El aborto ha llegado también al Parlamento gallego. El grupo 'popular', como antes había hecho con la petición del BNG de crear una comisión de investigación sobre la gestión de la política eólica de la Xunta, echó mano de su mayoría absoluta para oponerse y tirar por tierra una moción de los socialistas.

En realidad, la propuesta del PSdeG se componía de hasta seis puntos, pero el PP no estaba de acuerdo en dos y uno de ellos tenía que ver con la supresión de ayudas públicas a entidades antiabortistas.

La parlamentaria 'popular' Marta Rodríguez-Vispo, con el objetivo de justificar el no a la moción y, en concreto, al punto de las subvenciones, aseguró que el Ejecutivo gallego, para que estas asociaciones puedan acceder a las ayudas de la Xunta, debe “cumplir la legislación vigente”.

En su argumentación indicó que seguir la ley de salud sexual y reproductiva “no está en contra de ayudar a la mujer embarazada que quiere ser madre”, apoyándose, según comentó, en el dato de que a la Secretaría Xeral de Igualdade de la administración regional no ha llegado en los últimos años denuncia alguna de “mala praxis” o “atentados contra la dignidad" de las mujeres por parte de este tipo de colectivos.

Cabe recordar que la propuesta socialista solicitaba a la Xunta de Galicia que dé garantía a los derechos reconocidos por la ley del aborto de 2010, cuya última reforma, que devuelve a las mujeres de 16 y 17 años la capacidad de decisión en esta materia, fue aprobada la semana pasada.

Debido a que los 'populares' sí estaban de acuerdo con algunos puntos, pidieron que la votación no se hiciera sobre la moción en su conjunto sino por cada uno de los seis apartados propuestos, algo a lo que los socialistas se negaron, lo que llevó al grupo parlamentario del PP a votar en contra.

No a las ayudas públicas

Uno de los motivos es que uno de los puntos proponía "eliminar de las subvenciones públicas a aquellas entidades que promuevan posturas que no respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conforme a la vigente legislación".

El otro punto de discordia que no aceptaron los 'populares' gallegos es el que se refería a que se garantizase la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas de gestación en el centro con capacidad clínica "más próximo al domicilio de la mujer demandante" y "en el área sanitaria que le corresponda".

Rodríguez-Vispo señaló que en Galicia esta prestación ya está garantizada "en las cuatro provincias” y en todas las áreas, llegando a aseverar que "la mujer puede elegir dónde" someterse a la interrupción del embarazo.

Por su parte, la diputada del PSdeG Noa Díaz mostró su contrariedad con estos datos y desmintió que las mujeres sean "libres" para seleccionar el lugar en el que se le practica un aborto.

Asimismo, lamentó el veto a la supresión de subvenciones a entidades antiabortistas que, según sus palabras, "perpetúan estereotipos sexistas y machistas" a base de mentiras "infames" y "anticientíficas".

Precisamente, también criticó al PP que en la Cámara Baja esta formación se mostrase hace un año en contra de penalizar "el acoso a mujeres" que acudan a las clínicas para interrumpir su embarazo por parte de asociaciones antiabortistas.

Sin duda alguna, en el debate abierto a raíz de la moción socialista pululaba la polémica en torno a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto aprobada en tiempos del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP recurrió ante la justicia. Estos días se produjo una controversia profunda en el seno de la formación al aceptar, primero, Alberto Núñez Feijóo la decisión del TC y luego matizar, tras las presiones de los sectores más ultras, que el aborto “no es un derecho fundamental”.

Noa Díaz lo subrayó al señalar que se trata de un tema "incómodo para la derecha", con alusión a las palabras de Feijóo que colificó como “titubeos" que se pusieron "más de manifiesto" en los últimos días, tras aprobarse la reforma de la ley del aborto.

Con clara referencia a las dudas o cambios de parecer del líder nacional del PP, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, mostró su apoyo a la moción socialista porque "por supuesto el aborto es un derecho y un derecho fundamental de las mujeres reconocido como tal por las Naciones Unidas desde la declaración de Pekín de 1995".