El Consell valenciano de Carlos Mazón está bajo lupa debido a su gestión frente a la DANA, la cual se cobró la vida de más de 200 personas. Pero en lo que se refiere a las responsabilidades expresamente políticas, sus decisiones no sólo están en el punto de mira por haber eliminado la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) -conocida como la UME valenciana-, sino que ahora pretende erradicar la Agencia Valenciana de Cambio Climático.

Tal y como reza en el borrador de los Presupuestos autonómicos de 2025, se incluye en el anteproyecto de ley de acompañamiento de estas cuentas públicas la eliminación de dicha entidad. El proyecto, iniciativa del Consell del Botànic de Ximo Puig, ya recibió al término de la pasada legislatura la negativa del Partido Popular y Vox al considerar que era “un nuevo chiringuito”.

Es la Ley 6/2022 de la Generalitat valenciana, referida a cambio climático y transición ecológica, la que más cambios sufrirá a partir de estos presupuestos en virtud de la Ley de Acompañamiento, pero no viendo sus puntos potenciados, sino todo lo contrario. Así, se verán suprimidos los contenidos que aluden al Comité de Personas Expertas en Cambio Climático, además de la Asamblea de la Ciudadanía Valenciana por el Clima.

Cabe remitirse a las claves de esta entidad para entender su relevancia, más aún ante catástrofes sin precedentes como la acontecida con la última DANA. La iniciativa fue entonces impulsada por la entonces consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollá de Compromís, con el fin único de actuar de manera coordinada con planes que paliasen los efectos del cambio climático, así como la lucha contra la descarbonización.

Otros de los ejes vertebradores del organismo autonómico se centraban en evaluar las políticas climáticas y los planes de acción sectoriales en el ámbito de adaptación a la emergencia climática, la reducción periódica de gases efecto invernadero y de carbono, abordar la vulnerabilidad y escasez de recursos.

La UME valenciana, fuera de los planes de Mazón

Fue una de las primeras medidas aplicadas por Mazón al tomar el mando del Consell tras las elecciones autonómicas. En apenas cuatro meses, la UVE, organismo encargado de intervenir en cualquier caso de emergencia climatológica en el territorio valenciano, fue suprimido.

El Gobierno autonómico de Mazón, entonces compuesto por PP y Vox, eliminó por la vía de urgencia el decreto por el que se reguló dicho organismo, impulsado en febrero de 2023 por el Ejecutivo de Puig. Posteriormente, los populares hicieron gala de esta decisión en redes sociales.

Así, la consellera de Justicia de entonces, Elisa Núñez, de Vox, calificó a esta entidad de “ocurrencia” y el conjunto del PP valenciano, al igual que la Agencia de Cambio Climático, de “chiringuito” y un “organismo ficticio”. “La UVE es un proyecto que añade más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, una nueva ocurrencia para tapar carencias enormes en esa gestión y que castiga a un sector harto de malas decisiones”, defendió entonces la consellera.

Mazón redujo en 13 millones el presupuesto en Emergencias

Este escenario, puesto en entredicho con agravante debido a la gestión acometida sobre la DANA, se suma a que el Ejecutivo de Mazón redujo hasta en 13 millones el presupuesto autonómico sobre las competencias en Emergencias.

Los recortes vinieron de los primeros presupuestos de Mazón, en el que liquidó el Plan Vega Rechace, con el que se destinaron hasta 750 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA de 2019. El Ejecutivo valenciano del PP y Vox recortaron el gasto de este ámbito.

Así, en los Presupuestos de este año, presentados en diciembre de 2023, reza la destinación de gasto para entidades enfocadas en Emergencias, tales como la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) que se encargaba de la “extinción de incendios forestales y emergencias”, que recibió una dotación de 57 millones de euros. Una cifra que se aleja a la cantidad aportada por el Consell de Puig, de más de 70 millones; es decir, casi un 20% menos, unos 12,7 millones.

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