La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ampliado su guerra judicial contra el Gobierno central después de que el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se hayan referido a él como un "delincuente". Alberto González Amador ha registrado sendas solicitudes de conciliación bajo la amenaza de interponer una querella por injurias y calumnias contra ambos.
El novio de Ayuso, contra Sánchez y Bolaños
Según publica este lunes el diario 'El Mundo', el novio de la lideresa popular asegura que, como ciudadano, no tiene por qué soportar unos ataques venidos por parte del jefe del Ejecutivo y del titular de Justicia, por lo que primero ha registrado unas papeletas de conciliación en los juzgados de Madrid contra Pedro Sánchez y Félix Bolaños después de que estos se pronunciaran directamente sobre el empresario.
En concreto, González Amador pide que los dirigentes socialistas se retracten públicamente al considerar que sus declaraciones suponen una "infracción de los más elementales deberes" de "respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español" como presidente del Gobierno y ministro después de que estos señalaran que el novio de Ayuso "habría propagado un bulo en relación al comportamiento del Ministerio Fiscal" o que se había pagado un piso "con dinero defraudado al fisco".
Estas declaraciones se produjeron el pasado 17 de octubre, un día más tarde de conocer la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo sobre el caso de González Amador. Desde Bruselas, Sánchez reaccionó a esta noticia tras participar en el Consejo Europeo.
"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", dijo textualmente el jefe del Ejecutivo, que consideró que García Ortiz "hizo lo que tenía que hacer". A su juicio, "dos cosas: perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo".
Por su parte, también el ministro de Justicia defendió de forma férrea a García Ortiz el pasado miércoles en una intervención en la que tildó al novio de Ayuso de "delincuente confeso", en referencia a la carta en la que reconocía sus delitos para intentar rebajar su pena por estafa. "¿De verdad puede ser delito en nuestro país desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y su entorno político? El Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", dijo Bolaños.
Ante estas palabras, González Amador asegura que los dos dirigentes tratan de "lesionar sus derechos fundamentales como forma de lesionar, a su vez y políticamente, a su pareja sentimental", en referencia a Ayuso, así como que ambos políticos pretendían "neutralizar" la imputación y la petición de dimisión sobre el fiscal general del Estado por supuestamente cometer un delito de revelación de secretos.
Así, el novio de Ayuso ha presentado varias solicitudes de conciliación con las que pretende que el presidente del Gobierno se comprometa a "no verter públicamente en el futuro manifestaciones de contenido análogas y, especialmente, falsas, difamatorias, vejatorias" contra su persona, así como ser indemnizado por parte de Sánchez con 100.000 euros y por Bolaños otros 50.000. Todo ello hace un montante total nada desdeñable de 150.000 euros.
También contra Maestre, Montero, Morant y Rodríguez
Como bien recoge el citado medio, no es la primera vez que González Amador amplía su batalla judicial y arremete contra dirigentes políticos e instituciones públicas. Ya lo hizo, junto con el Colegio de la Abogacía de Madrid, interponiendo una querella inicial contra dos fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid por la presunta filtración de datos reservados sobre el pacto que estaba negociando con el Ministerio Público.
Además, ha hecho lo propio el pasado mes de septiembre a través de una batería de acciones judiciales, tanto civiles como penales, dirigidas contra el PSOE; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el diputado socialista José Zaragoza; así como la concejal Rita Maestre, del grupo municipal de Más Madrid. Estas se han sumado a las presentadas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
