La Covid 19 ha situado al Gobierno y a los ciudadanos entre las cuerdas. Más de 812.000 personas permanecen bajo un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), una situación que se prolongará, de momento, hasta el próximo 31 de diciembre y para la que no aseguran, haya presupuesto.

La prórroga de los ‘ERTE por sectores’, concedida por el Ministerio de Trabajo en esta segunda oleada de la Covid 19, limitará las ayudas a las empresas y reducirá los derechos de los trabajadores. Un ejemplo de ello es el denominado ‘contador cero’, un derecho que se concedió durante el primer tramo de la pandemia a quienes quedaron sometidos a un ERTE y por el que no se computaba el tiempo inactivo de cara a futuras prestaciones de desempleo. Es decir, los trabajadores empezarán a consumir paro a partir del sexto mes en ERTE, lo que complicará la supervivencia económica de aquellos que sean despedidos el próximo año y se hayan encontrado previamente en esta situación.

Para las empresas la situación también empeora. El próximo 30 de septiembre caducan los denominados ERTEs por fuerza mayor. A partir de ese momento, la prórroga de estos expedientes estará marcada por un criterio sectorial.

Las empresas podrán acogerse a partir de entonces a los denominados ERTEs Etop, es decir, los Expedientes de Regulación de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción relacionadas con la Covid-19, regulados en el art. 23 del RDL 8/2020, y que están suponiendo un punto de fricción entre el Ejecutivo y la CEOE, que considera que la ayuda solo va a llegar a llegar a algunos sectores, como es el caso del ocio nocturno.

Sin embargo, existe un ‘respiro’ para algunos empresarios. En el caso de que las empresas no se encuentren entre las enumeradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE09, y por lo tanto entre las que se pueden acoger a los ERTEs del rebrote, sí podrán acogerse a este tipo de ERTEs aquellas que acrediten que su facturación depende de una empresa de la lista al menos en un 50 por ciento.

Además, la letra pequeña de estos ERTEs por rebrote especifica que las empresas verán reducido el porcentaje de exoneración (entre el 60 y 80 por ciento) del que hasta ahora se beneficiaban; que no podrán pagar dividendos con cargo al ejercicio del año y tampoco contratar o externalizar servicios mientras se encuentren acogidas a este tipo de expedientes de regulación de empleo. Los trabajadores activos no podrán realizar horas extraordinarias ni podrán efectuarse despidos en un periodo de seis meses desde la finalización del ERTE.

Sin embargo, el borrador del Plan MeCuida, aún no está cerrado. Mientras los empresarios solicitan al Gobierno que los ERTEs se prolonguen hasta el mes de abril - los sindicatos solicitan que sea hasta el próximo verano- y no se tenga en cuenta el criterio sectorial, el Ejecutivo, hace cuentas. Y no obtienen un buen resultado.

Por ello, Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desvela, entre líneas, que el problema es básicamente de presupuesto: “tenemos que asegurarnos de cara a los próximos meses que ese dinero se usa de la mejor manera posible para ayudar y apoyar a aquellos que verdaderamente lo necesitan e impulsar la economía española”.

Sin dinero para los ERTE

Mientras sindicatos y patronal siguen debatiendo con el Ejecutivo cuáles serán los términos del acuerdo para sacar adelante los nuevos expedientes, el Estado entra en números rojos.

En los primeros seis meses del año el Gobierno ha multiplicado por cuatro el déficit, lo que ha supuesto que se vacíen las arcas de la Seguridad Social. De hecho, en este mismo periodo, el SEPE reconoce que se han gastado 23.359 millones de euros en prestaciones, más de 2.000 millones por encima de los 21.300 millones que la Comisión Europea habría decidido asignar a España a través de un préstamo- programa SURE- para financiar el coste de los ERTEs. Un dinero, del que no disponía.

Y es que España vuelva a batir récords. Por primera vez, hay 3,24 millones de trabajadores que se encuentran cobrando alguna prestación económica. La cifra más elevada de la historia del país, que se ha superado a los 3.04 millones de trabajadores que en el año 2010, en plena crisis económica, llegaron a percibir algún tipo de prestación.