“Con el fin de garantizar la transparencia, la legalidad del procedimiento y evitar posibles nulidades derivadas de la resolución de asuntos judiciales, solicito que se suspenda el expediente hasta que las autoridades competentes emitan un pronunciamiento definitivo sobre los hechos investigados”.
Esta es una de las frases que contiene el escrito con el que los principales denunciantes -Pladesemapesga- de la vivienda que Eva Cárdenas posee en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra) responden a la petición de la mujer de Alberto Núñez Feijóo para que el Estado le conceda durante 30 años el terreno en el que se encuentra parte de su chalet, la que da acceso directo a la playa.
La parcela, que debiera ser de dominio público por encontrarse en servidumbre de paso, deberá enfrentarse a un peritaje del que participarán el abogado de la persona implicada y un responsable del Ministerio para la Transición Ecológica, según explicaron fuentes del departamento a ElPlural.com y aparece en el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto será clave para definir cuál será el futuro del inmueble y conocer si la parte mencionada del mismo o no debe ser derribada.
Fueron años de litigio e infinidad de denuncias -buena parte de ellas a las que ha tenido acceso este periódico- contra la vivienda hasta que en noviembre del año pasado el BOE emitió una orden de demolición sobre la zona de la misma que daba acceso directo al arenal. Sin embargo, la totalidad del chalet podría quedar indemne si el peritaje es favorable a la administradora de la inmobiliaria Niebla Azul.
Eso es precisamente lo que la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), personalizada en la figura de Miguel Delgado y la que más ha puesto pie en pared contra la que denominan “mansión ilegal” -de hecho, son quienes la denunciaron- quieren evitar. Para ello, han aprovechado el plazo de alegaciones a este hecho para elevar un documento en el que recuerdan que el asunto está en manos de la Fiscalía -según indica la plataforma- y que el tema está investigado por posibles "delitos urbanísticos, administrativos y medioambientales".
"Investigaciones y denuncias judiciales en curso"
En el escrito, que ha podido leer este medio de comunicación, Delgado solicita formalmente la “suspensión del citado expediente y del procedimiento correspondiente” por la “existencia de investigaciones y denuncias judiciales en curso que afectan directamente” a la mujer del presidente del PP y a “personas implicadas en la tramitación del mismo”, destacando aquí a la alcaldesa de la localidad, Leticia Santos. En el caso de la regidora, “por otorgar licencia de construcciones en el marginado que trae causa a sabiendas de que era ilegal”.
Delgado se refiere a los organismos a los que se ha dirigido en este tiempo, así como los delitos de los que acusa a Cárdenas: “Tal y como consta en el Decreto de Incoación, Archivo e Inhibición de la Fiscalía Autonómica de Galicia, de fecha 13 de enero de 2025, se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Galicia en la que se investigan posibles delitos e infracciones urbanísticas, administrativas y medioambientales relacionadas con la propiedad (…) Dichas investigaciones podrían incidir directamente en la resolución del expediente administrativo en cuestión y que una vez finalizadas se pretende por esta parte personarse como acusación popular”.
Varios artículos
Delgado se ampara para su reclamación en una serie de artículos. El primero al que hace alusión el 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, por el que “procede la suspensión del procedimiento cuando la decisión que debe adoptarse en el mismo dependa de la resolución previa de un procedimiento penal, como en el caso presente”.
El presidente de Pladesemapesga apunta también a la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, que “establece un régimen específico para la determinación de derechos en suelo público marítimo-terrestre”. “Esto hace aún más relevante la necesidad de que se esclarezcan las posibles irregularidades antes de continuar con la tramitación del expediente; apostilla.
El firmante del escrito hace alusión asimismo al artículo 4 del Reglamento General de Costas, que “establece la prevalencia de la legalidad y el respeto al dominio público marítimo-terrestre en cualquier procedimiento administrativo”. Por esto último, Delgado asevera que “continuar con el expediente en las actuales circunstancias podría comprometer el interés general y la seguridad jurídica de los afectados”.
Eva Cárdenas recurre al BOE
A finales de 2024, el BOE publicaba que la “mansión ilegal” -según Delgado- de la esposa de Feijóo pertenecía al dominio público y que, por tanto, tenía que ser recuperado por el Estado. Dentro del plazo de presentación de alegaciones (8-9 días), aunque suele alargarse, Cárdenas elevó una petición de la que no se tuvo constancia, a pesar de la insistencia de este medio en preguntar al ministerio competente, hasta el pasado martes, con la ya consiguiente respuesta de Costas.
La parte presuntamente ilegal se corresponde con un muro de hormigón que supera los 200 metros cuadrados y que da acceso directo a la playa, e incluye un bloque de 5,5 metros de largo y otro de contención con una puerta de acceso cerrada.
Tanto Cárdenas como su marido acuden habitualmente a la vivienda, que pertenece a la primera, quien a su vez ha intervenido recientemente en el área con una renovación de la mencionada puerta, que cuenta de un tiempo a esta parte con los mismos acabados que el resto de elementos del chalet.
La última orden del BOE llega además en un momento delicado, dado que Galicia estaba a punto de recibir las competencias en la gestión del litoral, lo que se traduce en la primera transferencia que el PP gallego solicita desde 2009, con la entrada de Feijóo en la Xunta.
Respuesta de Eva Cárdenas
ElPlural.com también ha tratado de ponerse en contacto en sucesivas ocasiones con la afectada, Eva Cárdenas, tanto a través de su inmobiliaria Niebla Azul como a través del gabinete de su marido, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, y pese a no querer ofrecer respuesta alguna durante año y medio de publicaciones, los abogados de Cárdenas se han puesto en contacto con ElPlural.com para que conste su visión del asunto: "Doña Eva Cárdenas Botas es titular de la casa sita en Moaña (Pontevedra) preexistente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, y respecto de la cual no existe ningún procedimiento judicial abierto ante ninguna jurisdicción, no existiendo, por tanto, ilegalidad alguna respecto de la misma”.
