrania. Según ha apuntado el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el 50% del sistema eléctrico del país ha sido destruido. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está utilizando el invierno y las bajas temperaturas de Ucrania, como arma de guerra, dirigiendo los ataques de las últimas semanas contra infraestructuras energéticas. “El aumento de las facturas de alimentos y energía auguran tiempos difíciles para muchos hogares en Europa. Pero debemos recordar que el pueblo de Ucrania paga con su sangre todos los días”, ha señalado Stoltenberg en una entrevista con el diario alemán Die Welt.

Cada día, va llegando a Europa información de cómo avanza el conflicto, al tiempo que los ciudadanos experimentan un impacto directo en su propio bolsillo a través de la inflación. Mientras, en Ucrania, los ataques rusos han dejado a millones de personas sin agua, calefacción, ni luz, en meses críticos de temperaturas bajo cero. Pero, ¿cómo es la situación económica dentro de las fronteras rusas?, ¿se están notando las sanciones occidentales?, ¿está perdiendo músculo financiero el Kremlin?

Las cifras empiezan a incomodar a los próximos al Kremlin

A 18 de noviembre, Rusia acumulaba un total de 11.917 sanciones, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Japón. Los datos están disponibles en Castellum.ai, una entidad que recoge sanciones a nivel global y que demuestra que actualmente Rusia es el país más sancionado del mundo. “Las sanciones tienen por objeto debilitar la capacidad de Rusia para financiar la guerra y se dirigen específicamente contra las élites política, militar y económica responsables de la invasión”, han esgrimido en más de una ocasión portavoces del Consejo Europeo.

Estas sanciones, que pueden ser financieras, sobre las importaciones y exportaciones de gas y petróleo, material de defensa, servicios de transporte y cierre del espacio aéreo, entre otras, empiezan a demostrar su efecto en el país ruso. Así, el Banco Mundial espera una caída del -4,5% del crecimiento anual del PIB de Rusia en 2022. Aunque según el este organismo, estas medidas están teniendo “efectos económicos menos graves a corto plazo que lo esperado”, se espera que el impacto vaya siendo mayor con el paso de los meses.

De hecho, incluso medios de comunicación rusos afines a Putin han comenzado estos días a reconocer que el buque de la economía rusa está tocado y cada vez más hundido. Uno de los ejemplos es el de Svobodnaya Press, un grupo de medios rusos que, aunque hacía hincapié en el respaldo proporcionado por la venta de petróleo, el gas y otras materias primas, también reconocía que “todas las demás fuentes de ingresos muestran una fuerte caída. La industria manufacturera está en una profunda crisis, el comercio también: la gente no tiene dinero. De hecho, toda la economía de la Federación Rusa se está derrumbando, y solo reformas rápidas y radicales asociadas con un cambio completo de prioridades, principalmente sociopolíticas, pueden detener este proceso”.

La desaceleración económica rusa, que ascendió a solo 0,4% en la primera mitad del año, aumentará a finales de año a 2,9%, según la previsión del Ministerio de Desarrollo Económico. Además, para el mencionado ministerio ruso, la situación no para de agravarse, ya que en los últimos 4 meses del año, se espera una reducción de la producción industrial se espera un 7,2%.

Asimismo, según datos de octubre de 2022, los ingresos no petroleros y de gas del presupuesto federal cayeron en un 20,1%. Y, en cuanto a la demanda interna, para el segundo semestre del año se pronostica una reducción del consumo de la población rusa en otro al 8,5%, según analiza el actual Mikhail Delyagin, vicepresidente del Comité de Política Económica de la Duma Estatal.

Que las sanciones están asfixiando las importaciones rusas y paralizando la industria es una realidad imposible de negar, incluso para el poderoso Putin. Una realidad que se ve reflejada en datos como la producción de automóviles, que cayó más de un 60% en agosto. De igual forma, según Bloomberg, un documento interno del Kremlin reflejaba que los ministros de Putin prevén tres escenarios que verían la economía estrecharse de nuevo en 2023, en el peor de los casos llegando en 2024 a un 11% por debajo del nivel que ostentaba 2021.

Las declaraciones de medios y las previsiones de instituciones rusas despejan las dudas sobre una posible “propaganda occidental” y ponen encima de la mesa una verdad incontestable: la economía rusa se está resintiendo gravemente por la guerra, un hecho que Putin no calculó cuando inició su “operación especial”.

La posibilidad de levantamiento popular desvanecida

Había en Occidente al principio de la invasión una ligera esperanza de que el malestar económico removiese al pueblo ruso y este se levantase contra el régimen. Un ideal de que Putin no solo tuviera un enfrentamiento externo contra Ucrania, país respaldado por la Unión Europea, Estados Unidos y el resto de Occidente, sino que el líder del Kremlin se viese además cuestionado y reprendido por los propios rusos. Miguel Otero, Investigador del Real Instituto Elcano, señalaba en marzo de este año que existía una regla relacionada con este asunto, la propuesta por Erica Chenoweth y Maria Stephan. Ambas, tras estudiar cientos de levantamientos populares, llegaron a la regla del 3,5%, consistente en que, si el 3,5% de la población se moviliza en contra del gobierno de manera pacífica, este se derrumba. En el caso de Rusia, con una población de 145 millones, este levantamiento debería ser de cinco millones de personas. Una cifra, ya de inicio, considerablemente alta.

Ahora, las esperanzas de un levantamiento popular en terreno ruso se han desvanecido, en gran parte gracias a la ley decretada sobre la desacreditación de las acciones de las fuerzas armadas en Ucrania, que impone desde multas hasta 15 años de cárcel. De hecho, en septiembre de este año cuando se decretó la movilización parcial de la población rusa para acudir a luchar en Ucrania, el pueblo ruso quiso mostrar su malestar y se organizaron distintas protestas. Estas se saldaron con más de 1.300 personas detenidas en 38 localidades, según los datos de la organización OVD-Info. Este hecho se junta además con la percepción del pueblo ruso, que es resistente por las guerras y situaciones históricas que ya ha tenido que afrontar.

Tal y como temían expertos y analistas cuando empezó la guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en el juego de quién aguanta más o quién está peor. En su interior, Rusia cuenta con un 25% de su población que vive en el ámbito rural y que acostumbrada a una economía de subsistencia. Hay millones de rusos con salarios humildes y que viven en ciudades que sobre todo se ven afectados por la inflación, una situación que comparten con los ciudadanos occidentales. Los ciudadanos de la oligarquía rusa son los que más contraste experimentan respecto a su anterior nivel de vida. Por ello, algunos han sido críticos con la actitud de Rusia, aunque comienzan a acallarse las voces después de que un total de 14 oligarcas hayan fallecido por accidentes, suicidios o envenenamientos. Parece que Putin sabe cómo acallar a su pueblo y, de momento, ha conseguido que la idea de levantamiento popular se haya desvanecido.

Sin embargo, hay un aspecto que el líder ruso no logra silenciar, ni si quiera a través de su instaurada vertical de poder construida en torno a su figura y que atraviesa a todo el Kremlin: la mala situación económica. Llega el invierno a Kiev, llega también a Bruselas, pero los últimos meses del año se prevén duros en términos financieros también para Moscú y, tal y como prevén los organismos rusos, la caída económica de Rusia solo está empezando a ser visible.