Si España fuera un barco, estaría a la deriva. El impacto económico del Covid 19 deja un panorama desolador para un país diezmado por la ineficacia de su modelo económico y productivo.

Más de 800.000 personas se encuentran en ERTE y cerca de 3,24 millones de trabajadores perciben alguna prestación del Estado. Sin embargo, a estas alturas de la pandemia, cabe preguntarse: ¿son los fondos infinitos? La respuesta esque “no” y nuestro país está muy cerca de agotarlos.

España gasta mensualmente entre 4.500 y 5.000 millones de euros, según el Ejecutivo, para pagar a los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo. Es decir, que, de ser ciertas las cifras que arroja el Gobierno, se habrían destinado más de 24.000 millones de euros en un periodo de seis meses a gestionar estos pagos, siendo de 21.300 millones de euros el fondo de ayudas al desempleo (SURE) que la Comisión Europea ofreció a España. Se trata de una cantidad desorbitada si se tiene en cuenta que equivale al 18 por ciento del gasto anual en pensiones y que el programa de estabilidad que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado 30 de abril, cifraba que las prestaciones asociadas a los ERTE iban a tener un impacto presupuestario de 17.840 millones de euros y las exoneraciones en las cotizaciones, de 2.216,2 millones en seis meses.

Por su parte, en este contexto, el Banco de España arroja aún peores previsiones y advierte  una tasa de desempleo entre el 17,1 por ciento y el 18,6 por ciento para este año y entre el 19,4 y el 22,1 por ciento en 2021.

¿Diálogo social?

Teniendo en cuenta el contexto actual y la situación de colapso sanitario. ¿Habrá consenso? El debate para cerrar el acuerdo que defina los puntos del real decreto-ley para ampliar los ERTEs se tensa con el paso de los días.

El Ejecutivo, consciente de que las arcas de la Seguridad Social se encuentran en números rojos, ha asegurado, a través de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que los ERTEs se prorrogarán hasta el próximo 31 de enero. Además, la ministra propone alargar el encarecimiento del despido hasta el año 2021.

Esta precisamente es una de las discrepancias que surgen entre el Gobierno y la patronal, que se posiciona en contra de la prohibición del despido objetivo. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE asegura tener “dudas de que los datos que transmite la Seguridad Social sean reales”. Tanto al CEOE como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) afirman no estar de acuerdo con los datos aportados por el Gobierno y cifran el coste de los ERTEs entre 3.300 y 3.800 millones de euros al mes. “No nos cuadran las cifras y por eso nos gustaría tener información más específica. Tiene que haber un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno. Respecto a los despidos, el empresario debe tener la potestad de poder adecuar su empresa a su actividad y si está en una situación de riesgo de quiebra tiene que poder despedir y tiene que hacerlo para salvar otros empleos posteriormente. Es vital para la supervivencia de muchos negocios”, explica a ElPlural.com Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.

Además, el Ejecutivo mantiene la idea de los ERTEs por sectores, un punto que le distancia aún más de los empresarios. “El gran problema es que hay una visión sectorializada. No tiene sentido que se limiten los ERTEs a una cuestión sectorial si no que se debe buscar la situación financiera de la empresa independientemente del sector en el que está. Ninguna empresa es una isla en el perfil empresarial. Todo está vinculado. Es cierto que hay sectores más afectados por la estacionalidad y su vinculación al sector turístico, pero existen más realidades”, afirma Ferrero.

Por su parte, UGT asegura que no aceptará los denominados “ERTE Etop” si no se garantiza el denominado “contador cero”, es decir, que los sindicatos se niegan a que los trabajadores comiencen a consumir tiempo y dinero de una futura prestación por desempleo transcurridos bajo un ERTE. Tampoco negociarán que se elimine la cláusula de salvaguarda del empleo.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

Si los entes sociales y políticos no consiguieran llegar a un consenso antes del próximo 30 de septiembre, nuestro país se dirigiría a un otoño marcado, no sólo por la pandemia, sino también por el desempleo.

El compromiso adquirido durante el primer periodo de los “ERTEs por fuerza mayor” concretó que las empresas tendrían que mantener a toda la plantilla por un periodo de hasta seis meses después de que reiniciaran su actividad.

Teniendo en cuenta que muchas compañías se reactivaron durante el mes de abril, este periodo de carencia finalizaría en septiembre por lo que, durante el mes de octubre, podrían comenzar a engrosarse las ‘filas del paro’.  Según Ferrero, el consenso es indispensable: “Si no hubiera acuerdo, esperamos que se prorrogue la fecha de lo actual porque si no va a haber una debacle. Hay que tener en cuenta que, si computamos todos los ERTEs que se produjeron en el mes de marzo, ahora podrían transformarse en despidos”.