La propagación del Covid-19 y por ende la restricción a la movilidad y el cierre de muchos negocios ha puesto en pausa la vida de cientos de miles de trabajadores que, desde el día 14 de marzo, han visto alterado su modo de vida y sus hábitos.

No obstante, España comienza un polémico periodo de desescalada, en el que el virus y la preocupación por la situación sanitaria ha quedado relegada a un segundo plano. Son el buen o mal funcionamiento de la economía y el futuro laboral las principales preocupaciones de los españoles, muchos de ellos inmersos en un ERTE. ¿Pero, realmente se sabe cómo los ERTEs pueden modificar la vuelta a la “normalidad”?

Nos aproximamos al periodo estival y la letra pequeña de los ERTEs nos habla, por ejemplo, del derecho a las vacaciones, que está regulado en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores; es un derecho constitucional (amparado en el artículo 40.2 de la Constitución) y además está contemplado en los convenios colectivos. Sin embargo, el ERTE modifica esta cuestión. Es decir, entrar en un ERTE supone una suspensión temporal del contrato de trabajo, por lo que los empleados no generan el derecho a las vacaciones. En esta circunstancia, un trabajador que, por ejemplo, permanezca durante 3 meses en un ERTE, habrá perdido el 25 por ciento de sus días de vacaciones. Supongamos que, de los 30 días naturales previstos a principios de año, sólo podrá disfrutar de 20 días.

Para aquellos casos que se enfrenten a un “Erte parcial”, que implica la reducción de la jornada laboral, se devengará las vacaciones de manera proporcional cuando esta persona retome su contrato laboral. 

Pero, ¿y si estaba de vacaciones de vacaciones cuando se aplicó el ERTE? En este caso, los días de descanso se interrumpen, ya que el contrato queda suspendido temporalmente. Será el trabajador quien, cuando se reincorpore a su actividad laboral, podrá reclamar los días que estaba disfrutando durante el periodo en el que se decretó el expediente de regulación temporal.

Otros aspectos de los ERTE

El Ejecutivo, que finalmente ha desvinculado los ERTEs del estado de alarma,  ha considerado prorrogarlos hasta el próximo día 30 de junio. El día siguiente al fin de este periodo límite, las empresas tendrán que readmitir a sus empleados y mantenerlos en plantilla al menos durante un periodo de seis meses, por lo que, durante este tiempo, se prohíbe realizar despidos que no sean procedentes. ¿Podrán soportar esta carga las pymes?

Uno de cada cuatro trabajadores europeos (42 millones en total), está afectado por un expediente de regulación temporal de empleo a causa de la propagación de la pandemia. En España, concretamente, desde el inicio del Estado de Alarma, son más de cuatro millones, las personas afectadas por los ERTEs.

La continuidad de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo es, evidentemente, una de las principales encrucijadas a las que se enfrentan las pymes, que no tienen músculo suficiente para hacer frente a los pagos, cargas fiscales ni a los salarios. Por ello, el Gobierno, ha realizado una modificación, ya publicada en el BOE, por la que se exonera de cuotas a las compañías que retomen su actividad antes del 30 de junio. ¿De qué forma?

Para aquellas empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y que reincorporen al menos a un trabajador durante el mes de mayo, se les exonerará de un 85 por ciento de su aportación empresarial, es decir, la empresa pagaría un 15 por ciento de la cuota del mes. La exoneración se extiende a un 70 por ciento durante el mes de junio. En el caso de que la empresa contara con más de 50 trabajadores, la cuota se vería reducida en un 60 por ciento y en un 45 por ciento respectivamente. ¿Es suficiente?

Seguramente no. En las últimas semanas, 6 de cada 10 autónomos (59,9 por ciento) han vuelto a la actividad, según afirma la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). No obstante, la asociación considera que los pequeños empresarios no están preparados para afrontar el nuevo escenario post-covid y por ello, solicitan al Ejecutivo aplazar los ERTE “un mes posterior a la finalización del estado de alarma”.

Las pymes, suponen el 99,2 por ciento del tejido productivo de España y sin embargo, se encuentran en riesgo de extinción. Según ATA “uno de cada diez autónomos -unos 300.000- prevé tener que cerrar su actividad este año, y un 40,5 por ciento del colectivo duda si podrá continuar adelante”. Una sangría empresarial que impacta directamente contra quienes aportan el 65 por ciento del PIB y el 75 por ciento de la fuerza laboral del país.