Hasta 17 reuniones. La pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, tuvo este número de oportunidades para dar explicaciones sobre el presunto doble fraude fiscal del que se le acusa en los juzgados. Desde mayo de 2022, los inspectores de la Agencia Tributaria, momento en el que se detectan los hechos presuntamente delictivos, comenzaron a reunirse, hasta septiembre de 2023 cuando se materializa la denuncia penal ante la falta de explicaciones tras haber ingresado el montante de 2,3 millones de euros en 2020.
La defensa legal de González Amador no ha respondido de manera completa a los requerimientos de Hacienda durante la duración del proceso, además de que ha reclamado varios aplazamientos para recopilar la documentación.
Cabe recordar en este punto que en el expediente que motivó la inspección de Hacienda se da cuenta de que la pareja actual de Isabel Díaz Ayuso pasó de facturar unos 300.000 euros por sus respectivos ejercicios entre 2018 y 2019, a los 2,3 millones en 2020, todo ellos por medio de su empresa Maxwell Cremona.
Además del fraude fiscal, González Amador inundó a Hacienda con facturas supuestamente fraudulentas procedentes de distintas empresas y realizando diversas labores. Ya en 2023, el novio de Díaz Ayuso termina reconociendo a los inspectores de la Agencia Tributaria su “error” y reconoce los delitos de los que se les acusa e intenta llegar a un acuerdo para evitar el juicio por esta causa.
En febrero de 2024, su defensa reconoce estos hechos y el investigado se compromete a pagar un montante de 525.000 euros por su fraude fiscal de 350.000 euros, además de asumir una condena de ocho meses de cárcel.
Teniendo en cuenta la trascendencia mediática de este caso, así como la política y la judicial, la propia Díaz Ayuso ha venido expresándose públicamente acerca de este caso. El pasado 13 de marzo, la líder del Ejecutivo de la Puerta del Sol defendió que su pareja estaba siendo “asediada” por “todo el poder del Estado” por el mero hecho de estar vinculado con ella. Sin embargo, debido a que la inspección duró 18 meses, se probó que en aquella época los inspectores no tenían conocimiento de que González Amador era el novio de la dirigente madrileña y, por ende, durante este procedimiento, se fue informando al afectado de todos los pasos.
Amplía su batalla legal contra el Gobierno
Este lunes también se ha dado a conocer que la pareja de Díaz Ayuso ha ampliado su batalla en los tribunales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, emplazándoles a un acto de conciliación en el marco de las querellas interpuestas por supuestas injurias y calumnias por haberse referido a él como “delincuente”.
Las palabras a las que se refiere son las siguientes: “La noticia que conocimos ayer nos permite recordar el origen de todo esto, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo”, expresó el presidente del Gobierno desde Bruselas en el marco de la investigación que ahora igualmente se cierne sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Para ser más exactos, González Amador reclama a los dirigentes socialistas que se retracten de estas palabras públicamente al considerar que se trata de una “infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano”, señalando a la par que Sánchez y Bolaños, en el marco de sus cargos estatales, habrían “propagado un bulo en relación con el comportamiento del Ministerio Fiscal”.
Por estos motivos, el novio de Díaz Ayuso solicita que Sánchez le indemnice con 100.000 euros; mientras, a Bolaños le reclama una cuantía de 50.000 euros. Cabe recordar que también envió a conciliación a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Jesús Montero, por unas afirmaciones de similar calado.
