Que las cosas no se han hecho bien, parece que nadie lo pone en duda, a pesar de la salida este miércoles del barco que está llamado a investigar qué sucedió con el Villa de Pitanxo en aguas de Canadá. El buque partió del puerto de Vigo sin el consenso de los familiares de las víctimas, de ahí que los afectados hayan solicitado el regreso del Ártabro al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Diferentes colectivos se han posicionado junto a las familias. Uno de ellos el de los sindicatos; CCOO hizo público un comunicado en las últimas horas en el que "lamenta el sufrimiento" que las actuaciones del "Gobierno de España" está provocando a los afectados por este naufragio.

Asimismo, además de abogar por la "necesidad de una investigación rigurosa", aseguró que "no se puede poner en duda que la investigación" de lo sucedido con el Villa de Pitanxo corresponde a la Audiencia Nacional a través del Juzgado Central de Instrución número 2. 

El Partido Popular de Galicia y a nivel nacional también se sumó ayer a las reclamaciones al Gobierno central. Y lo hizo a través de lo que calificó como "ofensiva parlamentaria" dirigida a Moncloa para "esclarecer las irregularidades detectadas". Se trata de casi una decena de preguntas destinadas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Entre otras cuestiones, los 'populares' solicitan una contestación a "¿cuáles han sido las razones por las que el MITMA decide unilateralmente, directamente o por medio de la CIAIM, que parta del puerto de Vigo el buque Ártabro?", o de las razones por las que "se da la orden de zarpar sin la autorización y conocimiento del juez instructor", además de preguntar los motivos que han llevado a que el Ártabro haya partido sin que vayan a bordo los peritos judiciales.

Precisamente, este jueves se encontraba en Galicia la propia Raquel Sánchez, participando en un acto de campaña en Ferrol. La titular del Ministerio insistió en el carácter "independiente" de la la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), desvinculando de este modo al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la decisión de la partida el miércoles desde el puerto de Vigo del barco que inspeccionará el pecio del 'Villa de Pitanxo'.

Comisión independiente

Según sus palabras y a preguntas de los periodistas, Sánchez señaló que se trata de una cuestió que "tendrán que trasladar en cualquier caso a la Ciaim", subrayando que la Ciaim es un órgano "independiente funcionalmente" de su departamento, añadiendo que el Gobierno ha mostrado desde el principio "colaboración total y absoluta" con la justicia.

Apoyó sus afirmaciones indicando que su Ministerio "participa simplemente asumiendo el coste de la contratación del robot que tiene que ir a realizar los trabajos que se le han encomendado", a lo que agregó que hay una colaboración "siempre que sea preciso, con la Audiencia Nacional, que es de quien depende ahora toda la investigación".

Se da la circunstancia de que, a causa de la salida desde la ciudad olívica del Ártabro, las familias de las víctimas se concentraron también ayer en señal de protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

La subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, cerró filas con el Ejecutivo central y se limitó a indicar que "desde el punto de vista del Gobierno, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad".

En sus explicaciones detalló que el 8 de mayo la Audiencia Nacional requirió documentación del operativo, "el día 10 se le remitió todo" se incluía el proyecto, la firma del contrato (del día 16), y también las previsiones de salida del barco. "Desde el punto de vista administrativo no había ningún inconveniente", aseguró.

"A las familias se les dijo que en el momento en que tuvieran conocimiento de que el barco partía para Terranova se les diría. La Delegación del gobierno tuvo conocimiento el miércoles y se les comunicó a las familias", ha añadido.

Sí van peritos judiciales

Además, informó de que en el buque que ha de investigar el pecio van peritos judiciales, uno nombrado por la Audiencia Nacional, uno de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y un perito de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima como observador.

Sobre el otro perito que debía ir también en el barco, la subdelegada del Gobierno aseveró que se encontraba fuera de España. No obstante, a pesar de no poder acompañar a la delegación en el Ártabro, aclaró que "el tránsito hasta Terranova son ocho días, en los tiempos actuales hay medios más que suficientes para que pueda llegar hasta allí en ese plazo e incorporarse a la misión".

No comparten esto las familias. Su portavoz, María Jose de Pazo, apuntó a las sospechas de que "tiene que haber algo detrás que no sabemos, algún motivo oculto para actuar de esta manera".

"Queremos que se diga la verdad", recalcó recordando que "esta operativa es gracias a que la Unión Europea amonestó al Gobierno de España y también el juez, el magistrado Moreno" por lo que entiende que después de 15 meses, "esto es una falta de respeto" para las víctimas.