La Educación debería ser un derecho universal y accesible a todo el mundo. Es de sobra conocido que esto no se cumple en la práctica, pero hay casos en los que llama la atención más que otros, como el que se relata en estas líneas y que afecta a la Comunidad de Madrid.
Hace unos meses, concretamente en abril, Más Madrid registró una Proposición No de Ley (PNL) para que la región liderada por Isabel Díaz Ayuso diera luz verde a un plan de inversión que garantizase que todos los centros educativos públicos fueran accesibles a todo el mundo de cara al curso 2027/2028.
El texto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, pedía al equipo de la presidenta que para entonces cualquier lugar de estudio -de Infantil, Primaria, Secundaria o de estudios superiores no universitarios- dispusieran de “rampas de acceso, ascensores accesibles y baños adaptados”.
El resto de puntos contemplan “implantar una supervisión técnica obligatoria, con las evaluaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa actual vigente”, “desarrollar la instalación de señalización visual, táctil y sonora que facilite la orientación dentro del centro” y “aumentar el personal especializado en todos los centros para atender al alumnado con diversidad motórica”.
El PP, con mayoría absoluta en la Asamblea madrileña, votó en contra justificando que los centros de la capital cumplían todos ellos con los requisitos pertinentes para que cualquier persona con movilidad reducida u otras cuestiones que necesitaran de una atención especial en este sentido pudiera acudir a clase.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. La formación de Manuela Bergerot pidió al Portal de Transparencia conocer qué espacios educativos -colegios, institutos, no universitarios- son accesibles, pero han obtenido una respuesta de lo más sorpresiva. De este modo, tras la consulta al Portal de Transparencia, han obtenido la negativa de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad no dice cuántos centros accesibles hay en Madrid
El partido progresista pidió el “listado de centros educativos” de Primaria, Secundaria y aquellos que se encarguen de la educación superior no universitaria, pero la administración de la Puerta del Sol se lo ha negado porque “carece de la consideración de información pública” de acuerdo con la definición dada por la ley.
También solicitó los “planes que maneja el gobierno de la comunidad de Madrid para garantizar la accesibilidad de los centros educativos no universitarios de la región”. La Comunidad de Madrid resolvió exactamente igual esta petición que las anteriores.
Ante esto, solo caben dos posibilidades: que la Autonomía no quiera dar esta información o, directamente, que no disponga de ella; que la desconozca, lo cual sería bastante grave a ojos de la oposición.
Más Madrid recuerda, en declaraciones a ElPlural.com, que la ley “obliga a que los centros públicos sean accesibles”, pero lamenta que “la Consejería no sepa ni qué centros son accesibles”. “Ni cuáles tienen baños adaptados, o ascensores funcionando…”, apostilla el partido de izquierdas.
La portavoz adjunta del partido, María Pastor, dice a los ‘populares’ que “cuando niegas la accesibilidad en los colegios, estás perjudicando a toda la comunidad educativa” refiriéndose “a los niños en silla de ruedas que no pueden ir al colegio de su barrio” o “los profesores que tienen problemas de movilidad” y que el Ejecutivo de Ayuso “maltrata” porque “no pueden trabajar en la mayoría de los centros”.
“También excluyes a las familias con movilidad reducida que, si su centro no es accesible, se quedan fuera de la vida escolar de sus hijos”, haciendo alusión a “reuniones de padres, actividades extraescolares, etc”. “Es urgente un plan de inversión que garantice que en los próximos 4 años todos los centros educativos sen accesibles, para cumplir la ley y garantizar los derechos”, solventa.
El relato de María: reflejo del abandono de Sol
Al margen de la denuncia por parte de la oposición, el escenario al que se enfrentan personas con movilidad reducida se refleja de forma clara con el caso de María, profesora de dibujo. En conversación con este periódico, relata las dificultades que ha debido de enfrentar hasta conseguir una plaza en un centro adaptado, y que, aún así, todavía existen ciertas asperezas por limar.
Remontándose a unos años atrás, cuando todavía se encontraba en situación de interinidad, María recuerda el escenario catastrófico que se encontró. “Se me asignó un puesto en el instituto San Isidro, en Latina, un centro de referencia en arte. Sin embargo, una de las salas donde yo tenía que dar clase estaba en un espacio al que yo no podía acceder, por lo que tuve que volver a ponerme en lista y esperar que me asignaran otro centro que fuera accesible”, comenta. Una situación a la que, en ocasiones, se tienen que enfrentar las personas que tienen algún grado de discapacidad y que María califica de “absolutamente injusto”. “Me parece un agravio comparativo con el resto de personas”, lamenta.
Una situación que tampoco cambió cuando consiguió aprobar la plaza. “Cuando a mí me asignan el destino donde yo voy a hacer el primer año de funcionaria en prácticas me mandan a un centro que no tiene ningún ascensor y que tiene varios niveles”, señala. A raíz de ello, añade que reclamó a la administración para ser reubicada en otro centro pero que la respuesta fue nula. “Me tuve que quedar en aquel centro, bajaron todas las clases a las que yo daba clase a la planta baja para que pudiera darles clase, pero yo no tenía acceso ni a mi departamento, ni a la biblioteca, ni al departamento de orientación, y cuando tenía que atender a familias me habilitaron un almacén que había debajo de una escalera. Tampoco había baño adaptado, encontramos un baño que era de mayor dimensión en otro edificio y el centro me colocó un par de barras porque la administración se desentiende”, explica.
Ante los servicios limitados a los que debía hacer frente, María optó por solicitar a la administración un inventario de los centros accesibles para conocer de qué manera podía ordenar los centros. La respuesta: nuevamente nula. Lamenta que le dijeron que no existía ese inventario y lo único que le dieron fue el buscador de centros que ofrecen a las familias. A través de esta herramienta, y filtrando sus necesidades, María consiguió plaza finalmente en un centro adaptado, pero, aún así, sigue sufriendo discriminación. “Estoy en un centro de motóricos que tiene un ascensor que es muy pequeño y mi silla apenas cabe y, de hecho, muchas veces no me cierra la puerta y tengo que subir por una rampa que habilitaron en el exterior”, señala.
Por su parte, María lamenta que a los profesores con movilidad reducida no se les den los recursos de apoyo que sí se le da a los alumnos. “El alumnado motórico que viene con sillas de ruedas, con andador o con alguna dificultad de movilidad tiene la figura del técnico de apoyo que contratan para ayudarles en los traslados, llevarles la mochila, acompañarlos al baño si fuera necesario, y además hay un fisioterapeuta que una serie de horas a la semana los saca del aula y les hace algo de fisioterapia porque lo necesitan”, señala. “Pues resulta que este recurso que está dentro del centro solamente es aplicable a los alumnos, no a los profesores, entonces, el recurso atiende a los niños con problemas de movilidad pero ese recurso no lo podemos utilizar los profes, que es una cosa que no entiendo por qué”, lamenta.
Con todo ello, el testimonio de María que viene a confirmar la dejadez de la Comunidad de Madrid con los centros accesibles para personas con movilidad reducida evidencia la existencia de una realidad que arrincona a estas personas, con recursos exclusivos y mínimos, y con falta de previsión y organización.
