Desde que llegó al sillón del Palau de la Generalitat en 2023 aupado por la ultraderecha, Carlos Mazón ha tomado una serie de decisiones en materia de emergencias que culminó con su gestión de la DANA que arrasó Valencia hace dos semanas. A los pocos meses de ser investido, el líder del PP en la región suspendió la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por el anterior Consell precisamente para actuar en ese tipo de catástrofes. Con un presupuesto de 70 millones de euros anuales, la UVE tan sólo requería un cuarto del agujero que deja la rebaja fiscal a los ricos de Mazón de presupuesto.
Este no fue el único recorte a la gestión de emergencias del Gobierno regional de PP y Vox, pues en sus primeros presupuestos liquidaron el Plan Vega Renhace, que dedicaba 750 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA de 2019, especialmente en la comarca alicantina de la Vega Baja. La primera partida presupuestaria de Mazón con la ultraderecha descartó esta iniciativa, pero también recortó notablemente la dotación a algunas de las entidades que juegan un papel fundamental en la gestión de las emergencias.
En los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, aprobados en diciembre de 2023, se puede encontrar la estimación de gastos de las diferentes sociedades mercantiles pertenecientes a la institución regional. Entre ellas se encuentra la Sociedad Valenciana Gestión Integral Servicios de Emergencias (SGISE), constituida en 2018 con el fin de organizar "el personal y las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias". La dotación reservada por Mazón a esta empresa de dominio público es de 57.441.560 euros.
El presupuesto de la SGISE disminuyó un 20% a pesar de que el de las sociedades públicas aumentó
Este dato deja en evidencia -una vez más- el desdén del Ejecutivo de la derecha y la ultraderecha por las emergencias, en las que han recortado a conciencia desde que llegaron al poder. En los Presupuestos anteriores, los del Consell del Botànic que lideraba Ximo Puig, el presupuesto para la SGISE era de 70.141.560 euros. Esto quiere decir que con el cambio de Gobierno, la dotación a la empresa que coordina el personal de emergencias en la Generalitat se ha reducido en 12,7 millones de euros, es decir, casi un 20%.
Se trata de un recorte hecho a conciencia para atacar al anterior Ejecutivo socialista. Aún cuando la UVE no se había aprobado, Mazón la calificó como "un nuevo chiringuito", y su negligente gestión de la catástrofe del 29 de octubre demuestra que las emergencias, un problema cada vez más grave para la Comunidad Valenciana, no son una prioridad para él. El presupuesto total de las sociedades mercantiles de la Generalitat ha aumentado en 160.304.470 euros entre 2023 y 2024, lo cual hace más grave aún que la partida para emergencias disminuyese.
Mientras el presupuesto para la SGISE fue recortado, otras sociedades vinculadas a la Generalitat vieron como su presupuesto creció notablemente. Es el caso de la Societat Valenciana d’Inspecció Técnica de Vehicles, SA., que pasó de contar con unos 65 millones de euros de dotación a más de 80 millones con Mazón. Del mismo modo, otras entidades como Espais Econòmics Empresarials, SL., dedicada a la promoción urbanística pasó de 13,4 millones de euros a 148,5 millones en 2024, es decir, diez veces más presupuesto que en 2023.
La SGISE, la sociedad de gestión de emergencias en la que Mazón y Vox recortaron
La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias es una entidad dependiente de la Generalitat Valenciana creada el 21 de diciembre de 2018. Se encarga de "la gestión del personal y de las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias en los términos previstos por la Ley 13/2010". Está vinculada al Servicio de Bomberos Forestales, de la que partía también la estructura planteada para la UVE que Mazón suprimió, y funciona bajo el paraguas de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el organismo a través del que Salomé Pradas, consellera de Interior, estuvo al mando de la gestión de la crisis de la DANA en sus primeras horas.
