El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía documentación que acreditaba sus delitos. En concreto, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a las sospechas de los inspectores de Hacienda con información sobre sus intentos de negocio en México o Costa de Marfil que contenía contratos con intermediarios, billetes de avión e incluso fotos con autoridades sanitarias. Sin embargo, sus intenciones se le volvieron en contra al demostrar la documentación que podía haber cometido un delito.
Los inspectores acumularon pruebas documentales durante 18 meses de trabajo, y estas junto a las propias pruebas de la investigación y las que presentó el investigado terminaron por convencer a González Amador de la necesidad de alcanzar un acuerdo para evitar la entrada en prisión.
El último borrador de proyecto de conformidad, desvelado por El País , está “supeditado al reconocimiento de los hechos” por parte del responsable de Maxwell Cremona -empresa de la que falseó facturas en los ejercicios 2021 y 2022- muestra que la Fiscalía pedirá para el comisionista una “pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40% de la cuota defraudada, esto es, 60.000 euros (40% de los 155.000 euros defraudados en 2021) y 78.380 euros (40% de los 195.952 euros defraudados en 2022)”. En ese mismo proyecto, que se encuentra respaldado por la defensa de la pareja del empresario, queda claro que la Fiscalía no se opondrá a que se de una “suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidad civiles”.
El mencionado expediente tributario contempla el conjunto de las gestiones realizadas por la Agencia Tributaria para esclarecer las razones por las que cuanto más dinero ganaba González Amador correspondía pagar menos impuestos.
Cabe destacar que el compañero sentimental de la lideresa regional fue imputado por falsear facturas en las declaraciones fiscales de los ejercicios correspondientes con 2021 y 2022 de su compañía para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos. Los delitos que habría cometido el novio de Ayuso y que él mismo reconoció al deducirse gastos inexistentes por valor de 1,8 millones de euros están castigados entre dos y diez años de cárcel. Asimismo, el empresario, auditor asimismo en el sector sanitario, incrementó en dos millones de euros su facturación durante el año de la pandemia después de convertirse en comisionista, llegando a ganar cerca de dos millones de ruso por poner en contacto a FCS (vendedor de mascarillas) y Mape.
De México a Costa de Marfil
Al poco tiempo de conseguir una comisión del 4,5% por hacer de intermediario en la compraventa de mascarillas, el comisionista intentó ampliar su línea de negocio a México, para lo que contrató presuntamente a una empresa de ese país -MKE- que le facilitaría los contactos y le conseguiría los clientes para llevar a cabo las operaciones comerciales.
Si bien es cierto que dicha compañía latinoamericano no facilitó ningún negocio al empresario, este segundo incluyó en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 unos gastos de 600.000 euros pagados a MKE, lo que le permitiría deducciones para ahorrarse 155.000 euros en impuestos.
La pareja de la presidenta envió a Hacienda el contrato de colaboración con la firma que explicaba la supuesta inclusión de dicho gasto en la declaración. Con todo, los inspectores de Hacienda se basaron en la documentación para reflejar que era literalmente imposible contabilizar el pago de los 620.000 euros dado que el mismo contrato de colaboración evidenciaba que hacían falta nuevos contratos para incluir una comisión por cada negocio que le fuera bien en México, aunque nunca llegó a pasar. Así las cosas, del trabajo de los inspectores concluye que las matemáticas llevadas a cabo se realizaron “para eludir parte de la tributación”.
Las operaciones que supuestamente escapaban de la legalidad se siguieron llevando a cabo en 2022 con un negocio de intermediación de venta de vacunas en Costa de Marfil. En concreto, en este caso fueron 922.000 euros en comisiones para un negocio de vacunas que fracasó en esta parte de África.
Aquí, González Amador se reunió con el ministro de Salud, Pierre Dimba, en 2021. Antes, había contratado a la empresa Gayani, que supuestamente le iba a facilitar los contactos para ganar un concurso de vacunas contra el coronavirus. Cuando hizo la declaración del Impuesto de Sociedades de su empresa, ya en julio del año siguiente, la pareja de la lideresa regional introdujo un gasto de 922.585 euros que habría pagado a la compañía del continente africano para que consiguiera el contrato de las vacunas.
González Amador declaró el mencionado gasto a Hacienda en julio de ese año aún sabiendo un año antes que su oferta la había rechazado el Gobierno de Costa de Marfil. El novio de Ayuso volvió a remitir a Hacienda la documentación de esta circunstancia junto a las fotografías de su visita con las autoridades marfileñas.
El objetivo del compañero sentimental de Ayuso era claro: dar otro pelotazo con otros aproximadamente dos millones de euros. De dicha cantidad pagaría un 3,25% a la empresa; una irregularidad que muy pronto descubrieron los inspectores de Hacienda.
González Amador cayó en su propia trampa documental, y entonces decidió anular las facturas una vez que hacienda había acreditado la falsedad. Antes, su abogado explicó -en diciembre de 2022- que el modus operandi perpetrado se llevó a cabo porque la resolución de concurso no era firme y se podía recurrir. Sin embargó, en 2023 y ante la petición de nuevas explicaciones, olvidó la excusa del recurso.
