(Esta noticia ha sido una de la más leídas en ElPlural.com esta semana).
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) acudirá “en los próximos días” ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea contra Alberto Núñez Feijóo por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa", según cuentan fuentes de la plataforma a ElPlural.com ."En cuestión de corrupción con mascarillas, Feijóo tiene mucho que contar", añaden. El caso concreto al que hacen alusión tiene que ver con la compra de material por parte del equipo del ahora líder del PP a la mercantil gallega Sibucu 360 SL
Sello falso de una empresa recurrente para Feijóo y Ayuso
La situación que la asociación pone de manifiesto data del primer año de pandemia, cuando en aquel mayo se lanzó una alerta sanitaria por cuatro tipos de mascarillas importadas de esta empresa desde China, publicándose el riesgo tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) como en la red de alertas del Ministerio de Consumo.
Por aquel entonces, las comunidades autónomas atendían a las irregularidades que pudiera tener el material sanitario que llegaba; algo a lo que Galicia y Madrid hicieron caso omiso, y es que no solo el gobierno de Feijóo, sino también el de Isabel Díaz Ayuso -que había igualmente recurrido antes a esta empresa- volvieron a comprar después mascarillas a la firma pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes.
Concretamente, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Entretanto, Sol empleó medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para el hospital La Paz, tal y como destapó ElPlural.com.
En su caso, el centro había adquirido “mascarillas quirúrgicas con gomas de sujeción, un solo uso, polipropileno tres capas con bordes termosellados” por valor de medio millón de euros mediante procedimiento sin publicidad, lo que supuso una polémica más del director gerente del centro, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, un viejo conocido en el Partido Popular, tal y como contó asimismo este periódico; lo mismo que el empresario responsable de la firma de mascarillas, José Ramón García González, también antiguo conocido en su caso por el actual líder del PP e inhabilitado por fraude fiscal.
Es de justicia señalar que fueron varias las autonomías y ayuntamientos, independientemente del color político, que acudieron a esta empresa para traer material sanitario, pero solo Madrid y Galicia repitieron. La Xunta lo hizo más de un año más tarde de que la red estatal de alertas sanitarias se refiriera a la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por la mercantil. De este modo, Sibucu llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En todo este maremágnum, hay que ensalzar que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 restricciones para evitar que una empresa haga ofertas anormalmente bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.
4.000% más de beneficios el primer año de pandemia
Sibucu 360 SL se hizo famosa durante la pandemia del coronavirus, llegando a multiplicar de manera espectacular sus ingresos y sus beneficios en tan solo un año. Tanto es así que cerró el ejercicio de 2020 con un 4.000% más de beneficios, saltando de los menos de 765.000 euros con los que cerró 2019 hasta los más de 31 millones con los que culminó 2020.
Aquel año, Sibucu se benefició económicamente de la situación de emergencia sanitaria y multiplicó por casi diez los beneficios. Así, cerró el ejercicio con ganancias de 3,2 millones frente a los 344.000 euros que había conseguido en el año anterior. Dicho con otras cifras, el resultado de explotación se disparó hasta los cuatro millones, mientras antes de la pandemia era de 159.000 euros. Con ello, el patrimonio neto de la sociedad se situó en 1,5 millones de euros -es decir, el triple-, y los tres socios que conformaban la compañía acordaron repartirse casi dos millones en dividendos.
La empresa se constituye en 2014 como una sociedad clásica de tenencia de activos, pero luego fue ampliando su objeto social para incluir la inversión inmobiliaria, los servicios de consultoría y otras actividades de prácticamente cualquier tipo como el comercio de productos de perfumería, pero fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió disponer de la capacidad para importar material sanitario en un momento de máxima urgencia para las administraciones.
Versión de Sibucu 360
Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha explicado a través de un comunicado.
Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus 2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección individual a administraciones públicas como comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.
A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.
En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia.
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