Una de las múltiples cuestiones que los familiares de víctimas de residencias recriminan a la Comunidad de Madrid en la aplicación de los denominados como protocolos de la vergüenza es que los pacientes que tuvieras seguro privado, tal y como está constado, sí fueron derivados. Una cuestión de clases que, además de escapar a cualquier ética y moral, ni siquiera se entendería desde un punto de vista económico que, por supuesto, tampoco estaría justificado.
“Fue un sesgo absolutamente economicista. Por mucho que la región madrileña se empeñe, nunca se ha negado que hubiera camas de sobra en los hospitales privados, ni lo relativo al famoso mando único (…) Pero lo diferencial fue que los hospitales privados de la autonomía tenía que pagar esos gastos de estancia, que se encontraban entre los 800 y los 1.000 euros al día según la intensidad de la dolencia”, expresa José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y una de las personas que más ha colaborado por hacer justicia sobre lo acontecido al principio de la pandemia del Covid en los centros de mayores de Madrid.
300 millones para un hospital sin quirófano
Es otra de las siete personas -sin considerar a las estrictamente políticas como el exministro de Sanidad Salvador Illa o el que fuera vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- sobre los que Ayuso ha centrado el foco en las últimas semanas, a raíz del documental 7.291, que muestra las costuras de la administración Sol en marzo de 2020. Y ahora, responde a todas las preguntas que le plantea este periódico de manera contundente.
“Si lo que digo no es cierto, ¿por qué quienes tenían seguro privado sí podían ir a hospitales? Pues porque la Comunidad de Madrid se ahorraba dinero”, cuestiona y contesta; añadiendo que ese montante “se debió emplear” en esa derivación que no se llevó a cabo. “Sin ser matemático, la cantidad no alcanzaría ni de lejos el disparate de lo que costó el Zendal, valorado en 300 millones de euros”.
Para más inri, destaca que el proyecto faraónico de la presidenta fue “algo único en el mundo” porque no tenía quirófanos. “Es como si un estadio de fútbol presume de ser magnífico y no tiene porterías”, emite en cierto tono de sorna dentro de lo serio del tema.
"Durante tres años la Comunidad no negó las 7.291 víctimas"
El jurista desmonta uno a uno los argumentos que la presidenta esgrime ahora, un lustro después, para tratar de evadir responsabilidades: que la cifra de fallecidos fue de 4.100 y no el que se manejaba hasta el momento, que los protocolos no los firmó un alto cargo madrileño, etc.
“Me parece extraño que durante dos años y pico o tres el Ejecutivo no haya negado el número”, dicta sobre lo primero. “Parece que el impacto del documental les ha puesto contra las cuerdas y por ello sacan una nueva cifra, que no por menos es despreciable”, destaca. “Pero esto no va de contabilizar muertos, sino de explicar por qué murieron”.
"Protocolos como los de Madrid no existieron en ningún sitio"
Y en esa explicación, el motivo tiene razones -para nada justificables en opinión de familiares y especialistas en la materia- y firma. “En todas partes del hubo muertos. El Covid se llevó por delante la vida de 11 millones de personas. Pero protocolos como los de Madrid, con firma electrónica digital de un representante como Carlos Mur no existió en ningún sitio”, concreta.
La excepcionalidad de la región liderada por Isabel Díaz Ayuso, como ha explicado este periódico en otras ocasiones, pasa por distintos niveles entre los que se encuentra que la autonomía podría haber derivado a pacientes a hospitales públicos, privados o IFEMA; por no mencionar la dureza del lenguaje empleado en el texto. “Todos los especialistas, y no hace falta ser un alto científico, coinciden en que aquello fue algo que atenta contra los principios de la ética y la ciencia médica (…) No derivar a una persona por ir en silla de rueda es algo que va en contra no solo estos principios, sino del propio sentido común”, emplaza el protagonista de estas líneas.
Así las cosas, el magistrado emérito tacha de “absolutamente inhumana” la criba que efectuó la capital al principio del Covid: “Es una obviedad que una persona puede estar en silla de ruedas y tener una salud de hierro. O un déficit cognitivo -todos pensamos en el alzhéimer- y lo analíticas que mucha gente con el colesterol o la glucosa alta desearía”. “Atenta contra los principios de la dignidad humana y el propio sentido común”, asume.
Preguntado en última instancia por la limitación que lleva a cabo la Comunidad de Madrid -que no el PP- en esa lista negra que la región remitió a los medios de comunicación y de la que forman parte, entre otras, la epidemióloga María Zunzunegui, como “activista vinculada a Unidas Podemos” -a pesar de haber dedicado toda su vida a estudiar el envejecimiento- el ex magistrado también responde. “Es una táctica muy antigua que se usa cuando no sabes contrarrestar los razonamientos y los informes. Si sus argumentos van hacia esa deriva es que están reconociendo que lo que se dice es verdad y no saben cómo contrastarlo”, se limita a constatar.
Pero no por ello aprovecha la oportunidad de desmentir el señalamiento contra él y sus compañeros. “A mí me dicen que fui fundador de Izquierda Unida y nunca ha estado en IU”, insta. Es cierto que viajaba mucho a Perú en misiones de derechos humanos y había un partido allí que se llamaba así, pero fuera de eso…”, dice esbozando una sonrisa. “Y ya decir que fui miembro del Partido Comunista (PCE)… Creo que la democracia española tiene que agradecerle mucho a la lucha del PCE contra la dictadura”, una realidad que no es baladí recordar a alguien que emplea el término "comunista" como insulto.
