En la Cataluña actual, la gloria dispensada a los desobedientes a la justicia (siempre que sea la española) supone una tentación para muchos dirigentes independentistas. Para Laura Borràs en especial, una acusación de desobediencia al Tribunal Constitucional le permitiría además ensombrecer la causa por corrupción que amenaza de hacerle perder la presidencia sin ninguna épica. Y mientras reta al TC, preside sin el menor repara una cumbre anticorrupción en el Parlament, aprovechando para insistir en presentarse como una víctima de la persecución por motivos ideológicos.
La presidenta del Parlament viene argumentando que los cargos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de los que le acusa el juez instructor por unos contratos de su etapa en la Institució de les Lletres Catalanes no son otra cosa que una variante de la persecución que sufren otros tantos independentistas. La casualidad quiso que este viernes Borràs presidiera un acto contra la corrupción, una oportunidad que aprovechó para poner en valor “la ética de la actividad política” y acusar al estado de la práctica del lawfare, “una estrategia de represión”, dijo, “para manchar con la corrosiva sombra de la corrupción a los adversarios políticos”.
A la espera de acontecimientos judiciales, Borràs apuesta firmemente por la desobediencia. La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha asumido la responsabilidad de la aceptación y la publicación en el acta de la sesión del voto delegado del diputado Lluís Puig que reside en Bruselas para evitar hacer frente a la justicia española. La advertencia de los servicios jurídicos de la cámara sobre la más que probable ilegalidad de la decisión por los precedentes existentes fue desoída por la presidenta del Parlament.
Los antisistema le recuerdan a Borràs la doble vara de medir
Borràs no ha estado siempre dispuesta a desobedecer. No hace tanto, cuando el diputado de la CUP, Pau Juvillà, tuvo que dejar el escaño a petición de la Junta Electoral tras haber sido condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Lleida, la presidenta del Parlament evitó arriesgar el cargo, a pesar de haber prometido a la CUP que Juvillà podría seguir hasta que el TS confirmara la sentencia. En estos últimos días, los antisistema le recuerdan a Borràs la doble vara de medir y anuncian que no apoyarán ningún intento de blindaje de la presidenta en el caso de tener que abandonar reglamentariamente el cargo por el juicio de corrupción.
La polémica está servida con este nuevo supuesto de desobediencia de la Mesa del Parlament, cuyo recorrido no es difícil de prever pero que en todo caso llegará muy tarde para Borràs, a las puertas del juicio oral por corrupción en cuanto lo solicite la fiscalía. La caída de Borràs es inevitable de no cambiar de opinión el grupo de ERC, con la subsiguiente crisis del gobierno de la Generalitat que se presume rutinaria.
La presidenta de la cámara y presidenta de Junts goza de mayor popularidad entre los sectores radicales que de apoyos entre los socios de la mayoría independentista, incluido su propio partido. Aunque consiguió en el reciente congreso de Junts formar tándem con Jordi Turull, el grupo del secretario general le dejó claro a Borràs en el momento de las votaciones de delegados, quien mandaba en el partido, dejando incluso por debajo del mínimo de votos exigidos para entrar en la ejecutiva a su candidato a la secretaría de Organización, David Torrents, y a la aspirante a vicepresidenta, Aurora Madaula. Turull, ya fontanero en la vieja CDC, lidera la facción mayoritaria dispuesta a recuperar la filosofía convergente de hacer política pragmática, ahora con la independencia inscrita en el frontispicio del partido. Con Puigdemont fuera del partido, el sector Borràs es el núcleo de resistencia a esta reorientación, esta vez sin congreso mediante.
El caso de la substitución reglamentaria de Borràs no es el último que está en la agenda independentista. Los diputados de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, tienen pendiente la apertura de juicio oral por la organización del 1-O; el conseller y ex presidente del Parlament, Roger Torrent, se sentará en el banquillo en otoño por desobediencia al TC, junto a diversos miembros de la Mesa, y así hasta 28 investigaciones a la espera de conclusión. La vara de medir que no protegió a la CUP ni al expresidente Quim Torra, deberá pasar la prueba del algodón.
