Son muchos los que piensan, desde dentro y fuera del Partido Popular, que la insistencia en el 'caso Koldo' y, sobre todo, con lo sucedido en las Islas Baleares puede tener un efecto búmeran y volverse en contra del propio partido.
Lo ocurrido en aquellos primeros meses de la pandemia dio pie a contrataciones en ayuntamientos y comunidades autónomas que, bajo el paraguas de la urgencia, provocaron situaciones poco transparentes. Algunas conocidas, pero muchas otras no.
En Galicia, sin ir más lejos, ha habido quejas (también en sede parlamentaria) por parte de los partidos de la oposición sobre la gestión que la Xunta ha realizado con respecto a la pandemia y a todas las cuestiones relacionadas con ella.
Ahora, a raíz de lo ocurrido con el conocido como 'caso Koldo', una vez más la oposición a través del BNG ha hecho esta semana una “doble denuncia” relacionada con la forma de proceder en materia de contratación por parte de la administración autonómica.
Luís Bará, viceportavoz nacionalista, se ha referido a estos años, desde el inicio de la pandemia, cuando era Alberto Núñez Feijóo el presidente gallego y que, en los primeros meses de coronavirus, convocó las elecciones en pleno mes de julio y con zonas como A Mariña lucense aún confinada. Aquellos comicios los volvió a ganar con mayoría absoluta con una participación que ni siquiera llegó al 49%.
Bará, en cuanto a esos procedimientos de contratación de la Xunta, ha dicho que, por un lado, acumulan "muchas sombras" algunos de los contratos de emergencia; y, por otra, también ha hablado del “incumplimiento sistemático de la ley de contratos”, con alusión directa a la falta de transparencia y al fraccionamento de contratos “para adjudicarlos discrecionalmente como práctica normalizada”.
En próximas semanas se constituirá el nuevo Parlamento y el dirigente del Bloque ya ha avisado de que lo primero que hará su grupo será reclamar “la documentación relativa a todos los expedientes de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia”; al mismo tiempo, también ha adelantado que solicitará “una auditoría externa e independiente”.
Se da la circunstancia de que ya en 2022 pidió la oposición algo similar, pero la mayoría absoluta del PP la rechazó bajo el pretexto del documento remitido a la Cámara que, para el viceportavoz nacionalista “no era más que un informe contable", pero sin acompañarlo de la documentación correspondiente.
No tiene mucha esperanza el BNG de lograr que la Xunta aporte esa información. Sobre esto, Luís Bará ha afirmado que, ahora los 'populares' pretenden negar “la auditoría sirviéndose de un informe del Consello de Contas”; sin embargo, según ha indicado, ese informe, en lugar de auditar lo que reclaman a la administración autonómica, lo que hace es reflejar “la opacidad administrativa y la falta de información por parte de la Xunta sobre estas contrataciones”.
Contratos verbales
En este sentido, los nacionalistas han recordado que tal y como “advierte el propio ente fiscalizador, se realizaban por norma general de forma verbal, no se formalizaban posteriormente y no se les daba la publicidad oportuna”, y esto a pesar de que este tipo de contrataciones de emergencia no eximen de la correspondiente publicidad de la adjudicación de las mismas.
Desde el Bloque Nacionalista Galego se ha insistido en que el mismo Consello de Contas recoge en su informe de julio de 2023 el “incumplimiento generalizado” de la legislación vigente en materia de contratos sobre administración de material fungible (como mascarillas o guantes), sin documentación relativa a antecedentes previos o algún acto administrativo dictado que soporte las adjudicaciones.
Hace unos días, en ELPLURAL.COM se recogía el suministro de mascarillas por parte de la empresa Sibucu 360 a la Xunta de Galicia. Bará ha citado este contrato con una compañía “sin relación con el sector sanitario vinculada con la sociedad Moonoff y el empresario José Ramón García, ex CEO de Blusens, y que, con cuatro trabajadores, pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones de euros en 2020, multiplicando por diez sus beneficios en tan solo un año”.
Sobre esto, Bará ha explicado que en dos contratos Sibucu 360 logró 1,9 millones de euros o 2,3 millones, montantes globales que varían dependiendo de la fuente regional de la que proceda el dato. A la diferencia contable, el viceportavoz del BNG ha sumado que “tampoco coinciden los desgloses de los tipos de máscaras” y que, además, una parte de ellas, concretamente las de tipo FFP2 modelo KN95, estuvo afectada por una alerta de la propia Xunta a través del Instituto Galego de Consumo (IGC)”. El motivo de esto es que su certificación procedía de un ente italiano no autorizado para ello.
Que esto es real lo demuestra el hecho de que el Gobierno gallego llegó a sancionar por esta alerta a Sibucu 360 con 10.500 euros, cantidad que luego fue reducida a solo 600.
Lo que ha dejado claro el dirigente del Bloque es que en aquellos tiempos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta la transparencia relacionada con la pandemia no era habitual. Por ello, ante las "muchas sombras" que pululan sobre estos contratos se reclamará "luz y taquígrafos" en sede parlamentaria.
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