El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, intentó deducirse ante Hacienda gastos privados en ejercicios fiscales bajo sospecha, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2021, como si formaran parte de su actividad empresarial. En concreto, la pareja de la presidenta trató de colar objetos de lujo como un Rolex, otros del día a día como desodorantes y de uso común como pelotas de pádel, y algunos menos comunes como un saxofón. A ellos se les puede sumar hilo dental, pasta de dientes, colutorios o champú.
De elementos de lujo a otros de uso cotidiano
González Amador presentó ante la Agencia Tributaria, en definitiva, elementos muy dispares entre ellos en su forma y uso: tickets de comida, viajes sin justificar por motivo de trabajo, objetos musicales, e incluso la factura por la reparación de un Porsche Panamera o la compra de un reloj Rolex valorado en 8.000 euros en noviembre de 2020, según expone la Cadena Ser, que ha tenido acceso a dichas facturas.
Todos los documentos relativos a los pagos se abonaron a nombre de la empresa Maxwell Cremona, en la que el compañero sentimental de la lideresa regional aparece centra buena parte de su actividad -es administrador único-, y él mismo los presentó a Hacienda.
Operaciones fraudulentas fuera de España
En los últimos días han salido a la luz otros documentos que González Amador planteó ante la Agencia Tributaria con la intención de demostrar que no había nada fraudulento en su manera de actuar, pero se le volvió en contra. En este sentido, los inspectores de Hacienda estuvieron trabajando durante 18 meses -acumulando pruebas a lo largo de todo este tiempo- con pruebas que demostraban, precisamente, que el novio de Ayuso no había operado con buena praxis.
El empresario respondió ante la Fiscalía a las sospechas que ya recaían sobre él con documentación que, precisamente, acreditaba sus delitos. En concreto, envió información sobre sus intentos de negocio fuera de España (en México y Costa de Marfil) que contenía contratos con intermediarios.
A partir de ahí, la negociación propuesta por el responsable empresarial, tal y como acredita el último borrador de proyecto de conformidad, desvelado por El País, el cual está “supeditado al reconocimiento de los hechos” por parte de Maxwell Cremona -con la que González Amador falseó asimismo facturas en los ejercicios 2020 y 2021- refleja que la Fiscalía pediría para el comisionista una “pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40%”.
En el mismo proyecto, respaldado por la defensa del novio de Ayuso, queda evidenciado que el órgano judicial no se opondrá a que se conceda una “suspensión de las penas de prisión por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidades civiles”.
El empresario fue imputado por falsear facturas en las declaraciones fiscales de los ejercicios correspondientes a los años 2021 y 2022 de su compañía para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos. Los delitos que habría llevado a cabo el novio de Ayuso -reconocidos por él mismo- están castigados con entre dos y diez años de prisión. En otro orden de cosas, González Amador incrementó en dos millones de euros su facturación durante el año relativo a la pandemia después de convertirse en comisionista, llegando a ganar cerca de dos millones de euros por poner en contacto a FCS (vendedor de mascarillas) y a MAPE para la compraventa de material sanitario.
Tras ello, la pareja de Ayuso trató de ampliar su línea de negocio a México, para lo que contrató presuntamente a MKE -una empresa del país latinoamericano- que le facilitaría los contactos y conseguiría clientes. La compañía no facilitó negocio alguno al empresario, pero éste segundo incluyó en su declaración de impuesto de sociedades de 2020 unos gastos de 600.000 euros pagados a la misma, lo que le permitió deducciones para ahorrarse 155.000 euros en impuestos.
El novio de la responsable de Sol envió a Hacienda el contrato de colaboración con la empresa que explicaba la supuesta inclusión de dicho gasto en la declaración. Sin embargo, los inspectores evidenciaron, a raíz de la documentación, que era literalmente imposible contabilizar un pago de 620.000 euros, ya que el mismo contrato de colaboración dejaba claro que hacían falta más documentos para incluir una comisión por cada negocio que saliera bien en México; y esto nunca pasó. El resultado: González Amador llevó a cabos cuentas para “eludir parte de su tributación”.
Y el modus operandi fraudulento continuó en Costa de Marfil, en su caso con un negocio de intermediación de venta de vacunas que salió mal con el que el compañero de la lideresa de Sol contabilizó 922.000 euros. Después de reunirse con el ministro de Salud, Pierre Dimba, y contratar a una empresa de este país, introdujo respecto de ella un gasto superior a dicha cifra en la declaración del Impuesto de Sociedades.
Su oferta había sido rechazada un año antes por parte del Ejecutivo marfileño y González amador remitió a Hacienda documentación en la que añadía fotografías de su visita a las autoridades del país africano. La intención del comisionista pasaba por dar otro pelotazo de unos dos millones de euros, de cuyo cantidad depositaría un 3,25% en la empresa; una irregularidad que los inspectores no tardaron en destapar.
