La pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, ha presentado un recurso que se ha conocido este martes contra la orden de demolición de su, según el presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo y Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, “mansión ilegal”, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de noviembre. Pero, ¿cuál es el futuro que le depara a la vivienda localizada a orillas de la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra)?

ElPlural.com se ha vuelto a dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende en última instancia el Servicio Provincial de Costas, para saber qué va a ocurrir ahora con la vivienda localizada en la localidad gallega y situada, tal y como lleva más de dos años informando en exclusiva este periódico, en lo que se conoce como servidumbre de paso. O lo que es lo mismo, un terreno que debería pertenecer a la sociedad gallega ((el que aparece en el plano de la imagen que ilustra esta noticia).

Paso previo a la demolición

Días después de que al BOE publicara la orden de demolición, este periódico preguntó al departamento si alguien había presentado alegaciones, para lo que existe un tiempo estimado de 8 días. “Aunque finalicen los días de plazo se suelen dejar más por si alguien más quiere presentar. Después aún tienen que revisar”, contestaban en aquel momento.

Ahora, explican de nuevo en declaraciones a este medio de comunicación que el futuro inmediato de la casa de Cárdenas pasa por el peritaje: “Tal y como figura al final del documento publicado en el Boletín Oficial del Estado es que el jefe de Costas, junto al abogado de Cárdenas, tendrá que ir a la finca a medir y demás, para poder así levantar el acta”.

Dicho de otra manera, ahora la cuestión se debe fiscalizar y medir el terreno para que los órganos competentes decidan si Cárdenas tiene razón, y en consecuencia puede tener acceso directo durante tres décadas al arenal de la playa localizada en Moaña (Pontevedra) o si por el contrario se prosigue con la orden de demolición por incumplir con la ley de Costas.

Infinidad de denuncias

Este martes el entuerto de la vivienda de la también responsable de la inmobiliaria Niebla Azul se ha desenredado o, mejor dicho, ha empezado a ello. La resolución que desde por la mañana aparece en el BOE supone un punto y aparte en el caso que rodea al inmueble y contra el que se han elevado innumerables denuncias a las que ha tenido acceso este medio de comunicación.

La persona que más ha puesto pie en pared contra el inmueble, Miguel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Terrestre (Pladesemapesga) ha estado en constante comunicación con este periódico a tenor de las demandas que ha ido haciendo llegar durante todo este tiempo a todo tipo de organismos judiciales, desde la Fiscalía General del Estado hasta la Provincial pasando por la de la comunidad autónoma por “posibles delitos e infracciones vinculadas a actuaciones urbanísticas, administrativas y medioambientales”.

En noviembre, el departamento pedía la orden de demolición haciendo de un área del chalet en la que se encuentra un muro de hormigón que supera los 200 metros cuadrados y que se corresponde con lo que Delgado y su plataforma denominan como “mansión ilegal”. El espacio da acceso directo a la playa.

El origen de la edificación es anterior a que Cárdenas adquiriera la vivienda, en 2019, pero la mujer de Feijóo intervino después con una renovación de la puerta y que de un tiempo a esta parte disfruta de los mismos acabados que el resto de elementos del chalet. La otra parte polémica incluye un muro transversal de hormigón de 5,5 metros de largo y otro de contención con una puerta de acceso cerrada.

Feijóo acude al chalet de forma asidual, si bien la vivienda le pertenece a Cárdenas Entretanto, cabe subrayar que la última orden llega en un momento clave para Galicia, ya que la autonomía está a punto de recibir las competencias en la gestión del litoral; la primera transferencia que el PP gallego solicita desde 2009.

La respuesta de Costas

Esto es lo que ha respondido Costas, dependiente del Gobierno Central, a la reclamación de Eva Cárdenas:

En este Servicio Provincial de Costas en Pontevedra se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponder, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con una parcela de unos 210 m² aproximadamente en el lugar de O Con, Tirán; cuya superficie se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre mediante deslinde aprobado por O.M. de 17 de julio de 2007 (Expediente CNC12/ 25/36/0001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, se somete el expediente iniciado a información pública por plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo y, en su caso, presentar las alegaciones y observaciones que se estimen.

Las alegaciones y observaciones se presentarán según los mecanismos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, sito en la c/ San José, nº 6, 36071, Pontevedra (código de identificación: EA0043362), citando la/s referencia/s que aparecen en este anuncio.

Respuesta de Eva Cárdenas

ElPlural.com también ha tratado de ponerse en contacto en sucesivas ocasiones con la afectada, Eva Cárdenas, tanto a través de su inmobiliaria Niebla Azul como a través del gabinete de su marido, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, y pese a no querer ofrecer respuesta alguna durante año y medio de publicaciones, los abogados de Cárdenas se han puesto en contacto con ElPlural.com para que conste su visión del asunto: "Doña Eva Cárdenas Botas es titular de la casa sita en Moaña (Pontevedra) preexistente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, y respecto de la cual no existe ningún procedimiento judicial abierto ante ninguna jurisdicción, no existiendo, por tanto, ilegalidad alguna respecto de la misma”.