En el acto de toma de posesión de los altos cargos de su ministerio, De Guindos ha pretendido restar importancia a la polémica desatada sobre el déficit de 2011 y ha asegurado que la previsión que maneja el equipo económico del Gobierno es un saldo negativo de las cuentas "en el entorno del 8%" al cierre del año, en lugar del 6% previsto.

Declaraciones contradictorias
En su debate de investidura, Rajoy negó que fuera a subir los impuestos, pero la promesa duró unas semanas. Una dinámica de contradicciones que se ha contagiado ya  su equipo. Ayer, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que el porcentaje que maneja el Ejecutivo es el 8%, pero De Guindos, en una entrevista en la Cadena Ser, anunció que podría ser superior a esa cifra, lo que lleva, según puntualizó, a “una situación extremadamente difícil para la economía nacional”.

El ministro del Interior habló del 8,2%
Durante la tarde, el ministro del Interior, Jorge Fernández, a pesar de no tener responsabilidad en el área económica, se refirió también al déficit, que cifró en el 8,2% del PIB, y agregó que el Gobierno deberá llevar a cabo un recorte de 38.000 millones de euros para cumplir con el objetivo de reducir hasta el 4,4% el déficit en 2012. En un mismo día tres ministros ofrecieron datos diferentes.

Reformas estructurales
De Guindos, hoy, ha dicho que está “entorno del 8%”, y que en cualquier caso España no puede permitirse un déficit tan elevado, por lo que es importante acompañar las políticas de ajuste con reformas estructurales necesarias para el país, como la reforma laboral o la del conocimiento.

El Estado de bienestar "en cuestión"
El ministro de Economía y Competitividad se ha referido, además, a los "malos y negativos" datos de paro conocidos hoy, que –ha precisado- ponen de manifiesto que se trata del principal problema económico del país, que pone en cuestión el Estado del bienestar. Se refería a los 4.422.359 de parados registrados en los servicios públicos de empleo en 2011, un dato que, a su juicio, refleja que el desempleo es una lacra social y constituye el principal elemento de vulnerabilidad de la economía española.