“Es triste que (Isabel Díaz Ayuso) reduzca toda una vida dedicada a la ciencia a una frase que, además, es falsa”. Así de contundente se pronuncia María Victoria Zunzunegui (Bogotá, 72 años) cuando ElPlural.com le pregunta por el señalamiento que la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a cabo la semana pasada coincidiendo con los cinco años de la pandemia del Covid y en vísperas de la emisión del documental 7291 en RTVE.
A esta epidemióloga le ampara un currículum nacional e internacional -estuvo 17 años ejerciendo de investigadora en Montreal (Canadá)- centrado en el conocimiento sobre el envejecimiento. “Ahora estoy trabajando en el trato que ofrecen los centros de mayores”, destaca la protagonista de estas líneas, reconocida por sus labores de divulgación en diferentes instituciones. “Yo siempre he acudido cuando me han llamado para compartir mi conocimiento, independientemente de quien me contactara, aunque eso implicara cambiar mi agenda personal”, expresa.
Basta con hacer una búsqueda rápida por la red para confirmar la carrera de Zunzunegui. Sin embargo, la administración Sol la incluyó en la lista negra como “activista vinculada a Podemos”, algo que ella no solo deja claro que es reduccionista, sino mentira. “Claro que soy activista, porque creo porque defiendo los derechos humanos, la justicia social y muy en particular el derecho de las personas mayores a tener una vida y una muerte digna, pero eso no es nuevo, sino lo que llevo haciendo siempre”, emplaza desde el otro lado del teléfono.
“Clama al cielo”
De la mano de las otras seis personas que la región madrileña incluyó en el comunicado que distribuyó la semana pasada entre los medios de comunicación para desmentir las acusaciones vertidas contra la autonomía por los denominados “protocolos de la vergüenza”, esta experta en la materia es clara: “Clama al cielo. Ayuso debería rendir cuentas”.
En este sentido, Zunzunegui atiende a este periódico mientras revisa los datos. “Es muy fácil explicar qué ocurrió exactamente (…) Yo tengo los datos de todas las residencias de Madrid (470 de 475, ya que cinco no facilitaron las cifras de mortalidad)”, proyecta. “Los pacientes que fallecieron en estos centros, en hospitales, sospechosos de Covid y por otras causas”, detalla.
Estos números, facilitados por el propio Portal de Transparencia y que se encuentran en los ordenadores de la Consejería de Sanidad (SERMAS) varían entre las 4.100 que dice la presidenta de la Comunidad para defenderse por aplicar los protocolos de no derivación y las 7.291, que la propia región facilitó en 2020. El número aumentaría hasta las 9.470 si se añadiera a aquellos mayores que murieron en hospitales.
Los siete nombres a los que Ayuso acusa de construir un “relato falso” y vincula con la “izquierda” o “ultraizquierda” va desde científicos hasta políticos pasando escritoras. “Todos formaron parte de la comisión ciudadana y ellos, más que yo, tienen un currículum que habla por sí solo”, desmonta nuestra fuente.
Entre esos nombres se encuentra asimismo el de Alberto Reyero (aunque a él Ayuso le dedica un apartado especial), antiguo consejero de Políticas Sociales, que dimitió de su cargo con motivo de los documentos que impidieron que miles de ancianos fueran derivadas a centros hospitalarios y con quien también habló este medio a tenor del documental. Por su parte, Zunzunegui fue vetada por el equipo de la presidenta el año pasado, cuando Más Madrid pidió su comparecencia como experta.
A ambos los complementan los siguientes nombres, con la nomenclatura que se indica a continuación: Fernando Lamata (Político y alto cargo sanitario del Gobierno del PSOE), Eduardo Ranz (Antiguo candidato para liderar el PSOE madrileño), José Antonio Martín Pallín (Fundador de Izquierda Unida, miembro del PCE), Anna Freixes (Escritora feminista de izquierdas), Cristina Monge (Asesora nombrada a dedo por Pedro Sánchez para un grupo de análisis) Fernando Flores (Cargo de confianza en ministerios de Gobiernos del PSOE y alto cargo en Gobierno autonómico socialista).
A la contra
La semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid iba más allá y negaba que las víctimas de residencias durante los días en los que se firmaron los documentos de no derivación fueran 7.291. De esta manera, reducía a 4.100 las víctimas, negaba que tales protocolos fueran firmados por políticos de su Ejecutivo y volvía a relacionarlo todo con un plan de “la izquierda y la ultraizquierda”.
En la misma línea, tanto ella como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, arremetían contra RTVE por emitir el documental de Juanjo Castro que relataba cómo fueron esas jornadas. Una producción, por cierto, para la que su productor quiso contar con el Ejecutivo de la presidenta o la propia Ayuso, pero ninguno aceptó intervenir para contar su versión de lo sucedido.
