José Ramón García González, el empresario detrás de Sibucu 360, la empresa con la que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo hicieron negocio para comprar mascarillas después de conocerse que había repartido este material con sellos falsos, fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental. Desde la firma matizan a este medio que José Ramón García no ha formado parte de Sibucu y, por lo tanto, no es el dueño".

Sin embargo, Sibucu está vinculada al la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación y de la que Sibucu es administradora única; pero este empresario, conocido por Feijóo, estuvo detrás de Moonoff desde 2013 hasta que tuvo problemas con la Justicia que, en última instancia, terminaron provocando que abandonara la compañía en 2018, aunque siguió presentándose como socio inversor. 

Las acusaciones que persiguen a José Ramón García González

Fue en octubre de ese año cuando el juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago ordenó la inhabilitación de José Ramón García, a su vez fundador de Blusens Technology, durante 540 días para el ejercicio del cargo de administrador o apoderado en el marco del procedimiento seguido contra esta otra empresa, filial de compras de la tecnológica gallega, por fraude fiscal.

La Justicia condenó tanto a la compañía como a dos de sus directivos por una trama que permitía el movimiento de la mercancía entre distintas empresas generando documentación contable para abaratar impuestos, pero sin que existiera un consumidor final.

Ya en 2022, un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral por un presunto delito contra la propiedad intelectual para lo que el fiscal pedía un año de cárcel y 2,4 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participó. Se le acusó junto a otra ocho persona de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenido de pago.

Creció un 4.000% en 2020

Durante lo peor de la pandemia, Sibucu 360 creció en aproximadamente un 4.000%. La empresa cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros cuando venía de una cifra de negocio de algo menos de 765.000 euros en 2019.

Dicho de otro modo, la firma multiplicó hasta por diez sus beneficios, pasando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En ese mismo tramo de tiempo, la empresa disparó el resultado de explotación hasta los 4 millones de euros y situó su patrimonio neto en 1,5 millones, de manera que los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos. Esta última cifra era el resultado de multiplicar por tres su facturación en 2019, año en el que el resultado de explotación también era claramente menor situándose en los 159.000 euros.

Alerta sanitaria por las mascarillas de Sibicu

Sibucu 360 procedió a firmas con una amplio número de administraciones tanto autonómicas como locales, entre las que se encuentran la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Huelva y Zamora o las diputaciones forales de Cuenca, Huesca o Araba. También hizo lo propio el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por José Luis Martínez-Almeida, antes de que saltaran a la luz las informaciones de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

La cuestión reside en que tanto Madrid como la Xunta repitieron después de conocerse que parte de las mascarillas que se habían enviado -80.000 de un total de 8 millones según dijo entonces la empresa- tenían certificación irregular, pues estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello. El hecho provocó que el Instituto Galego de Consumo abriera expediente por “fraude de laboratorio”.

La alerta sanitaria lanzada por cuatro tipos de mascarillas importadas desde China -y cuyo riesgo se publicó en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo- no impidió que Comunidad y Xunta recurrieran después a ella.

La comunidad gallega lo hizo en junio de 2021, después de haber comprado 2,3 millones de mascarillas entre marzo y junio por valor de 1.945.000 euros. En total, fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región.

Por su parte, ElPlural.com accedió en exclusiva al contrato por el que el Hospital Universitario La Paz de la Comunidad de Madrid adjudicó a Sibucu 360 la compra de este material por valor de 500.000 euros por procedimiento sin publicidad. Otra controversia en la gestión en este caso concreto reside en que se llevó a cabo bajo la supervisión como director gerente de Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, un viejo conocido dentro del PP, como recordó este diario.

Asimismo, la Comunidad cerró otro contrato con la misma empresa para la venta de mascarillas y filtros dirigidos al hospital Ramón y Cajal por valor de casi 15.000 euros.

Versión de Sibucu 360

Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha explicado a través de un comunicado.

Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus 2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección individual a administraciones públicas como comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.

A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.

En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia.