La lista de gastos personales que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, intentó desgravarse continúa engrosándose. La investigación que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por dos delitos fiscales y uno de falsedad de documental recoge ahora en parte del sumario que González Amador intentó deducirse también los gastos de unas vacaciones que disfruto con la líder del Partido Popular (PP). Al Rolex, los desodorantes, las pelotas de pádel y el saxofón que se conocieron este martes se suman ahora los gastos de once días de retiro en pareja.
La información revelada este miércoles por la Cadena Ser refleja que entre las facturas que González Amador abonó a nombre de su empresa, Maxwell Cremona, incluye el alquiler de dos coches en el extranjero. Concretamente, los papeles presentados desde la sociedad de la que es administrador único reflejan un gasto de 602,50 euros por el alquiler de un coche en Zagreb (Croacia) entre el 16 y el 22 de agosto de 2021 y otro de 434,11 euros entre el 24 y 27 de agosto del mismo año en Creta (Grecia).
Un total de 1.036,61 euros que la pareja sentimental de la presidenta autonómica abonó a nombre de su empresa para desgravarse un porcentaje del gasto, pese a que este era personal y no fruto de su actividad profesional. La más que probable presencia de Ayuso en dichas vacaciones la revela el registro de la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Barajas, que fue utilizada por la mandataria madrileña los días 16 y 27 de agosto para los vuelos Madrid-Zagreb (ida) y Atenas-Madrid (vuelta), según constata el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
Las arcas públicas abonaron 290,4 euros por la reserva de la sala de autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según informa la Ser, pese a que este viaje era privado y vacacional. Ante la revelación de estas informaciones, ElPlural.com se ha puesto en contacto con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado desconocer los acontecimientos. “Ni idea”, han trasladado a este periódico al ser preguntados, sin querer ahondar más ni entrar a negar lo publicado.
Desgravaciones e investigaciones
González Amador le cogió gusto a desgravarse gastos personales. Desde productos de uso diario, tales como desodorantes, hilo dental, pasta de dientes, colutorios o champú; hasta otros más selectos como un saxofón o un Rolex de 8.000 euros; pasando por tickets de comidas, viajes sin justificar o la reparación de un Porsche Panamera. Todos pagos abonados a nombre de la empresa que administra únicamente y que se incluyen en la investigación que pesa sobre la pareja de Ayuso, relativa a los ejercicios fiscales correspondientes a 2020 y 2021.
Ampliando el foco al groso de la investigación, González Amador está siendo investigado por falsear facturas en las declaraciones fiscales de su compañía durante los dos peores años de la pandemia de la Covid-19 para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos. Los delitos que habría llevado a -reconocidos por él mismo- están penados con entre dos y diez años de prisión, castigo que podría haberle empujado a querer negociar con la Fiscalía para alcanzar un trato.
Asimismo, González Amador habría incrementado en dos millones de euros su facturación durante el año relativo a la pandemia después de convertirse en comisionista, llegando a ganar cerca de dos millones de euros por poner en contacto a FCS (vendedor de mascarillas) y a MAPE para la compraventa de material sanitario. Posteriormente, la pareja de Ayuso trató de ampliar su línea de negocio a México, para lo que contrató presuntamente a MKE -una empresa del país latinoamericano.
A priori, esta empresa le facilitaría los contactos y conseguiría clientes, pero finalmente la compañía no facilitó negocio alguno al empresario, situación que no impidió a este incluir en su declaración de impuesto de sociedades de 2020 unos gastos de 600.000 euros pagados a la misma, lo que le permitió deducciones para ahorrarse 155.000 euros en impuestos. Sin embargo, los inspectores de Hacienda evidenciaron, a raíz de la documentación, que era literalmente imposible contabilizar un pago de 620.000 euros.
