Denunciaron amenazas, acoso, humillaciones, espionaje interno y propuestas de favores sexuales. Grabaron sus testimonios, acudieron al Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y esperaron una respuesta. Sin embargo, tal y como ha podido saber ElPlural.com, la respuesta no ha podido ser más dura para los denunciantes: el archivo del caso. Génova ha decidió cerrar el expediente internamente y no lo ha trasladado a la Fiscalía, pese a la gravedad y reiteración de los hechos relatados.
Así lo sostienen hasta nueve militantes y exmilitantes de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño que han hablado con ElPlural.com. Todos ellos coinciden en un diagnóstico común: durante años se vivió un ambiente tóxico, de miedo y de abuso de poder dentro de determinadas estructuras del partido, especialmente en el ámbito juvenil, sin que las denuncias internas hayan tenido consecuencias reales.
Los testimonios describen un ecosistema marcado por el ansia de control y la lucha interna por el poder orgánico. En ese contexto, según relatan, se normalizaron prácticas de intimidación, bullying sistemático, comentarios xenófobos y homófobos, trato denigrante hacia las mujeres y una instrumentalización de los militantes jóvenes como simples herramientas al servicio de intereses personales y políticos. “Aquí se estaba por intereses económicos y personales”, resume uno de los denunciantes.
Discriminación, machismo y homofobia normalizadas
Varios de los relatos apuntan directamente a episodios de violencia e intimidación física. Militantes aseguran haber presenciado cómo cargos de responsabilidad agarraban del rostro a compañeros para impedir dimisiones o imponer disciplina interna. “Aquí no dimite ni Dios”, habría sido una frase recurrente en esos episodios. Otros describen amenazas directas y un clima de miedo que disuadía a muchos de enfrentarse a determinados dirigentes.
El acoso psicológico aparece como una constante. Cambios bruscos de trato, aislamiento deliberado, burlas públicas por la vestimenta o la orientación sexual y una presión continuada que, en algunos casos, derivó en cuadros de ansiedad severa. Hay testimonios de jóvenes militantes que necesitaron medicación psiquiátrica, antidepresivos y tranquilizantes, e incluso ingresos hospitalarios por crisis de pánico. Algunos de ellos apenas habían cumplido los 18 años.
Uno de los elementos más graves de las denuncias es la presunta utilización del espionaje interno como herramienta de control. Varios exmilitantes relatan seguimientos informales, elaboración de informes sobre compañeros considerados “amenazas” y un interés constante por la vida personal de los afiliados. Según explican, se trataba de vigilar movimientos, relaciones y lealtades para “poner la cruz” a quienes no encajaban en el proyecto de determinados dirigentes.
En ese marco, varios testimonios describen propuestas explícitas para utilizar favores sexuales como método para obtener información o influir en otros cargos. Algunos denunciantes aseguran haber recibido insinuaciones para mantener relaciones sexuales con personas vinculadas a consejerías o estructuras del partido con el objetivo de conseguir datos o favores políticos. Otros relatan presiones para “aprovechar” su atractivo o su tirón social dentro del partido como moneda de cambio. “Todo valía”, resume uno de ellos. Las mujeres, según los relatos, eran especialmente vulnerables en ese entorno. Comentarios machistas habituales, cosificación y bromas constantes sobre prostitución formaban parte del día a día.
Se referían a nosotros como el ejército de maricones para ir a los actos
La xenofobia y la homofobia también aparecen de forma reiterada. Militantes de origen latino denuncian comentarios despectivos continuos y una utilización instrumental de su presencia en actos para proyectar una falsa imagen de diversidad. Otros relatan cómo se referían a los militantes homosexuales como un “ejército” útil para llenar actos, mientras se les ridiculizaba en privado con expresiones vejatorias.
A todo ello se suma un uso, según los denunciantes, totalmente irregular de los datos personales de los afiliados. Desaparición de documentación sensible, afiliaciones sin consentimiento y cobros indebidos de cuotas forman parte de los hechos relatados. Algunos recuerdan que no sería la primera vez que la Policía Nacional tuvo que intervenir en la sede del PP de Madrid por problemas relacionados con la gestión de datos.
Pese a la gravedad del conjunto de denuncias, el Partido Popular optó por limitar la respuesta al ámbito interno. Fuentes del PP de Madrid reconocen haber recibido el burofax con las denuncias y aseguran que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes y lo archivó al considerar que los hechos no quedaron probados. El partido añade incluso que desconoce si el denunciado emprenderá acciones legales “en defensa de su honor”.
Sin embargo, los denunciantes niegan haber recibido notificación formal alguna del archivo. Aseguran que nunca se les entregó una resolución escrita ni se les permitió acceder al contenido del expediente. También denuncian una actitud “despectiva” y “poco profesional” por parte de algunos instructores del Comité, que, según afirman, restaron importancia a hechos extremadamente graves.
