El tono de Isabel Díaz Ayuso varía poco, pero siempre que lo hace se mueve entre dos aguas: el ataque en el sentido más puro de la palabra, entendiéndolo de una manera directa y sin anestesia, o la defensa a través de la victimización.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid no paran de crecerle los enanos con casos, algunos de ellos, en los que la corrupción parece demostrada. Sin embargo, insiste en decir que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien riega un jardín al que cada vez le faltan más plantas sanas.
El último ejemplo claro de la estrategia de la responsable de Sol -y que todavía convence- es el que rodea a su número 3, Ana Millán, imputada nada menos que por cuatro presuntos delitos de corrupción. “No dudes que si no fueras ‘de Ayuso’ no estarías en esa presión mediática”, pronunciaba esta semana la ‘popular’. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, convirtió nuevamente al Gobierno y algunos medios de comunicación, aunque no los mencionara directamente, culpables de las polémicas que la rodean, a su juicio inexistente todas ellas. “Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso, la 'M' de Ayuso, da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, dictaminó.
El discurso del “todos contra mí” no es nuevo, sino un principio de guerra que se realiza desde antaño y en el que la baronesa se siente cómoda, incluso para darle la vuelta a la evidencia. En última instancia, le sirve para mantener las urnas, fin de la política desde el punto de vista del poder.
La presidenta se ha erigido como heroína contra el villano Sánchez y los medios más cercanos ideológicamente a Moncloa o a la izquierda. Poderes, todos ellos, que van de manera indiscriminada a por ella y los suyos. Poco importa que su hermano se enriqueciera con el negocio de las mascarillas durante lo más duro del Covid a través de comisiones, que su novio reconociera dos delitos fiscales o que Miguel Ángel Rodríguez; jefe de gabinete de la política ‘popular’ mintiera a sabiendas y amenazara a periodistas. Para Ayuso todo forma parte de una “persecución” en el imaginario colectivo.
Otro ejemplo, también del verano, el de Nacho Cano. El productor musical fue denunciado y posteriormente detenido por contratar presuntamente a personas migrantes de manera ilegal. Lo primero con lo que salió la responsable de Sol fue que se trataba de una “campaña de desprestigio inaceptable” y propia de los regímenes autoritarios. “La destrucción personal con fines políticos es Estalinismo”, dijo acudiendo nuevamente a una realidad paralela.
Al carro se subió el propio Cano, reconocido amigo suyo, que después de ser imputado por la magistrada del Juzgado Número 19 de instrucción, Inmaculada Sanz, tachó los hechos de “montaje de la banda de Sánchez, de Maduro y de Zapatero para poner cortinas de humo a sus rollos, de que tienen dinero público en Venezuela, dinero público que mueven para sus historias”. En un ejercicio de conspiración, el ex de Mecano y la presidenta asumen que la intención única del líder del Ejecutivo pasa por desviar la atención del caso que rodea a su mujer, Begoña Gómez, y sobre el que ningún órgano ha visto todavía indicio alguno de delito.
Este modus operandi es recurrente y llega mucho antes de que el nombre de la esposa del presidente saliera en unos pocos recortes de prensa utilizados por la ultraderecha y el pseudosindicato Manos Limpias, entre otros.
Cada vez que se ha recuperado el caso de Tomás Díaz Ayuso, la lideresa regional ha acusado a su homólogo en el Ejecutivo de España de “mentir de manera mezquina y miserable” sobre las comisiones recibidas por parte de su familiar por la venta de material sanitario. En una de las últimas ocasiones, la presidenta dijo que las intenciones del Gobierno pasaban por tapar el conocido como ‘caso Koldo’. Como su pareja y otros tantos, siempre ha asumido que el Ejecutivo usa el “poder” para ir contra un “ciudadano que no está en política”.
Pero cuando Ayuso se muestra como víctima de los ataques de la izquierda contra su familia obvia, por ejemplo, que su madre y sus socios tuvieron una implicación directa en el caso Avalmadrid, entidad a la que deben 311.109 euros por un préstamo que no devolvieron.
Hace menos tiempo, coincidiendo con la estancia de Ayuso en los apartamentos de lujo Be Mate, propiedad entonces del empresario Kike Sarasola, de nuevo la sombra de la polémica se cernió sobre ella. La lideresa regional enseñó la factura de aquella estancia cuatro años después -hasta entonces solo había mostrado un pantallazo en el programa Salvados- en todo un ejercicio de oscurantismo coincidiendo con una información remitida por el empresario al Congreso de los Diputados en el que decía que Room Mate no había localizado facturas durante la estancia de la líder regional aquí. Quizá no todo lo que hacen la política y su entorno sea ilegal o irregular, pero motivos para, al menos, dudar, hay de sobra. Y van más allá de un cuerpo a cuerpo.
